El caso está relacionado con el presunto desvío de alrededor de $70 millones que fueron entregados a candidatos del PRI para elecciones locales de 2015.
En México circulan aproximadamente 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera, los cuales impactan en la inseguridad ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular.
