Si el PIB de México, hoy valorado en 18 billones 506 mil 693 millones de pesos, se distribuyera por igual entre los 126 millones de mexicanos, a cada mexicano le tocarían aproximadamente 145 mil pesos al año, o 12 mil pesos al mes, y una familia de cuatro recibiría 48 mil pesos mensuales.
El valor de la economía mexicana en su conjunto se debe a la acción coordinada de todos los mexicanos, así que, en principio, todos tendrían el mismo derecho a gozar de los ingresos que generamos entre todos.
Toda actividad económica es necesariamente colectiva y social. Aún el empresario, el productor o el creador más solitario depende de una enorme red de acción solidaria tanto para sostenerse como ser humano (llevar alimento a su mesa, garantizar su salud, etcétera), como para proveer los insumos necesarios para su trabajo y un mercado para sus productos.
Es cierto que los niños, los enfermos y los ancianos no participan de la misma manera en la economía nacional. Sin embargo, estos sectores también merecerían recibir su parte de los ingresos nacionales.
Los niños son el futuro del país y cualquier inversión en su desarrollo genera grandes beneficios para la nación en el mediano plazo. Los ancianos han contribuido con su sudor y esfuerzo al desarrollo nacional durante décadas y merecen su recompensa. Y desde un punto de vista de derechos humanos y respeto a la dignidad del ser humano, los enfermos son quienes más necesitan el apoyo de la colectividad para salir adelante.
Lamentablemente hoy en México solamente las familias más privilegiadas tienen la suerte de ingresar 48 mil pesos al mes. De los 47 millones de trabajadores en México, sólo 3.7% más afortunado (cuatro de cada 100) ganan más de cuatro salarios mínimos, o 15 mil 429 pesos mensuales, de acuerdo con datos del Inegi. Y el 10% más pobre de la población ingresa solamente 101 pesos diarios, unos 2 mil pesos mensuales.
Mientras, México es mundialmente conocido por los excesos de sus oligarcas. Doce mexicanos aparecieron en la lista más reciente de la revista Forbes de los hombres y mujeres más ricos del mundo en 2020, y la empresa Knight Frank contabiliza 3 mil 790 mexicanos en su lista de “superricos” con fortunas multimillonarias. Carlos Slim tiene un patrimonio de 52.1 mil millones de dólares y Ricardo Salinas Pliego tiene una suma de 11.7 mil millones de dólares.
Pero en realidad no contamos con datos confiables respecto de la concentración de la riqueza en México. El Inegi nos proporciona excelentes datos sobre los ingresos y los gastos de los mexicanos, pero para información sobre las propiedades y la riqueza de los oligarcas tenemos que recurrir a medios privados internacionales, como Forbes o Knight Frank.
Esto ocurre porque los superricos mexicanos no quieren que la población mexicana sepa exactamente cuánto dinero han acumulado. Les da miedo tener que justificar el tamaño de sus enormes fortunas frente a una población de más de 50 millones de pobres que apenas sobreviven con lo que ganan cada quincena. Tienen pavor al resentimiento social que podría surgir si la población supiera la verdad sobre todo lo que han saqueado a lo largo de las últimas décadas de neoliberalismo rapaz.
Tienen preocupación con respecto a la posible aprobación de nuevas políticas públicas que los obligaran a devolver un poquito de lo robado por medio de nuevos impuestos a las herencias, transferencias financieras, rentas o ganancias de capital.
Tal y como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sería recomendable que los ciudadanos tuvieran que llenar y hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de intereses, tal y como hoy lo hacen los servidores públicos. La divulgación de esta información personal y confidencial implicaría una grave afectación a la privacidad, e incluso podría dar pie a la comisión de secuestros, robos, fraudes u otros ilícitos.
Pero la propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar jamás iba en ese sentido. La idea que el presidente de Morena ha colocado sobre la mesa no consiste en la divulgación pública de la información personal de los ciudadanos más ricos del país, y mucho menos el allanamiento de casas por encuestadores del Inegi para verificar ventanas, automóviles o alhajas, sino en la elaboración de estadísticas generales por el Inegi que nos permitan conocer cómo está configurada la concentración de la riqueza en México.
“Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada… medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”, dice el documento firmado por Ramírez Cuéllar.
Los cuestionarios del Inegi son instrumentos muy efectivos, pero no logran captar la película completa. El instituto debería tener la facultad, e incluso la obligación constitucional, de acceder a toda la información fiscal, bancaria y financiera del país para poder realizar cálculos objetivos y confiables sobre la distribución de la riqueza, y no solamente de los ingresos, de los mexicanos.
Ello no implica de ninguna manera la publicación de las fortunas de personas en lo individual, sino solamente conocer la información en general. Así como el Inegi jamás publica los nombres, apellidos o direcciones de las personas que encuesta en el censo, tampoco se debe publicar la información personal de los oligarcas.
Pero lo que no puede estar en duda es nuestro derecho a conocer la estructura social y económica de nuestro país. Dicen que “lo que no se mide, no se puede mejorar” (una frase atribuida al físico y matemático inglés William Johnson Kelvin), así que mientras seguimos en la ignorancia sobre el verdadero tamaño de la concentración de la riqueza, jamás podremos caminar hacia la sociedad más igualitaria y justa que todos y todas deseamos. ■
