Existe una estrecha relación entre marginación y ruralidad que se expresa en la magnitud y la intensidad de la pobreza extrema en zonas rurales.
En México, poco más del 50% de la población en pobreza extrema habitan en localidades rurales y la tasa de pobreza extrema es notoriamente superior en zonas rurales (17.4%) que en zonas urbanas (4.4%).
La pobreza extrema de los hogares rurales se expresa en diferentes rezagos: entre más pequeña es la localidad existe un mayor porcentaje de personas analfabetas; que no asisten a la escuela; que habitan viviendas con piso de tierra, sin energía eléctrica, que no tienen acceso al agua, y que utilizan leña o carbón para cocinar.
El campo se encuentra abandonado, además de que el agotamiento del modelo neoliberal es evidente en este sector productivo; sin embargo, el pasado 1 de julio se abrió una esperanza para rescatar a este sector productivo. El campo mexicano es fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, estamos en deuda por ese abandono que se ha tenido.
El sector agropecuario mexicano ha enfrentado transformaciones profundas, pero muchas de ellas han sido tardías, pues, por ejemplo, hasta el Reparto Agrario de 1936, decretado por el General Lázaro Cárdenas, comenzaron a cumplirse las demandas planteadas por Zapata casi 30 años antes, y mencionó que en la actualidad existen 800 mil expedientes rezagados desde hace décadas en la Procuraduría Agraria, esperando resolución.
Por ellos, tenemos que crear Instituto de Desarrollo Agrario Nacional que resuelva todos los casos estancados de pugnas agrarias; que se establezca el Código Agrario, donde se asiente que la parcela sea patrimonio familiar; que se dote de apoyos, innovación y transferencia tecnológica a los productores que tienen superficies menores.
No obstante que, en 2017, las exportaciones agropecuarias se consolidaron como la principal fuente de divisas por encima de las remesas, el petróleo y el turismo con 32 mil 500 millones de dólares, en el Presupuesto de Egresos 2019 escatimaron recursos en contra de pequeños agricultores.
En tanto que en 2018 el presupuesto que se ejerció fue de 72 mil millones de pesos, para 2019 la asignación fue de 65 mil millones de pesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
Tenemos que impulsar que la Ley Agraria implementada en 1992 por el sistema neoliberal sea abrogada, pues hundió al campo de nuestro país. Tememos que reconocer al ejido y a la comunidad, a fin de que sean sujetos de derecho para que sean beneficiarios de crédito.
Se plantea que regrese la Investigación General de Usufructo Parcelario, que se hacía cada tres años, para regularizar la tenencia de la tierra; es necesario poner al campo de pie. Hace 25 años se firmó el Tratado de Libre Comercio, poniendo al campo de México como moneda de cambio y dejándolo en el olvido, desapareciendo todos los apoyos a ese sector.
Asimismo, necesitamos usar una de las herramientas de desarrollo creada durante las negociaciones del TLCAN, en donde se construyó el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), el cual, es una institución financiera binacional establecida y capitalizada por los gobiernos de México y de Estados Unidos con el objetivo de otorgar financiamiento para apoyar el desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura ambiental, así como proporcionar asistencia, tanto técnica como de otra índole para proyectos y acciones que contribuyan a preservar, proteger o mejorar el medio ambiente de la región fronteriza y aumentar el bienestar de la población de ambas naciones.
Aunado a las problemáticas del campo, 1 mil 500 trabajadores de confianza de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) recibieron la noticia de que, a partir del 30 de junio, se quedarán sin trabajo.
No pensamos que la estrategia de austeridad que incluyen recortes de personal, y la reducción de presupuesto en instituciones de la administración pública federal sea buena, pues provoca pobreza y descontento. ■
