■ En audio, ex diputados aseguraban que Godezac les pagó 100 mil pesos por aprobar presupuesto
■ Se indicó al Ministerio Público el sentido que debe tener la investigación: Gerardo Espinoza
La juez de la sala número cinco de juicios orales del Poder Judicial, ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reabra el caso de la presunta corrupción en la pasada 60 Legislatura, donde a través de un audio, ex diputados aseguraban que Gobierno del Estado les pagó 100 mil pesos a cada uno para aprobar el presupuesto de egresos 2013.
La determinación del Poder Judicial se dio este martes, después de que el dirigente estatal del PRD, Gerardo Espinoza Solís solicitó la reapertura, toda vez que a inicios de este año la PGJE le dio carpetazo al considerar que no había elementos de prueba suficientes para castigar a los presuntos corruptores (los secretarios de Gobierno y Finanzas, Francisco Escobedo y Fernando Soto) y los ex diputados.
En octubre de 2013 el PRD e integrantes del colectivo #YoSoy132 interpusieron una denuncia al acusarlos de corrupción, pero a finales de enero de 2014 el procurador, Arturo Nahle García, anunció que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos tras una amplia investigación, determinó que el audio probatorio carecía de contundencia y dio por cerrado el caso.
Fue así que este martes por la mañana el perredista compareció en el Poder Judicial en la modalidad de juicio oral, para cuestionar la decisión de la Procuraduría quien consideró, no tomó en cuenta elementos de prueba no previstos por el Ministerio Público, quien por el contrario, en la investigación realizó diligencias inútiles y superficiales sin el interés de esclarecer los hechos.
Aludió a la falta de un análisis de voz o de diametría para corroborar la autenticidad de las presuntas voces de los ex diputados quienes hablaban en el audio difundido en Internet con más de 25 mil visitas y donde se alude a un presunto soborno, dijo Espinoza a la juez.
También, consideró, se debe solicitar a la Comisión Bancaria y de Valores verifique las transferencias de Gobierno del Estado a la Legislatura durante 2010-2013, así como las declaraciones patrimoniales de los ex diputados y hacer un comparativo de lo que tenían antes de llegar al Congreso, así como checar a través de la Comisión Nacional Bancaria los bancos en que los involucrados tienen cuentas y si hubo una transferencia de 100 mil pesos a finales de 2012.
Sin embargo, el perredista lamentó que no se hizo la debida valoración de las pruebas y el pueblo de Zacatecas reclama justicia.
Tras escuchar durante varias horas los alegatos del agente del Ministerio Público y del demandante que es el líder perredista, la juez mandató ayer mismo a la PGJE reabra y amplíe la investigación y tome en cuenta los alegatos del demandante.
Al respecto Espinoza dijo que si bien no hay plazo para resolver el caso, es fundamental la decisión de la juez para que la Procuraduría haga su trabajo de acuerdo a la Constitución, máxime que ya hay más claridad sobre las diligencias que se deberán llevar a cabo. La juez ha ordenado al MP el sentido que debe tener la investigación y con eso ya hay más certeza y no pretextos para evitar entrar al fondo del asunto.
