La atención que recibió el caso de las siete personas que fueron “levantadas” en Calera para luego aparecer ejecutadas en Jerez rindió frutos. A unos días de que se supiera de esta situación, fueron localizados los cadáveres, y se arrestó a los presuntos responsables.
Este caso, que no es el único, y ni siquiera el primero en Zacatecas, se difundió ampliamente en alguna medida porque la llamada luna de miel que suele haber entre medios y gobierno, terminó hace ya mucho tiempo, y también porque las familias de las víctimas se atrevieron a denunciar el caso exponiendo sus nombres, apellidos y rostros. De tal suerte que la noticia pudo conocerse incluso a nivel nacional.
El caso Calera se comparó incluso con Tlatlaya, donde aparentemente militares ejecutaron a 22 presuntos delincuentes, de los cuales 21 se habían rendido, y del que tuvimos noticias gracias a las investigaciones periodísticas de la revista Esquire y la agencia AP¸ que publicaron el testimonio de la madre de una de las víctimas que estaba en el lugar.
Loable ejemplo dieron estos periodistas en el tratamiento del caso citado, expusieron el testimonio cuidando de la integridad de su fuente, pero con análisis tan precisos y acertados, que fue inevitable tomarlos en cuenta para tratar de entender que pasó en aquel 30 de junio de 2014.
Por otro lado, el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que ayer cumplió diez meses sin respuesta satisfactoria, ni justicia, tuvo también el antojo de involucrar a las víctimas en actividades ilícitas, pero simplemente no hubo manera de hacerlo. Además, el cobijo que familias y compañeros de los desaparecidos recibieron de grupos organizados como el movimiento magisterial y grupos de defensa a los derechos humanos, hicieron que el caso trascendiera y se convirtiera en una sentidísima demanda social.
En todos estos casos, más que menos, los medios de comunicación han sido fundamentales para ejercer la presión necesaria y a veces imprescindible para que las autoridades actúen.
En ese tenor, los medios en el caso Calera habían hecho algo similar. Habían logrado, incluso, la relativamente rápida localización de los cadáveres, y el arresto y consecuente investigación de los presuntos responsables. Habían convencido, y cuando la opinión pública se aprestaba a poner estrellitas en las frentes de las autoridades, el caso dio un giro porque se convirtió en un debate en torno a los derechos humanos.
Una lamentable publicación, movida quizá por la egocéntrica e ingenua suposición de tener una “exclusiva” (que no lo era) convirtió a las víctimas en culpables de un delito que por el momento no se investigaba, a partir de fotografías y vídeos filtrados que hasta donde sabemos, no fueron examinados para ver si estaban truqueados o no.
En el afán de vender, no hubo siquiera el pudor de poner un “presuntos” o un “supuestamente” en la amarillista portada que bajo la palabra “sicarios” exhibía fotografías personas que a la fecha no habían sido juzgados en instancias legales por ningún delito, entre los cuales, además, estaban dos menores de edad.
Además, erraron el tiro, pues como decía Eduardo Castillo, editor de la agencia de noticias AP, respecto a Tlatlaya: “el punto no es si eran delincuentes o no, el punto es que necesitaban ser llevados a la justicia”.
En lo general, esta conducta en los medios no es excepcional. En el tema del narcotráfico, por ejemplo, han contribuido a crear el estereotipo de que quienes se dedican a esa actividad son hombres bigotones, de botas y sombrero, con gustos musicales norteños, muy parecidos al famoso “Cochiloco”.
Con ello, se ha contribuido a estigmatizar a quienes responden a esos modelos, y también a exonerar a quienes, como El Viceroy, hijo de Amado Carrillo, El Señor de los cielos, usan ropa de marca, y llevan un estilo de vida “fresa” que les abre las puertas en los círculos de la “gente bien”.
Así, los medios con frecuencia culpan a los jóvenes que mueren de un balazo en la calle, más aún si tiene tatuajes, están rapados o llevan ropa de ciertas características, pero boicotean a un gobierno si su procurador explica que su conductor estrella fue asesinado por deudas de droga a pesar de cuánto lo prueben las investigaciones.
Es el mundo en el que se persigue los narcocorridos pero se lucra con las narconovelas. En el que se habla de tener el valor, y se filman telenovelas en las casas de los Beltrán Leyva.
En el mundo en el que los medios se consideran jueces suficientes para dictaminar la culpabilidad o no ¡hasta de las víctimas!, no puede esperarse que las fuerzas militares hagan los arrestos e investigaciones como marca la ley. ■
