El caso de los 43 de Ayotzinapa fue tan mediático e impactante, que al día de hoy ha perdido entusiasmo. Sí, pareciera una contradicción, pero es que hubo tantas versiones, tantos intereses y una verdad histórica que pretenden derrumbar, que terminaron por sepultar el interés del grueso de la población que desea informarse por considerar el hecho, cuando menos, desaseado.
Lo cierto es que ni el gobierno pasado ni el presente se han animado a nombrar los hechos como son y a señalar a los verdaderos culpables: El suceso es un crimen de Estado, producto probablemente de una mala comunicación entre diferentes corporaciones del Estado Mexicano, que derivó en una masacre y en la desaparición de los cuerpos de los 42 estudiantes y del infiltrado de la SEDENA de apellidos López Patolzin, este último hecho –el del infiltrado- va dando argumentos muy sólidos de quiénes son los verdaderos culpables de lo que pasó. Claro, dividiendo a los actores del crimen en ejecutores e intelectuales o probablemente un híbrido entre soldados y criminales. ¡Qué fuerte! En México siempre, siempre la realidad supera a la ficción.
He leído cientos de páginas, he visto muchos documentales, he conocido diferentes investigaciones, he escuchado a diferentes testigos y no me cabe en la cabeza, que al día de hoy, con dos gobiernos federales a cargo de la investigación, no se le haya señalado a la SEDENA, a sus altos mandos y no solo a la tropa como (co) responsables de la masacre. Es imposible no pensar en un acuerdo político interinstitucional y transexenal, para no afectar intereses de grupos y de instituciones y probablemente del pasado presidente de la República, poniendo la cabeza de Murillo Karam, ex procurador general de la República, quien NO ENCUADRA en ningún tipo de delito ni participación, según nuestras leyes, como garantía del acuerdo, que cuida al presidente anterior y la narrativa puritana del actual.
El papel del Procurador o Fiscal se limita a la investigación de los hechos, pero nunca a la comisión de los delitos que se constituyeron en el triste episodio de Iguala. Me parece que es injusto querer matar el tema y no ir más allá al confundir a la ciudadanía haciéndola creer que el ex procurador orquestó una serie de acuerdos para formular la hipótesis oficial, descuidando el hecho per se, y además, acusándolo de tortura. Hechos que constituyen la violación a la presunción de inocencia y que, por la edad y condición física del Licenciado Murillo, ponen en riesgo su salud. Aquí vale la pena destacar la entereza de quien ha desempeñado diferentes cargos gubernamentales, legislativos y partidistas, para afrontar como lo vimos en televisión, la notificación de la orden de aprehensión. Con toda calma, con educación, como quien no debe nada y por lo tanto nada teme, fue la última aparición pública del político hidalguense.
Volviendo al tema.
La relatoría timorata del subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, quien no toca al ex titular de la SEDENA ni con el pétalo de unas líneas discursivas, pretende ahora sí, dar carpetazo a la investigación declarando la muerte de los 43, sin ninguna prueba científica, es decir, construyendo de facto una nueva verdad histórica sin pruebas. Hecho que los padres de los desaparecidos han señalado recientemente. Con unas decenas de órdenes de aprehensión giradas a la tropa y a algunos otros mandos medios y bajos de la policía federal, ha quedado claro que a este gobierno tampoco le interesa dar a conocer la verdad, cualquiera que fuese, con los culpables verdaderos, fuesen quien fuesen, y prefiere el subterfugio como alternativa para calmar las violentas aguas de uno de los episodios más tristes de la vida de la nación.
El gobierno de la República, por indicaciones del presidente, tiene un vínculo sumamente estrecho con las fuerzas armadas de este país. Antes de Lozoya y antes de Ancira, el primer ex funcionario perdonado por la actual administración, sin juicio de por medio, fue el general Cienfuegos, ex secretario de la SEDENA, porque en la ley marcial hay un artículo no escrito, si tocan a uno, tocan a todos y la suerte del pasado titular podría ser la suerte de quien ahora ostenta en cargo. Pero claro, este acuerdo no escrito no aplica para la tropa. Para la tropa hay miseria y cambios de adscripción a la guardia nacional, ellos no son invitados al festín de la derrama que deja la construcción de obra como la del AIFA. La tropa está para ponerle el pecho a las balas incluso metafóricamente hablando, con esta ráfaga de ordenes de aprehensión que se han dado a conocer.
Triste nuestra realidad, pero no tanto como la de los padres y madres de los 43, que de lo único que gozan es de incertidumbre.
