■ Perspectiva crítica
En las últimas dos décadas y media América Latina ha registrado un significativo aumento en materia de seguridad privada por diversos motivos, pero sin duda destacan entre ellos las tasas de violencia que van a la alza en diversos países; las políticas neoliberales que promueven y privilegian el capital privado, y la falta de legitimidad de múltiples instituciones, en especial las encargadas de brindar la seguridad pública. Esta falla en el plano institucional en materia de seguridad ha ido acorde con la crítica a la eficiencia del Estado que típicamente hacen los defensores del neoliberalismo, es decir, ha sido el argumento idóneo para impulsar un mercado que día a día cobra más presencia, el de la seguridad privada. No obstante, otros dos fenómenos corren de manera paralela al crecimiento de este mercado, el de la pasividad ciudadana y el de la segregación social.
Lo primero que hay que hacer notar es que México no está al margen de esta realidad, e incluso se destaca en ella debido a que los últimos años que comprenden la Guerra contra el narco que desató el ex presidente Felipe Calderón y ha continuado Enrique Peña Nieto han estado marcados por el temor, la desesperación y la desconfianza ciudadana, elementos estos que tras acumularse en la conciencia colectiva, han derivado en que millones de personas busquen a toda costa proteger su patrimonio o sus seres queridos.
Esta histeria colectiva está sin duda justificada, en especial si se considera que desde hace más de dos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) advirtió del aumento de la delincuencia. De los 31.6 millones de hogares estimados en 2013 en el país, en 10.7 millones –casi 34%– hubo, al menos, una víctima de delito durante ese año, es decir, uno de cada tres hogares mexicanos fue agredido por la delincuencia en el primer año de gobierno de Peña Nieto. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), 2014 estuvo marcado por el incremento de casi todos los delitos del fuero común en México, y por si ello fuera poco, 93.8 por ciento de los perpetrados durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quedaron impunes porque no hubo denuncia o no se inició averiguación previa.
Esta problemática se torna más aguda en tanto Peña Nieto sigue negando la inseguridad pública a través de los medios de comunicación masivos a su servicio, y de manera oficial en espacios como el apartado “México en Paz” de su Segundo Informe de Gobierno, en el que aseguró que en el país ocurren cada vez menos homicidios dolosos, secuestros y extorsiones por parte de la delincuencia organizada. De este modo el Estado no sólo incumple su tarea de llevar a bien lo que desde la perspectiva weberiana se considera el “monopolio de la violencia”, sino que cede territorio y poder a agentes dedicados a la maximización de la ganancia por medio de la actividad delictiva, y encima los protege al tergiversar la realidad.
Es preciso hacer notar que ante este fenómeno que conjuga el aumento de la delincuencia y su encubrimiento por parte del Gobierno Federal, la mayor parte de la ciudadanía no ha hecho un reclamo serio y efectivo de mayor seguridad pública, es decir, la pasividad y la indiferencia ante los miles de secuestrados, descabezados o asesinados en el país sigue siendo la constante y el freno para la movilización ciudadana. En lugar de optar por el reclamo legítimo al Gobierno Federal para que cumpla con su responsabilidad de brindar seguridad pública, buena parte de la ciudadanía –en especial la clase media y alta- ha preferido invertir en seguridad privada. El problema de esa preferencia radica en que se trata de una opción limitada al poder adquisitivo, es decir, sólo quien puede costear el blindaje de un auto, amurallar su domicilio o contratar personal de seguridad puede sentirse seguro por las noches o transitar tranquilo por las calles. Además, los fraccionamientos cerrados, el enmallado de espacios como parques y otros espacios de recreación, y el abandono de áreas periféricas representan una modificación del espacio público, y ello se hace no bajo la premisa del bienestar colectivo o el desarrollo urbano, sino por un motivo pernicioso como es la inseguridad pública.
El efecto de esta situación es sin duda la segregación social, pues el mercado de la seguridad privada es por naturaleza restrictivo, cerrado para los que no tienen solvencia para pagar un servicio de este corte, y ello se complica más para quienes habitan los espacios marginados y quienes perciben bajos ingresos, ya que si en el México actual no pueden pagar un kilo de tortilla o un pasaje de autobús, mucho menos podrán invertir en seguridad privada.
En esta dinámica, tanto el Estado como los ciudadanos que promueven la seguridad privada como la mejor opción para protegerse de la vorágine de violencia e inseguridad pública que padece México, olvidan o desconocen un hecho que no se puede soslayar: la seguridad es un derecho humano fundamental, y ello debiera discutirse y adaptarse desde el plano legislativo, operarse desde los cuerpos de seguridad públicos y promoverse entre los ciudadanos no como un servicio orientado exclusivamente a los intereses de quien puede costear la seguridad, sino como un bien público del que todos debemos beneficiarnos. ■
