Washington y Nueva York., El gobierno del presidente Donald Trump arrestó a un número récord de inmigrantes en junio pasado y todo apunta a que ese total será superado a finales de este mes, situación que ha sido acompañada con más muertes de detenidos bajo custodia o perseguidos por agentes, más violaciones de derechos civiles y un esfuerzo sistemático para criminalizar las protestas pacíficas contra las medidas hacia los extranjeros.
Los agentes federales arrestaron a 43 mil 138 inmigrantes en junio y el número total de personas en centros de detención se elevó a 65 mil 765, según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) divulgados a finales de ese mes. En total, el gobierno de Trump reporta que ha deportado casi 600 mil personas desde que comenzó su gestión, en enero de 2025.
“La tasa diaria de arrestos por ICE en junio fue de más de mil 300, el total mensual más alto de la actual administración, pero en julio ese número se incrementó a un récord de mil 474 detenciones por día en los primeros 11 días, en los sitios donde se cuenta con datos”, explicó Austin Kocher, un geógrafo de la Universidad de Syracuse que estudia el sistema de inmigración.
El subjefe de gabinete en la Casa Blanca, Stephen Miller, ha estado presionando para que el ICE logre cumplir con una meta de 2 mil arrestos diarios, lo cual hasta la fecha no se ha logrado.
Mayor presupuesto permite más capturas
El notable incremento en arrestos de inmigrantes es resultado de un presupuesto para el control de la inmigración mucho mayor, incluida la contratación de más personal y también un giro en la estrategia de las dramáticas redadas e invasiones de ciudades con agentes federales y hasta tropas a un enfoque en el uso de datos para ubicar a inmigrantes indocumentados, forzar a tribunales a negar la prolongación de casos y una expansión en arrestos en zonas rurales y pueblos donde la policía local coopera con los agentes federales –a diferencia de lo que sucede en algunas de las ciudades más grandes del país–, entre otras tácticas (https://www.jornada.com.mx/2026/07/ 08/mundo/022n1mun).
Las muertes de inmigrantes tanto en encuentros con agentes de ICE en Texas, Maine y Florida como anteriores ocurridos en centros de detención son ejemplos de la creciente letalidad de estas medidas antimigrantes, critican legisladores y defensores de extranjeros sin documentos que monitorean estos incidentes. Por lo menos 23 personas han sido baleadas por agentes de inmigración desde que Trump regresó a la Casa Blanca, seis de los cuales murieron. Además, por lo menos 52 inmigrantes han fallecido en centros de detención de ICE, reporta Human Rights Watch.
“Las muertes relacionadas con ICE que hemos visto en las semanas recientes rompen el corazón y son inaceptables. Reflejan un patrón de abuso, desinformación y la ausencia plena de rendimiento de cuentas que ha puesto vidas en riesgo en demasiado tiempo”, acusó la diputada federal demócrata por Arizona Adelita Grijalva, en conferencia de prensa esta semana. “Agentes del ICE asesinan gente en las calles, separan familias, secuestran a nuestros vecinos y los encierran en jaulas. Esa agencia tiene que ser abolida, punto final”, enfatizó la diputada federal demócrata por Michigan Rashida Tlaib.
Las muertes de inmigrantes a manos de agentes del ICE ha detonado protestas, movilizaciones y actos de repudio por varias partes de Estados Unidos, lo que provocó que incluso el Departamento de Seguridad Interna ordenara la suspensión de operativos destinados a detener autos sospechosos de transportar indocumentados, pero el presidente Trump revirtió de inmediato esa orden.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Interna notificó a empleadores este mes que están obligados a despedir a cientos de miles de trabajadores que hasta ahora podían laborar con documentos bajo el programa de Estatus Protegido Temporario o TPS, otorgado a lo largo de los años a inmigrantes que llegaban de países inseguros, entre ellos Haití, Etiopía y Myanmar. Pero esa orden, después de protestas de agrupaciones empresariales que dependen de esa mano de obra, ha sido aplazada y por primera vez el gobierno se ha reunido con inversionistas para abordar qué hacer con los que requieren a estos empleados. De hecho, ya se reportan indicios de una crisis en el sector de salud, tanto en hospitales como en comunidades y centros dedicados al cuidado de personas de la tercera edad, como también en sectores agrarios, como resultado de estas medidas antimigrantes.
A la vez, los esfuerzos del gobierno de Trump para criminalizar a manifestantes y activistas que protestan contra los arrestos, las condiciones de detención y el uso de violencia incluso letal por las autoridades también está enfrentando un repudio de jueces, gobiernos locales y de organizaciones de derechos civiles. El gobierno de Trump formalmente ha acusado a más de 550 personas de cargos de asaltar agentes federales o impedir su trabajo. Pero de unos 400 de estos casos concluidos, investigados por The New York Times, resulta que casi la mitad fracasaron.
“Jurados absolvieron a acusados, jueces desecharon los cargos o fiscales los retiraron”, reporta el rotativo.
Gobiernos locales combaten los abusos
Mientras tanto, ciudades como Nueva York y Chicago han avanzado en proteger a sus residentes y limitar las acciones de los agentes federales, prohibiendo tanto el uso de instalaciones municipales para sus actividades a campañas para capacitar a comunidades de esa minoría sobre sus derechos. En Mineápolis, donde dos de los asesinatos de manifestantes ocurrieron en enero, las autoridades locales finalmente lograron obligar al Departamento de Justicia a entregar pruebas y evidencia relacionada con esos incidentes que habían rehusado compartir.
Políticos, organizaciones comunitarias y de defensa de inmigrantes, algunos sindicatos y otros, insisten en que el gobierno federal continúa violando derechos civiles y emplea fuerza excesiva al implementar sus medidas.
“Las agencias de seguridad pública en Estados Unidos han empleado fuerza excesiva y armas de control de multitudes de manera peligrosa contra manifestantes que rechazan la escalada dramática de control de migración”, acusó la agrupación de médicos Physicians for Human Rights al emitir un informe este mes con los resultados de su investigación.
En otro informe elaborado por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) sobre su investigación sólo en ocho estados, documentó 413 incidentes de conducta indebida por agentes de inmigración, la detención o acciones dirigidas contra 214 menores de edad y 150 incidentes donde agentes violaron el derecho constitucional de libertad de expresión.
“El Congreso debe desmantelar la máquina de deportación y construir un nuevo sistema que mantenga juntas a las familias, apoye comunidades estadunidenses y asegure que ninguna agencia puede violar nuestros derechos con impunidad”, concluyó el ACLU.
Este miércoles, Voto Latino y otras 50 organizaciones sociales, incluyendo empresarios y religiosos, enviaron una carta al liderazgo del Congreso para exigir que presente de inmediato cargos con el fin de lograr la destitución del secretario del Departamento de Seguridad Interna Markwayne Mullin, a causa del uso de violencia letal por parte de agentes de ICE (agencia que está dentro de esta secretaría) y otros abusos de agentes federales bajo su mando.
