Recientemente, Fernando Escalante Gonzalbo, en su ensayo México ayer y ahora en Nexos, describió, con la maestría que lo caracteriza, las condiciones que permitieron al país, en primera instancia, la estabilidad política, y luego de ello, cierto grado de progreso, que culminó con el proceso de transición. En la primera etapa se volvió necesario un margen de impunidad para la clase política, con tal de consolidar, si no un Estado de Derecho, sí el fortalecimiento del Estado, a partir de un pacto entre las élites, que a su vez, trajo la pacificación para el resto de la población. En sus términos: “para hacer gobernable al país hizo falta siempre ceder a la clase política recursos legales, económicos, administrativos, autonomía, margen de maniobra y garantías de impunidad”. Sin embargo, la formación de una ciudadanía más crítica y diversa propició un proceso de transición, que fue, según el propio autor “obra de una generación de actitudes fundamentalmente hostiles a la política (…) El anti-estatismo de la cultura juvenil se cruza, y combina bien, con el anti-estatismo del modelo neoliberal. Por eso, muchas de las tareas del nuevo régimen se encargan no a la administración, sospechosa de “politizar” las cosas, sino a lo que se podría llamar un exoesqueleto del Estado, un conjunto de instituciones formalmente autónomas, de perfil técnico, de expertos, que tienen que guiarse por criterios objetivos, es decir, no políticos”.
Hasta aquí las citas de Fernando Escalante, para contextualizar el punto. En el mismo mes que corre, el Ejecutivo Federal ha enviado a la Cámara de los Diputados, una iniciativa, que suprime, traslada, integra, convierte, contrae o fusiona 18 instancias administrativas, sean órganos desconcentrados o descentralizados, con el objetivo, según el documento, de racionalizar la estructura de la administración pública federal, hacer eficientes los recursos públicos y agilizar los procesos administrativos con el fin de aprovechar los bienes nacionales. Entre los organismos desconcentrados que buscan suprimir se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, respecto a la que la propuesta de reforma promueve lo siguiente: primero, no solo transforma a la Secretaría Ejecutiva en una Secretaría Técnica en forma de unidad administrativa a cargo de la Secretaría de la Función Pública; posibilita, además, que dicha dependencia designe a una sola persona para desarrollar dicha función, que entre otras, tiene que apoyar en la propuesta y diseño de las políticas del sistema, sino también su evaluación y seguimiento. Hablamos de políticas públicas de Estado, cuya complejidad supera, por mucho, las que implementa un solo poder o una sola institución. Segundo, elimina la Comisión Operativa, que actualmente tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones. Esto es, en términos prácticos, dejar inoperante, en todo sentido, la labor del Comité Coordinador, y por tanto del propio sistema, como órgano deliberativo y decisor de políticas transversales, de Estado, articuladas y de carácter sistémico, en materia anticorrupción. Tercero, modifica los requisitos establecidos hoy en Ley para formar parte del Comité de Participación Ciudadana, dejándolos en manos del Comité Coordinador. Es decir, seis funcionarios y un ciudadano decidirán qué requisitos son necesarios para que otros ciudadanos sin cargo ocupen su lugar predominante y distintivo en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Todo lo anterior, creemos desde esta perspectiva, no sólo afecta a la Secretaría Ejecutiva, sino que vulnera la esencia misma y funcionamiento del propio Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo impacto podría ser su inoperancia absoluta.
No cabe duda de que el Sistema Nacional Anticorrupción requiere un análisis, y en su caso, sendas reformas para volverlo mucho más eficaz de lo que ha resultado ser, sin embargo, no es aplicándole, la que ya ha demostrado ser, mala práctica de la “guillotina administrativa” como lograremos llegar al objetivo y fin con el que fue creado.
Podríamos comenzar por una reforma a la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, para incluir en su catálogo, de faltas graves, la omisión de realizar los nombramientos y asignar el presupuesto necesario para el funcionamiento de las instancias de nuestro sistema de rendición de cuentas, desde los órganos internos de control hasta los tribunales de justicia administrativa, pasando por el resto de las instituciones (incluido hoy el INAI).
Finalmente, respecto a toda la iniciativa, habría que decir que el objetivo de descentralizar y atomizar el control de los poderes ejecutivos no radicó en garantizar la prontitud o agilidad de los procesos administrativos, sino en limitar la discrecionalidad y dar marcha atrás al margen de impunidad que describe Escalante Gonzalbo que, si bien se explicó y justificó en la posrevolución, en la postransición es tan innecesaria como contraria a la modernidad democrática en la que pretendemos alojarnos de manera permanente como nación.
@CarlosETorres_
