En México vivimos una etapa de involución en materia de libertad y derechos humanos, un regreso del autoritarismo y una época de persecución y criminalización a defensores y periodistas. En esto coincidimos integrantes de organizaciones de la sociedad civil provenientes de nueve estados de la República participantes en el séptimo Encuentro de organizaciones que acompañan a familiares de personas desaparecidas.
- Falta de instrumentos legales. Es necesario que la Ley General de Desaparición, próxima a aprobarse, se haga respondiendo a la gravedad del contexto nacional y la realidad de las víctimas así como a los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Es imperativo que las leyes estatales relacionadas se construyan y apliquen de manera efectiva. Además, insistimos en que la Ley General de Desaparición que se apruebe deberá tomar en cuenta los aportes de las personas afectadas y de las organizaciones sociedad civil.
- En las entidades del país generalmente se violentan de manera constante los debidos procesos legales y su debida diligencia por carencia de protocolos, la fabricación de casos y delitos, y la inaccesibilidad a las instancias correspondientes o por ineficacia de actuaciones ministeriales y de fiscalías, ya en los fueros locales, federales o de colaboración.
- El acoso y falta de protección a defensores/as y periodistas. Los encargados del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal aplican protocolos que generalmente son deficientes. No existe una verdadera política que garantice una verdadera protección a defensores/as. Aunque hay cientos de personas bajo el Mecanismo de Protección, las actuaciones de esa instancia son a destiempo, burocráticas u omisas, lo que ha llevado a que se consuman amenazas, peligros y agresiones a defensoras/es de derechos humanos y periodistas, como sucede con algunos integrantes de esta Red.
En el marco del encuentro las organizaciones asistentes hacemos un llamado a que la ciudadanía no normalice la problemática de desapariciones y graves violaciones a derechos humanos en el país, en solidaridad con las víctimas y sus familias sabiendo que todos/as estamos expuestos en esta violencia institucionalizada.
Asimismo, demandamos al Estado mexicano que cumpla con su mandato principal: proteger el Estado de Derecho y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Participantes en el séptimo encuentro.
Organizaciones firmantes:
- Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Guerrero. 2. Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Baja California, Sinaloa y Sonora. 3. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Monterrey, Nuevo León. 4. Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A. C. (CEDIMAC), Ciudad Juárez, Chihuahua. 5. Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces (COFADDEM), Morelia, Michoacán. 6. Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH Laredo), Tamaulipas. 7. Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, A.C. Piedras Negras, Coahuila. 8. Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Latinoamérica. 9.Grupo Vida, Torreón, Coahuila. 10. Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, Ciudad Juárez, Chihuahua. 11. Zacatecanos por la Paz, Zacatecas.
Me gustaría agregar una nota adicional para publicar mi habitual colaboración en La Jornada de Zacatecas (Ricardo Bermeo).
En el marco del séptimo Encuentro de organizaciones que acompañamos a familiares de personas desaparecidas, se decidió abordar este tema para el comunicado conjunto, que en cada reunión se realiza, con el propósito de visibilizar el modo en que la situación de violencia generalizada que ha provocado que dolor/país se encuentre desde hace años en una situación de “emergencia nacional”, caracterizado por la expansión de un escenario bélico altamente informalizado, donde existiría como escribe Rita Segato, una “segunda realidad”, operada por un “segundo estado”, que funciona de manera especular al sistema político, donde a diversas escalas, desde el barrio hasta el nivel internacional, diversas fuerzas, legales e ilegales se disputan el territorio, para garantizar que la “acumulación por desposesión” se realice en medio de la impunidad. Ciertamente la complejidad de tales dinámicas, hace que sea difícil comprender que es lo que realmente está pasando actualmente. Necesitamos nuevas herramientas, rediseñar nuestras formas de organización, y estrategias, así como un nuevo lenguaje, para dar cuenta de esas transformaciones en curso.
En el análisis del contexto nacional, la temática analizada durante el encuentro, volvió a situar en un lugar relevante, la temática analizada, en la medida en que 6 de los compañeros que participan en estos encuentros, actualmente han recurrido al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, señalados.
Nuestra tarea es, junto con la población, comprender que es necesario luchar, y no quedarse cruzados de brazos, para contribuir a erradicar la violencia institucionalizada. Y eso lo lograremos si “practicamos otra cultura, asentada en otros valores”, evitando “justificar la irresponsabilidad individual en el colectivo”. ■
