Comencemos por enmarcar la discusión: la democracia constitucional se compone de dos elementos que le son indispensables. El primero, la democracia como conjunto de reglas para la toma de decisiones colectivas, selección de representantes, dirigentes y todo lo relativo a elecciones, en las que la regla de la mayoría manda. Por otro lado, una batería bien articulada de derechos fundamentales y garantías, en los que las mayorías no entran, sino que se limitan a respetar decisiones que corresponden a lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli denominó la esfera de lo indecidible. En este sentido, el Estado incluye, en su arquitectura, tanto instituciones de corte mayoritario (Poderes Legislativos y Ejecutivos de todos los niveles), como instituciones con una lógica que no se explica por la regla de la mayoría (Poder judicial, órganos constitucionales autónomos en algunos casos). El adecuado equilibrio y coexistencia de ambas dimensiones de la democracia constitucional, en el campo de la política, entendida como el ambiente del poder, pero también el de las decisiones de lo público, permiten la consolidación de este sistema, la estabilidad de gobiernos, pero también la posibilidad, siempre abierta, de la victoria y la derrota, en términos electorales. No sólo eso: garantiza libertades y servicios, sin importar la opinión de la masa y/o de los gobernantes en turno. Además, el modelo está configurado para que la rendición de cuentas se dé en todos los sentidos posibles: desde el vertical, con el voto; hasta el horizontal, con mecanismos de equilibrio y división de poderes; hasta el transversal y diagonal, a través de instrumentos y herramientas de la ciudadanía para activar la mecánica institucional que permite que se garanticen derechos. En términos muy simplistas, pero pertinentes para el efecto de esta participación editorial, ese es el marco sobre el que se discute la objeción del presidente Andrés Manuel López Obrador de la reciente selección de dos personas como comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del acto de violencia que significó la quema de una figura representativa de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia.
Ambas situaciones son preocupantes. La primera, no por la acción que constitucionalmente le está reconocida al Poder Ejecutivo, sino por lo que significa, luego del retraso en el que el Senado incurrió, lo que implica hoy, como nunca en las dos décadas de existencia del organismo federal de transparencia, que sus funciones garantes se vean interrumpidas con la salida de otro comisionado, y un proceso que puede tardarse también meses. Es una vulneración en los hechos de un instrumento de la democracia constitucional, pues el derecho de acceso a la información es un derecho llave, es decir, que permite la capacidad de agencia de las personas en relación con otros derechos que posee, como a los de un buen gobierno, un medio ambiente libre de corrupción y otros.
El segundo hecho, que por cierto, la semana pasada advertimos aquí mismo, se inserta justo en el campo de conflicto entre liberales y populistas: los primeros sostenemos que las mayorías no siempre tienen la razón, y que al final del día, la tiranía de las mayorías puede ser tan perjudicial, o aún más, que la tiranía del poder. Los segundos sostienen que las mayorías tienen el derecho a decidirlo todo, y que los derechos están sujetos a la aprobación de éstas, en el pacto social que da origen al orden social existente en los Estados. Es esta última concepción, con sus abusos, cuyos ejemplos más ilustrativos los expuso el fascismo y nazismo, que llevaron al diseño del modelo de lo que hoy conocemos con el título de democracia constitucional. Y es aquí donde el conflicto nace: hay quienes defienden el acto de violencia por el simbolismo, lo que acaso es peor y más preocupante. En cambio, desde estos renglones se vuelve a advertir: la violencia se recrea al acecho en la polarización permanente, que desde el más poderoso de los poderes políticos (redundancia deliberada), se incita que es, además, cabe destacarlo, el más popular en épocas recientes. No es el linchamiento la vía para la justicia social, sino la consolidación de derechos y la garantía de estos a través de mecanismos institucionales.
Ojalá estos apuntes sirvan para el debate.
@CarlosETorres_
