■ La Secretaría General de Gobierno los citó hoy a una reunión a las 11 horas
■ No vamos a bajar la guardia, por si regresaran autoridades para continuar con la demolición, dicen
Los habitantes de Salaverna que estuvieron este viernes en la capital del estado, junto con integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y del Cabildo Ciudadano, permanecieron durante 6 horas en la Avenida Hidalgo del centro de Zacatecas, sin recibir respuesta favorable de parte de las autoridades.
Se les ofreció una mesa de diálogo, que los afectados aceptaban con la condición de que se frenara de inmediato la demolición de viviendas en su comunidad, además de que se liberaran los accesos y salidas a la misma, ya que durante todo este viernes elementos de seguridad impidieron entrar o salir de Salaverna.
El Gobierno del Estado no les garantizó este hecho, lo que impidió que se instalara la reunión. Fue hasta casi las 20 horas cuando se les comunicó que la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres, había dado la orden de que la policía se retirara de esta localidad del municipio de Mazapil.
El martes pasado, tres representantes de la comunidad de Salaverna sostuvieron un encuentro con Gloria Esparza, trabajadora de la Secretaría General de Gobierno. En esa ocasión, aseguran que les tomaron fotografías para registrar la reunión.
Ese día fueron citados por la funcionaria para este viernes a las 9 horas en la capital del estado. En el momento en el que estas tres personas llegaron a la central camionera de Zacatecas, sus vecinos les avisaron de que estaban entrando a la comunidad policías, autoridades de Protección Civil y maquinaria pesada de demolición.
El objetivo era derruir 16 inmuebles, al menos cinco de ellos habitados, para sacar a las familias que aún viven en esta localidad y reubicarlas en un complejo residencial llamado Nuevo Salaverna, construido por la Minera Frisco, que opera en el subsuelo de Salaverna y es propiedad de Carlos Slim.
A las 13:30 horas, de manera oficial se confirmó la demolición de la escuela y de una casa particular en la que Gobierno del Estado aseguró que no vivía nadie. En ella, se dijo, sólo había dos sillones que fueron trasladados a la casa de su propietaria en Nuevo Salaverna.
Los afectados denunciaron que, además, las fotografías que les tomaron la semana pasada les fueron mostradas a los habitantes de la comunidad para señalar que en ese encuentro habían firmado un documento en el que aceptaban este desalojo; “y eso es mentira”, dijo Roberto de la Rosa, habitantes de Salaverna.
Los manifestantes, como primera acción en la capital, se plantaron frente a la Casa de Gobierno y dieran una conferencia sobre esta situación. En esta, Roberto de la Rosa se refirió al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se expone que nadie puede ser privado de su libertad ni despojado de sus pertenencias o molestado en sus propiedades sin una orden judicial con ese enfoque.
Las autoridades que acudieron a la comunidad este viernes no mostraron documento alguno de este tipo que respaldara sus acciones y les diera legalidad, apuntaron.
Asimismo, De la Rosa recordó que actualmente hay en proceso un litigio contra la minera para deslindar terrenos nacionales, a fin de que se determine quién tiene la posesión de la tierra, por lo que concluyó que para actuar en Salaverna, en cualquier sentido, tienen que esperar a que se concluyan estos procedimientos.
Tras estas palabras ante los medios de comunicación, los tres vecinos de esta localidad de Mazapil, junto con el líder estatal de la UNTA, Efraín Arteaga, se trasladaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) para interponer una denuncia por despojo, daño a las cosas y los delitos que resulten de la investigación.
Mientras tanto, el resto de las personas que los apoyó se trasladó a la Avenida Hidalgo en el Centro Histórico de Zacatecas para cerrar la vialidad a fin de llamar la atención de las autoridades para que les atendieran. Poco después de las 14:15 horas, con dos pancartas, los afectados cerraron esta calle, a la altura del Portal de Rosales.
Aunque media hora después la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres, informó en entrevista telefónica que se encontraba en su oficina de Palacio de Gobierno “trabajando”, no fue hasta pasadas las 16 horas cuando llegaron funcionarios del gobierno para dialogar con los manifestantes.
Al lugar de la protesta acudieron el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Juan García Páez, y el director de Transporte, Tránsito y Vialidad, Miguel Rivera Villa, que fue quien entabló la conversación con el grupo de manifestantes.
Su ofrecimiento fue el de instalar una mesa de diálogo con Fabiola Torres, Juan García Páez y el secretario de Seguridad Pública, Froylán Carlos Cruz, a fin de explicar lo que estaba sucediendo.
Los afectados por el despojo en Salaverna aceptaron sentarse a dialogar pero con una condición: que se detuviera de inmediato el operativo de demolición de viviendas en Salaverna.
Al no haber respuesta favorable en este sentido, no se estableció la mesa y los funcionarios se retiraron del lugar. Poco después, antes de las 17:30 horas, cinco patrullas de la Policía Estatal arribaron al lugar y los agentes se formaron, con el equipo antimotines, a escasos metros de la protesta. En ese lugar permanecieron, sin intervenir, hasta casi las 19:30 horas.
Aproximadamente a las 20 horas se les comunicó que la secretaria general de Gobierno había ordenado que las corporaciones policiacas y los trabajadores del gobierno se marcharan de Salaverna y citó a los habitantes de la comunidad que estuvieron en la capital, este sábado a las 11 horas a una reunión.
Efraín Arteaga, líder de la UNTA en la entidad, sostuvo que, a pesar de levantar la protesta, “no vamos a bajar la guardia” durante la noche y la madrugada, por si regresaran las autoridades a Salaverna para continuar con la demolición.
