■ La salida a este esquema “sólo es posible por la izquierda”, pero ésta debería ser nueva, explica
■ El uso del término se hace con fines políticos y culturales, prometen producción pero es sólo extracción
El modelo de desarrollo extractivista, sea que se realice bajo gobiernos neoliberales o progresistas, liberales o conservadores, implica necesariamente la violación de derechos humanos, incluso el acudir al asesinato. Sus efectos locales en la contaminación de suelos y aguas, así como el desplazamiento de comunidades indígenas o campesinas, no son accidentes indeseables sino elementos necesarios para su viabilidad, de misma forma que lo es la corrupción, explicó Eduardo Gudynas.
El investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social de Montevideo Uruguay, participó ayer en la mesa Neoextractivismo y el buen vivir: Las prospectivas del progresismo, dentro de IV Seminario Internacional de Estudios Críticos de Desarrollo, que en esta emisión se denomina Repensando el desarrollo en América Latina: Hacia un nuevo paradigma para el siglo 21.
En el evento que se desarrolla en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, participan además de Guydinas, otros destacados académicos y actores sociales de diversos países del mundo, entre ellos, el economista Alberto Acosta, quien fuera uno de los redactores del plan de gobierno Alianza País y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador.
Los emprendimientos extractivistas, reiteró Eduardo Gydinas, requieren de un contexto de violencia y transgresión a los derechos humanos, entre otros, la falta de información sobre sus consecuencias, la secrecía, “porque si se aplicaran las normas y si hubiera información las comunidades nunca lo permitirían”. Refirió asimismo, el tema del asesinato de líderes comunales y campesinos que se oponen al asentamiento de estas empresas.
Aquí mencionó también el caso de José Mujica, ex presidente de Uruguay, de quien dijo, “todo mundo cree que es un santo”. Sin embargo, fue este mandatario el primero en la historia de aquel país, “que firmó contratos secretos de inversión” para el establecimiento de emprendimientos de megaminería y una planta de celulosa, que permanecen en la opacidad.
El economista perfiló el extractivismo como una actividad que sustrae materias primas, agua, minerales, pesquería o productos agrícolas, etc., en gran volumen, las cuales por lo menos en 50 por ciento se destinan a la exportación.
América del Sur dijo, “vive un boom de estos emprendimientos” dentro de regímenes conservadores o progresistas. Mencionó entre los países hiperextractivistas a Venezuela, Ecuador y Bolivia, mientras que grandes extractivistas son Colombia y Chile.
Aunque los impactos sociales son de carácter local, la lógica de este modelo responde a la demanda de mercados globales y sus consecuentes flujos de capital. Gudynas criticó que se le refiera como una “industria”, pues precisó, “ahí no se produce nada, no hay chimeneas ni obreros”.
Por ello dijo que el uso del término se hace con fines políticos y culturales, ya que reiteró, “nunca hay producción” minera, petrolera, pesquera, agrícola etc., sino sólo extracción.
El extractivismo afecta la manera en “cómo entendemos la relación con la naturaleza y la economía”, por lo que cuestionó el discurso progresista de que “todo lo arreglamos cambiando el régimen de propiedad”, pues señaló, así se establezca mediante empresas paraestatales o privadas, requiere además de violencia, corrupción.
Mostró para ejemplificar, un esquema de desvió de recursos de Petrobras que involucró a actores de todos los partidos políticos del Brasil.
Este modelo de “desarrollo” implica disputas por el excedente, “a ver quién se queda con la plata”, pero no se cuestiona si es un modelo válido.
Refirió del actuar del ex presidente Evo Morales en Bolivia, y su gobierno progresista, el recorrido hecho desde que emitió decretos de apertura de áreas protegidas a petroleras, el ataque posterior a organizaciones de la sociedad civil que se oponían, la consecuente represión indígena y por último, la etiquetación de “megasubsidios a petroleras”, ocurridos entre octubre de 2014 a julio de 2015, aparejado a la curva que refirió el declive paulatino de los precios internacionales del petróleo.
Los efectos del extractivismo que llamó “derrames” impactan tanto en los derechos, la política y la justicia y se suscitan a través de dos vías: las ilegales y las alegales, estas últimas, “medidas que formalmente están dentro de la ley pero se aprovechan de la debilidad de la normativa para tener consecuencias contrarias al espíritu de la ley”.
Aquí trajo a colación el caso de la aprobación por el gobierno kichnnerista de Argentina, de la Ley Federal para la Protección de los Glaciares, que presuntamente salvaría estas reservas de agua dulce de la minería. No obstante, se permitió el asentamiento de las empresas extractivas sin problema ya que nunca se concretó la legislación secundaria donde se establecería un Registro Nacional de Glaciares, que especificara limitantes.
Eduardo Gudynas propuso asimismo que no debe “demonizarse” a la izquierda como han hecho los gobiernos progresistas, pues esto genera la idea de que no hay alternativas.
Puso como ejemplo el paradigma del “buen vivir”, un concepto que se recupera de diversos referentes culturales en el mundo, y se basa en la relación armónica del ser humano con la naturaleza, entre individuos y entre comunidades, que refirió como una entre otras opciones de desarrollo, cuya “salida sólo es posible por la izquierda”, lo que también dijo, “implicaría una nueva izquierda”.
