Ciudad de México. Aunque el tema a discusión eran los gastos de precampaña de los aspirantes en Hidalgo, durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la sentencia reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó la cancelación de registros de candidatos a gobernador en Zacatecas y Durango, provocó un choque entre consejeros y la representación de Morena.
Entre acusaciones de haber violentado la ley en materia de fiscalización, la reunión derivó en estridentes descalificaciones mutuas.
“Serénese consejero (Ciro) Murayama, deje de vociferar su enojo en medios de comunicación”, espetó el representante de Morena, Horacio Duarte.
Dijo que el Tribunal fue enfático: “Les dicen que violentaron el debido proceso. El asunto es jurídico, no tiene nada que ver con política. Ustedes sí están acusando al tribunal de dejarse presionar, chantajes. Lo correcto es sólo acatar la sentencia”.
Les imputó a los consejeros haber decidido con sesgos políticos y no con fundamento jurídico.
Duarte dirigió sus críticas especialmente a Murayama y a Marco Antonio Baños.
Al primero, lo acusó de actuar políticamente a partir de que el dirigente de su partido, Andrés Manuel López Obrador, le haya acusado de haber firmado un desplegado a favor de Felipe Calderón, “lo que desató su ira y furia que lo hace cometer error tras error.
«En la resolución no vieron lo jurídico y ahora dicen que es funesto, terrorífico. Que el tribunal es terrorífico. Nos encontramos en un choque de instituciones”., señaló el representante de Morena.
Y luego arremetió contra Baños a quien una vez más acusó de ser enlace con el dirigente priísta, Manlio Fabio Beltrones en el INE.
La respuesta del consejero fue inmediata. Le recriminó a Duarte que siempre busca la provocación como estrategia y lo acusó de ser un contumaz polemista a base de golpes bajos.
Acto seguido, cuestionó que más allá de que el criterio del Tribunal revocó la cancelación de las candidaturas, dejó firme que Morena incurrió en una cadena de ilegalidades con la pretensión de engañar flagrantemente a la autoridad respecto a la precandidatura de David Monreal en Zacatecas y de los gastos de precampaña que se hicieron evidentes a lo largo de la fiscalización.
Tras rechazar que el INE actúe por consigna y decida por colores de partido, Baños dijo que en el proceso se ratificó que varios de los señalamientos que hizo el INE estaban acreditadas como la presentación del informe de gastos de precampaña 34 días después. Imputó a Morena haber entregado un informe de gastos en ceros, cuando estaba acreditado el gasto, que el propio partido reconoció.
Emplazó a Duarte a responder por esos gastos y si no, a asumir “que no les gusta cumplir la ley”, porque eso demuestra que en realidad “a usted no le gusta debatir sino descalificar a las personas que no piensan como usted”.
El debate escaló al punto en que el consejero presidente, Lorenzo Córdova hizo explícito su disenso con la sentencia del Tribunal e hizo patente, su cuestionamiento al impacto que tendrá la sentencia porque pega en el “punto de flotación” del modelo de fiscalización y aleja al INE del cumplimiento puntual de las disposiciones legales que establece que ante el incumplimiento de la entrega del informe de gastos de precampaña corresponde no registrar la candidatura.
Córdova dijo que en democracia las sentencias de los tribunales se acatan pero, en democracia, esas sentencias se debaten. Convocó a debatir sobre la forma de mejorar la fiscalización, reduciendo el efecto que puede tener la decisión del Tribunal, con el objeto de robustecer el modelo sobre la base de lo que los propios partidos consensuaron de hacer más estricta la revisión de los gastos en precampañas o campañas. Hizo énfasis en subrayar que el INE no abdicará en su obligación de revisar puntualmente esos gastos e imponer las sanciones que correspondan, acatando los criterios del Tribunal.
En su momento, Murayama evitó involucrarse en una confrontación con el representante de Morena y centró sus intervenciones en subrayar el posible impacto negativo que la sentencia de los magistrados tiene al modelo. Destacó que en la fiscalización los plazos de entrega deben ser rigurosos porque en caso contrario pueden alterar su eficacia y en su caso, hacerlo nugatorio, porque afectar los plazos de fiscalización debilita la rendición de cuentas y puede convertir en “papel mojado” la legislación en la materia.
A pesar de que marcó su distancia sobre la sentencia del Tribunal, dijo que el caso de la revisión de gastos de Hidalgo, se aplica ya el criterio emitido, según el cual, la entrega extemporánea no implica la cancelación del registro. A lo largo de las sucesivas rondas de intervención, Murayama no confrontó abiertamente a Duarte, pese a las descalificaciones del representante partidista y rechazó que su actuación se guíe por los colores de los partidos.
En medio del fragor del debate, el representante Arturo Sánchez coincidió en que más allá de que INE acatará la sentencia y que buscará la manera de adecuar el criterio para mejorar los procedimientos fiscalizadores del instituto para atenuar su efecto en el “línea de flotación” de la revisión de los gastos. Aseguró que el perfeccionamiento de los procedimientos del INE permitirá garantizar que los incumplimientos en la materia tengan las implicaciones que determina la legislación.
Para la consejera Pamela San Martín, con independencia de que la resolución se desprendiera de dos casos relacionados con Morena, lo preocupante es que el efecto sí puede ser muy grave, pues si el legislador impuso una sanción tan extrema para el incumplimiento de la presentación de los informes de gastos de precampaña es que se asume que no es una mera formalidad, sino un punto central en la rendición de cuentas de los recursos que se les entregan a los partidos.
En su momento, el representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez coincidió con las acusaciones de Morena: en el INE las decisiones sí pasan por el color de los partidos y por ello, el organismo “”ha tenido muchos tropiezos””. Consideró que la resolución del TEPJF, sustentado en las violaciones de procedimiento en que incurrió el INE para sancionar, no es la que atenta contra el modelo de comunicación, sino que son los incumplimientos del propio INE, lo que afecta esa fiscalización.
