La reacción de las autoridades zacatecanas sobre la aplicación de los derechos civiles (y humanos) de las parejas del mismo sexo, es cavernaria: actúan no sólo con ignorancia, sino con la evidente voluntad de retrasar la aplicación de los derechos de esta población. Esto es, se expresan como fuerzas políticas que conservan la discriminación. Tienen la opción legal de la aplicación inmediata de la constitución y las resoluciones de la Suprema Corte, pero no lo hacen; por el contrario se agarran del inmodificado artículo 100 del código familiar de Zacatecas. Se aferran al artículo 100 como de un mástil para no dejar pasar los vientos del reconocimiento de los derechos civiles. Con lo que además incurren en un argumento circular: no se aplican los derechos porque no se ha modificado dicho artículo, y se bloquea la posibilidad de que se realice dicha modificación; con lo cual, no se aplican los derechos por la misma razón de que no se hacen las correcciones en los códigos correspondientes: la misma y reciclada voluntad de conservar la discriminación. El argumento jurídico contra esta actitud cavernaria es contundente: los funcionarios pueden casar a las parejas del mismo sexo en Zacatecas porque la constitución es de aplicación inmediata. Todo lo demás es argucia para negar ese derecho a las personas.
En las sociedades plurales modernas, el liberalismo permite omitir las ideas particulares de vida buena, las ideas morales (que son diversas) quedan puestas en paréntesis; y se asumen procedimientos que garanticen la libertad para que cada persona elija los fines morales que desee. Es decir, de lo que se trata es que no se impongan a toda la sociedad ideas o fines morales que son particulares de cierto grupo, por mayoritario que este sea. En la base del Estado Liberal de Derecho está la exigencia de no imponer formas particulares de ver el mundo, lo que es esencial para cultivar la naturaleza plural de la sociedad. Así las cosas, lo único que debe garantizar el Estado es que el ejercicio de la libertad no se convierta en daño o agresión a terceros. Sobre esta base se supera el debate del matrimonio entre personas del mismo sexo: la opción puede gustarnos o no, pero no tenemos capacidad alguna para impedir que quien así lo quiere, lo haga en el ejercicio de su libertad. Esto es aún más cierto para los funcionarios, que no pueden intentar imponer sus filias o fobias derivadas de sus opciones morales particulares a otros. Únicamente deben observar que unas libertades no violen a otras.
Los grupos conservadores quieren imponer una manera de ver el mundo y de conducirse en él. Forzar la universalización de una moral particular. En el caso que nos ocupa son personas que ponen por delante citas bíblicas y de valores religiosos como argumentos. Como vimos arriba, dichos argumentos ni siquiera pueden entrar a ser considerados en el ámbito del Estado por tratarse de sistemas morales particulares, independientemente si son bien soportados en sus propios ámbitos, o no. En otras palabras, hay teólogos católicos que han defendido con profuso fundamento la licitud de la conformación de familias igualitarias, pero esto, el Estado, tampoco le interesa, porque se trata de debates intra-religiosos; y dijimos que por principio al Estado no debe interesarle las preocupaciones morales de grupos específicos, sino la libertad general y ampliada.
Sin embargo, lo que observamos es que los funcionarios responsables del registro civil de Zacatecas y Guadalupe (Pedroza y Medrano) hacen lo posible para negarle el derecho a los y las jóvenes homosexuales que han ido a casarse, bajo el argumento falaz de la falta de actualización del código civil del estado de Zacatecas. Y lo que más sorprende es la actitud del presidente de la CEDHZ (derechos humanos de Zacatecas) de total pasividad en el tema; esto es, contribuyendo a la situación de negación del ejercicio pleno de los derechos de personas del mismo sexo a formalizar su vida de pareja. Misma situación con los legisladores que congelan la actualización del código familiar para dar oxígeno a la discriminación. El cálculo de los políticos está basado en la idea de pensar que perderán simpatías electorales dada la mayoría de población católica en el estado. Pero esta percepción (ahora) ya es falsa. En el Distrito Federal son los mismos porcentajes de católicos y Ebrard (en su momento) en lugar de disminuirle sus simpatías electorales, le aumentaron. El control de los grupos conservadores católicos sobre la conciencia moral de sus fieles es muy distinta: ¿Cuántas parejas católicas usan condón y métodos anticonceptivos a pesar de que los domingos los curas más ignorantes de la diócesis les dicen que eso es malo? Con la respuesta a esta pregunta queda claro que el temor de los políticos que se oponen al pleno reconocimiento de las libertades es doblemente falso. Y ahora menos efectivo es el poder de imposición de dichos grupos de la derecha clerical dado que su credibilidad se ha ido al cesto de basura, porque son justamente ellos quienes han incurrido en las brutales aberraciones morales que han estremecido al mundo en los últimos años. Empero estas razones políticas, si los políticos son congruentes con el dictado de la democracia y el derecho a tener derechos, no pueden obstaculizar la formalización de estas libertades civiles.
En suma, esperamos que en este proceso electoral la totalidad de los candidatos se pronuncien por el respeto a la totalidad de las libertades y no dejen lugar a evasivas que sólo irritan a los ciudadanos. Respuestas como “luego veremos eso”, o “lo que la legislatura diga” y cosas así, son maneras prácticas de negación de los derechos. Luego entonces: el derecho de las parejas del mismo sexo a tener sus derechos debidamente formalizados, es ya impostergable. ■
