■ Comentarios Libres
No obstante tratarse de un subordinado del Presidente según mandata la fracción II del artículo 89 de la CPEUM, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, actual secretario de la Defensa Nacional (Sedena), en varias ocasiones, a partir de 2013, ha declarado la urgencia de contar con un marco jurídico que respalde la actuación del Ejército, en funciones de seguridad pública.
La última ocasión ocurrió en conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones castrenses ante la plana mayor del Ejército, y los representantes de los medios de comunicación, invitados a visitar la Fábrica de Vestuario y Equipo de la Sedena, con motivo de fin de año el miércoles 7 del presente mes. Dijo: “Nosotros no pedimos, o sea ustedes lo saben y yo lo tengo que decir, no podemos estar ahí, no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos aquí, estudiamos para perseguir delincuentes”. Demandó que “se regularice la situación de las fuerzas armadas y se apruebe un marco legal que diga hasta dónde sí, hasta dónde no, y nosotros haremos lo que siempre, lo que dice la ley, acataremos lo que disponga el propio Congreso”. Subrayó: “¿Qué quieren los mexicanos que hagamos las fuerzas armadas? ¿Quieren que estemos en los cuarteles? adelante; yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nuestra idea y nuestra profesión es otra, y se está desnaturalizando. Estamos haciendo tareas que no nos corresponden, porque no hay quién las deba de hacer o no tiene esa capacidad”. (La Jornada. Jueves 8 de diciembre de 2016. Pág. 3).
Estas declaraciones, llaman la atención porque las realiza un inferior a un superior. El general debe respeto, disciplina y subordinación al Jefe del Poder Ejecutivo. Y en el caso, Cienfuegos le exige a Peña que regularice legalmente las tareas del Ejército en esa materia.
Isabel Arvide, en su libro Mis generales, Editorial Planeta Mexicana, SA de CV, bajo el sello editorial Booket, primera edición, octubre de 2015, señala en el párrafo cuarto de la página 24: “El Secretario de Defensa Nacional puede mandar lo que le ordene su jefe directo, y debe, incuestionablemente, obedecer lo que le sea ordenado por éste. Es decir, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que a su vez lo nombró. Sin importar lo ignominioso de la orden. Y no hablamos tanto del fondo, porque también la Constitución limita lo que el comandante supremo puede mandar, sino de forma”. Y en el párrafo tercero de la pagina 25 refiere: “El general Alonso Aguirre Ramos –es la única vez que he escuchado una expresión castrense con esta fuerza- frente a civiles en una reunión social, a la que asistían representantes de varios países, afirmó que había que pegarle un manotazo al Presidente de la República… sobre su escritorio para que entendiera. Esto, en los días posteriores al sismo de 1985, cuando se prohibió la presencia militar en las labores de rescate y construcción de la Ciudad de México. Anécdota vuelta referencia a través de varios sexenios, cada vez que la obediencia extrema del titular de la Sedena pone en aprieto a los militares”.
Justamente, es lo que en la actualidad ha ocurrido en el Ejército, y es por tanto lo que sirve de fundamentación a las declaraciones del general.
Deseo destacar que, en la exigencia de contar con un marco legal que regule la actuación del Ejército en los términos que plantea Cienfuegos, deben ser sumamente cuidadosos tanto el Presidente que posiblemente habrá de presentar la iniciativa de ley correspondiente, así como el Congreso de la Unión a quien corresponderá realizar el proceso legislativo.
Hay peligro. Si el general exige respaldo jurídico, se puede interpretar que desea mantener al Ejército en las calles, fuera de sus cuarteles y legalizar al mismo tiempo, la impunidad con que se actúa en aras del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, que conlleva una flagrante y sistemática violación a los derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de innumerables personas, que como Él mismo bien lo señaló: “del lado que sea”, refiriéndose a las muertes que no deberían haber ocurrido.
La exigencia del titular de la Sedena, también pudiera tener la interpretación de lograr, anticipadamente, “un borrón y cuenta nueva” ante posibles persecuciones de llegar a instaurarse una Comisión de la Verdad que evitara la creación de una Ley Punto Final, que mucho benefició a los militares que gobernaron algunas dictaduras en Centro y Sudamérica durante las décadas de los setentas y los ochentas principalmente.
Por último, cabe destacar que al momento de legislar, diputados y senadores deben estudiar tres términos que no son sinónimos: 1.- seguridad nacional, tarea que corresponde al Ejecutivo a través de las fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina); 2.- seguridad interna, tarea de la Secretaría de Gobernación a través de la policía federal y 3.- seguridad pública, tarea de los Estados y Municipios (policía estatal y policía municipal).
Será muy importante que se determinen con precisión esas tres facultades. ■
