- Perspectiva crítica
En contraste con el acartonado discurso de procuración de justicia, estado de derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos que promueven la esfera política mexicana y las instituciones del Estado, lo cierto es que el ciudadano de pie, es decir, el ciudadano que no cuenta con el recurso del influyentísimo o el dinero, enfrenta la realidad de que para él el día a día es una ruleta rusa. El clima de inseguridad imperante se ha acentuado en el marco de la llamada “guerra contra el narco”, y con ello ha llegado una multiplicidad de delitos que en el mejor de los casos mantienen a las personas en tensión permanente, y en el peor los pueden poner en una situación de secuestro, extorsión o incluso homicidio. Considérese a este respecto que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró 28 mil 224 víctimas por cada 100 mil habitantes, es decir, más de uno por cada cinco ciudadanos, lo que representa 22.5 por ciento de la población, y muy probablemente sea una estimación por demás conservadora.
No obstante, el clima de violencia e inseguridad está lejos de agotarse con los delitos que cometen los comúnmente denominados cárteles, sus células operativas o el resto de grupos que constituyen el crimen organizado nacional, pues a ello se suma la responsabilidad de las propias autoridades desde tres vertientes: la escasa procuración de justicia, el deficiente trabajo y andamiaje institucional, y su participación en actividades ilícitas y lesivas del derecho individual, incluida la violación de derechos humanos y las detenciones ilegales.
Esta situación conduce a que se generen múltiples víctimas, ya sea porque han sido objeto de secuestro (la A.C. Alto al secuestro estima que para el cierre de 2015 la cifra rondará los 7 mil secuestrados) y otros delitos; porque resultan incómodos para el gobierno y pierden la vida en circunstancias sospechosas, como en el caso de la periodista Regina Martínez o recientemente el de Rubén Espinosa, o simplemente porque “les tocó”.
Como ejemplo de este último tipo de víctima está Óscar Álvaro Montes de Oca, sociólogo de 23 años graduado con honores en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), quien fue recluido en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusado “de tráfico de estupefacientes” por supuestamente ser propietario de una maleta que portaba 20 kilos de cocaína. Pese a negar la propiedad de ese equipaje, Montes de Oca fue encarcelado mediante un proceso plagado de irregularidades, y lo único que le permitió salir de la prisión (lugar al que calificó como “un infierno”), fue la presión que ejercieron sus familiares y la propia Universidad Autónoma del Estado de México. Luego del deslinde de su responsabilidad en la posesión de la droga, queda claro que su único error fue estar en el lugar y momento equivocados.
El caso de Montes de Oca no es inédito, y tiene como antecedente el de la profesora Ángel de María Soto Zárate, a quien en 2013 también se le acusó de transportar 10 kilos de cocaína en una maleta que no identificó como de su propiedad. Su libertad, cinco días después de su detención, no la obtuvo gracias al trabajo de las autoridades, sino a la presión de una intensa campaña en su defensa.
Ahora bien, a la par de estos casos están los de las personas que no cuentan con campañas para defenderlos, situación en la que se encuentran miles de detenidos, o quienes reciben altas penas de cárcel debido a su condición de vulnerabilidad social, o en el marco de los actos represivos que lleva a cabo el gobierno. De acuerdo al informe “La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad”, durante el primer año de gobierno de Peña Nieto aumentaron las detenciones arbitrarias en el país, alcanzando las 427, en contraste con las 229 registradas en 2012.
Existen personas a las que se les ha condenado a más de 5 años de prisión por videograbar abusos policiacos el 2 de octubre en la Ciudad de México; el padre Alejandro Solalinde ha denunciado múltiples detenciones arbitrarias contra migrantes, como la de los 24 centroamericanos privados injustificadamente de su libertad este año por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM); de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sólo en 2012 fueron encarcelados injustamente 8 mil 502 indígenas, los cuales no pudieron defenderse ante los ministerios públicos debido a que no saben hablar español.
En la ruleta rusa que constituye las detenciones arbitrarias en México, el azar juega un rol importante al elegir a un ciudadano común y corriente, pero la situación se complejiza en tanto la detención arbitraria también puede partir de motivos como la represión y la condición de vulnerabilidad. En este escenario, los únicos a salvo parecieran ser justamente quienes han desencadenado esta situación, lo que se corresponde con la paradoja de un juego perverso. n
