■ Fue necesaria una reforma a la Ley Orgánica del MP
Tras una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Unidad de Justicia para las Mujeres dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cambió el nombre a Centro, modificación necesaria a fin de que pueda gestionar recursos federales para la realización de actividades a favor de las féminas violentadas.
Así lo determinaron por mayoría los diputados de la 61 Legislatura en sesión ordinaria de ayer, donde hubo diferencias de algunos diputados de oposición, al considerar que el cambio de nombre no resuelve el tema de la atención a las mujeres que requieren ayuda, puesto que no es un proyecto integral donde se busque la dignificación y empoderamiento de las mujeres, se atienda a sus hijos, se tengan instalaciones adecuadas y espacios interdisciplinarios.
Aunque la legisladora perredista, respaldada de algunas féminas, presentó una reserva para incluir un nuevo modelo de atención, según dijo, fue rechaza la mayoría de sus homólogos.
Durante la misma sesión también se presentó un exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para gestionar la instalación de antenas repartidoras de señal telefónica en el tramo comprendido entre Villa de Cos y Concepción del Oro de la carretera federal 54, la cual tiene una distancia de 240 kilómetros, en los cuales transitan automovilistas zacatecanos para ir a sus trabajos como son los complejos mineros, y si bien el camino está en buenas condiciones, durante dos horas y 20 minutos no hay señal.
Detalló el creador de la propuesta, Javier Torres al asegurar que esa situación la aprovechan los delincuentes, además, si hay percances automovilísticos no se puede solicitar auxilio de manera inmediata y en ese lapso, muchas vidas se van de las manos.
Por otro lado, después de varios exhortos del diputado petista, José Luis Figueroa, la Comisión de Seguridad del Congreso, leyó un dictamen para declarar improcedente la petición de que el procurador, Arturo Nahle García acuda a comparecer ante los diputados, para explicar por qué la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) por sus siglas en inglés, colabora en la elaboración de la Ley Estatal de Víctimas.
Aunque estaba listo para ser aprobado el dictamen de punto de acuerdo para exhortar al titular de los Servicios de Salud (SSZ) a garantizar la Ley del Expediente Clínico Universal, por una reserva del legislador del PRI, Héctor Pastor se regresó a comisiones.
Divorcio administrativo no pretende deshacer familias
A la par de la sesión, el diputado panista, Luis Acosta Jaime dio una rueda de prensa para asegurar que su iniciativa de divorcios por la vía administrativa para agilizar el trámite no pretende desintegrar familias ni contribuir a ello.
La semana pasada el legislador hizo la propuesta en una sesión del Congreso, a lo que algunos sectores reaccionaron entre ellos el obispo, Sigifredo Noriega quien consideró que se promovería la desintegración familiar.
Acosta negó esa intención, dijo que sólo pretende adecuar la ley a las necesidades de la sociedad.
