El 1 de febrero de 1823, desde Casa Mata, Veracruz, el comandante José Antonio Echávarri lanzaba un pronunciamiento exigiendo la convocatoria a un nuevo congreso constituyente “por la falta de representación nacional, único baluarte que sostiene la libertad civil”. Las provincias habían perdido su confianza en la asamblea nacional, pero sería su decisión mantener a los representantes o realizar nuevas elecciones para diputados. El Plan de Casa Mata rápidamente fue circulado y suscrito por la mayoría de las diputaciones provinciales. No desconocía a Agustín de Iturbide ni llamaba a cambiar la forma de gobierno monárquica constitucional. En su artículo 10 estableció que el ejército nunca atentaría contra la persona del emperador. Las fuerzas armadas que manifestaran su respaldo, rendirían su juramento solemne para “sostener a toda costa la representación nacional”.
Las horas del Imperio Mexicano y del propio Iturbide estaban contadas. El Plan de Casa Mata fue firmado en unas cuantas semanas. Las discusiones que tuvieron los integrantes de las diputaciones provinciales sobre su adhesión estuvieron tensadas por la determinación de mandos militares quienes se habían decidido por exigir una nueva representación nacional. En tal sentido, desde la ciudad de Guadalajara, Luis Quintanar llamó a sumarse al Plan y junto con su órgano provincial, sentaron un precedente. En Zacatecas, su diputación no estaba del todo convencida, sin embargo, tras conocer la posición de Guadalajara, se sumaron al llamado de Echávarri. Además de exigir una nueva convocatoria a un constituyente nacional, el Plan de Casa Mata reconoció en las diputaciones provinciales el máximo órgano de autoridad de las provincias.
Varias lecciones se desprenden de esto: la soberanía radicaba en las provincias a través de sus diputaciones. En esos momentos de fractura del Imperio Mexicano la soberanía se había fragmentado. Las pugnas entre el emperador y el congreso general llegaron a su límite cuando aquel ordenó su disolución. Las reacciones fueron de desaprobación y algunas diputaciones, como la de Nueva Galicia, acordaron no acatar orden alguna que viniera de las autoridades imperiales.
Si el Reglamento provisional del Imperio, publicado en diciembre de 1822, reconocía que la nación mexicana era libre, independiente y soberana, a partir de Casa Mata las provincias reasumieron la soberanía de sus territorios. Este fue el principal elemento de ruptura con la Constitución de 1812 y con el Reglamento imperial. Provincias soberanas reconociendo su estado de naturaleza para darse con entera libertad e independencia, su forma de gobierno.
Entre febrero y junio de 1823 se dio un proceso revolucionario desde las provincias. Una revolución territorial y política. En esos meses, las provincias pasaron de ser autónomas a ser soberanas; algunas, como Zacatecas, se declararon entidades libres. En esos meses en el territorio nacional estaba asentada la estructura federal con 23 diputaciones instaladas administrando sus territorios. El federalismo quedaba dibujado en 1823. Las voces por la república se multiplicaron: una confederación de entidades hermanas sería la imagen que a partir de entonces se divulgaría en la opinión pública.
Baste conocer este fragmento escrito desde las prensas de Guadalajara en 1823: “Ilústrese al pueblo sobre todos estos puntos, expláyese con sencillez las ventajas de la democracia federada o constitución, y demuéstreseles con mucha claridad los vicios, defectos y contingencias que presenta la monarquía y entonces dirán a una voz los pueblos todos, viva gobierno tan benéfico, pues sabemos por sólidas razones que nos han convencido que la democracia solo hará nuestra felicidad”.
