El año 2013 pasará a la historia como el año en el que se aprobaron siete reformas que de acuerdo al discurso, permitirían mejorar el crecimiento del país. Estas reformas son: 1) educativa; 2) telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, 3) laboral, 4) financiera, 5) energética, 6) hacendaria y de seguridad social y 7) político electoral. Pero no cabe duda que también se pasa a la historia por el mal desempeño de una economía, pues aun a pesar de que las agencias calificadoras internacionales Standard & Poor’s y Moody’s, en aparente congruencia con dichas reformas, aumentaron la calificación de la deuda soberana de México de BBB a BBB+ en diciembre de 2013 y de Baa1 a A3 en febrero de 2014, respectivamente; en el primer trimestre de 2014, la economía mexicana no presenta mejoras en sus principales indicadores macroeconómicos: el crecimiento del PIB sigue siendo magro, los niveles de empleo formal no presentan aumento, los salarios en el país permanecen estancados y el comportamiento con el exterior no muestra signos de mejora ante la falta de una recuperación sólida de la actividad económica mundial, principalmente de la de Estados Unidos.
La mayor diferencia que se aprecia en los últimos meses en el país, es la que genera el riesgo en la estabilidad del sector financiero, derivada principalmente de la incertidumbre sobre la normalización de la política monetaria de Estados Unidos y de la perspectiva de un crecimiento global moderado, como esta semana se anunció. Manteniendo así vigente la posibilidad de que choques externos agraven la situación en el país. Ante esta situación el Banco de México plantea tres ejes fundamentales para hacer frente a la volatilidad financiera que amenaza en el entorno global: 1) una implementación adecuada de las reformas estructurales. En particular, la reforma financiera, que dota a las autoridades de instrumentos para hacer más fuerte y solvente al sistema financiero, y los cambios en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) derivados de la Reforma Hacendaria, que pretende otorgar mayor confianza a los inversionistas respecto a la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo. 2) Consolidar y mantener la estabilidad macroeconómica. Lo que implica seguir con el tipo de cambio apreciado, la inflación controlada y un sistema bancario bien capitalizado como hasta hoy, que incluso supera la normativa de los criterios de Basilea III. 3) Mantener las reservas internacionales en un nivel adecuado y también la Línea de Crédito Flexible del FMI para hacer frente a una posible reversión de los flujos de capital. Al respecto, tenemos que el saldo de las reservas internacionales se encuentra en su nivel máximo histórico, y la Línea de Crédito Flexible contratada con el FMI se mantiene.
Como se puede apreciar, los intereses del sistema financiero se siguen presentando como prioridad nacional, la aprobación de la nueva reforma financiera lo comprueba. Se supone que ésta vendría a ser la panacea a los problemas del país, mediante la promoción de la actividad crediticia, tanto del sector privado como del crédito que ofrece la banca de desarrollo, mediante la dotación a las instituciones financieras de las herramientas necesarias para llevar a cabo de manera más eficaz sus tareas. Para lo cual, el Gobierno mexicano modificó el marco jurídico mercantil a fin de agilizar los trámites dentro de los juicios mercantiles, ofreciendo con ello certidumbre para los plazos de conciliación e inclusión de los mecanismos tecnológicos novedosos, con la finalidad de que los inversionistas y los acreedores tengan la certeza de que su deuda será pagada.
Las principales modificaciones acordadas al régimen de las resoluciones bancarias responden al interés de otorgar a las autoridades financieras atribuciones legales definidas y suficientes para lo siguiente: i) actuar con rapidez, ii) llevar a cabo resoluciones oportunas y efectivas y iii) coordinarse eficientemente con el resto de las autoridades a fin de constituir una red de seguridad eficaz para el sistema financiero. Amén de también ofrecer normas novedosas para fomentar la seguridad al interior de las instituciones. Como ejemplo se tiene la posibilidad de gestión electrónica de los procesos de liquidación. Medidas que sin duda fortalecen el régimen corporativo de las agrupaciones financieras, y fomenta que los grupos financieros cuenten con una estructura más sólida en cuento al establecimiento de principios y normas de organización mediante la integración de los órganos jurídicos en el país.
Con estas medidas se intenta evitar el surgimiento de problemas financieros severos por causa de los problemas de insolvencia en el país, ¿pero qué no los problemas de insolvencia en el país se originan por la falta de ingresos necesarios que permiten a los deudores cumplir con sus compromisos de deuda? En este sentido lo que se debe atender con mayor interés es el bajo nivel de ingreso tanto de las empresas nacionales, como de los consumidores, quienes más allá ver incrementados sus ingresos, resienten un menor otorgamiento de créditos por parte de la banca comercial en los últimos meses, amén de unas sanciones cada vez más severas ante la incapacidad de poder hacer frente a sus obligaciones financieras. ■
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