El terrorismo de Estado hace referencia al ejercicio de la violencia sistemática perpetrada por el Estado contra la sociedad civil. Tiene como objetivo intimidar, controlar o eliminar a grupos políticos particulares. Es de su naturaleza el llevarse a cabo en gobiernos autoritarios y represivos en nombre de la seguridad nacional. Se ejerce a través de detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada, violencia psicológica, física y otros medios represivos. El terrorismo de Estado busca infundir miedo, desestructurar la colectividad y debilitar el tejido social, así, el Estado utiliza sus herramientas de control, contención y represión.
Para el gobierno actual, el año de la paz se construye a través de “acciones que difunden valores y principios de paz en los distintos segmentos de la sociedad zacatecana”. Además, se pretende construir la tranquilidad en Zacatecas como tarea de todas y todos con una participación activa de la iglesia católica. La agenda de la paz “es un llamado a la acción, una invitación a cada individuo y sector de nuestra sociedad a participar activamente en la construcción de un entorno donde la convivencia pacífica y el progreso sean la norma”.
El proyecto del año de la paz, presentado el 13 de febrero de este año, atiende a la intención final de pacificación. La contradicción del uso de esos términos reside en no dar a conocer qué están entendiendo por este concepto. La pacificación la están construyendo a través de silenciar, borrar y reprimir las manifestaciones de inconformidad de la sociedad civil. La recuperación del derecho a la felicidad de los zacatecanos, a partir de medidas desesperadas por mantener un silenciamiento en el ámbito social, convierte a cualquier manifestación una muestra fehaciente de que esa paz no existe. Por ello, la disolución, escarmiento y represión inmediata por parte del gobierno, como lo ocurrido en el #8M.
Así, el gobierno zacatecano nos demuestra que ha entendido la acción de pacificar como la inclusión y el uso de elementos policiacos en este proceso. No es a través de políticas sociales de inclusión, justicia o equidad que se plantea llevar a cabo este proyecto, sino, a través de una militarización del espacio y el uso activo de la fuerza policiaca. En un territorio sumamente militarizado, como lo es Zacatecas, el uso del espacio público como acción política tiene como respuesta estatal generar un clima de terror, desconfianza y disuasión a las mujeres y niñas que participan, activamente o no, en las actividades de protesta y resistencia.
Es en este contexto donde la apología de la violencia por parte del gobierno de Zacatecas, en un discurso anterior a la movilización del #8M, no hizo más que criminalizar la protesta feminista y, durante y después de la marcha, a través de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, una clara intimidación física y psicológica y otras medidas autoritarias, llevó acabo sus amenazas.
Cuando la lucha legítima de la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas es atravesada por la violencia criminal en sus dimensiones políticas, sociales y culturales, afecta a las mujeres un terror más: ser víctimas directas de ésta violencia criminal. Las desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas y los feminicidios se han convertido en una posibilidad cotidiana. Entonces, ¿qué pasa cuando las fuerzas policiacas infunden miedo, terror y angustia a las compañeras con estas alusiones? El terror patriarcal cobra cuerpo y cara: las fuerzas del Estado.
Para el gobierno de Zacatecas, el movimiento feminista atenta contra la construcción de paz; una construcción patriarcal, violenta y jerárquica; una construcción de paz hecha por y para lxs de arriba; una construcción de paz donde la comunidad no entra, no cabe, no tiene voz porque se ha convertido en lxs nadie. Para este gobierno, las mujeres que protestan se convierten en criminales que atentan contra la seguridad del Estado y, como grupos criminales, no hay otra salida más que el uso brutal de la fuerza. Niñas gaseadas, mujeres golpeadas, intimidades violadas, y un terror colectivo que pretende desmovilizar las ideas feministas. La construcción de paz, desde un sistema que nos odia, no puede permitirse un desafío a las estructuras de poder patriarcales y de dominación masculina. Una vez más, el gobierno en turno demuestra entender a la política como el uso de los aparatos estatales para la élite dominante.
La criminalización del movimiento es una estrategia clara para deslegitimar y reprimir la protesta social y política. La justificación por parte del Estado del uso brutal de la fuerza como respuesta a las provocaciones de las compañeras, limita la apropiación del espacio como lo político, la construcción de redes de apoyo, el ejercicio de la democracia y el uso del cuerpo como actor político principal. El espacio público nos ha sido históricamente negado, la violencia física y simbólica de quitarnos de estos espacios re-apropiados alude a objetivarnos a través de la violencia: nos convertimos en cosas invisibilizadas, las plazas públicas dejan de pertenecernos porque manchamos la imagen pacífica construida por el gobierno.
Por último, nos resulta sumamente importante recalcar la magnitud de los hechos ocurridos. No es poca cosa lo acontecido, no es poca cosa el uso indiscriminado de la fuerza para amedrentar a madres con sus hijas, niñas, mujeres con discapacidad y mujeres de la tercera edad. Es un hecho insólito la manera en la que decidieron reprimir esta protesta. Por ello, es imprescindible referir la violencia simbólica y física de la que tanto activistas como participantes fueron víctimas. Asimismo, la nula respuesta por parte del gobierno simboliza una complicidad con la violencia sistémica que nos acontece. Esta inacción está muy lejos de garantizar la seguridad y protección a nuestros derechos, por el contrario, representa una violación a los mismos. La falta de voluntad política que el gobierno en turno ha demostrado, nos deja un sentimiento desesperanzador: esta negligencia representa el odio sistemático por las demandas legítimas del movimiento feminista de Zacatecas, y además, representa la centralización patriarcal del poder.
