La dependencia del precio del petróleo en el presupuesto federal ha generado una importante disminución en la capacidad inmediata de gasto para 2016. La proyección de ingresos calculó el precio del petróleo en 55 dólares, y apenas inicia el año y ya van 24 dólares perdidos por cada barril. Es impresionante la pérdida. Las opciones para responder a esta disminución no son muchas: si hay pocos recursos se deben aumentar los ingresos, disminuir el gasto o pactar más deuda. También está la posibilidad de emitir un poco de circulante de modo artificial, pero el dogma contra la inflación monetaria está descartado de inicio, porque la vinculan automáticamente a la inflación de precios, es decir, creen que más circulante hará aumentar los precios al consumidor y al productor. Lo cual no es exacto, pero el dogma así lo establece. Así que las posibilidades reales son esas tres. Nos parecería razonable pensar en una estrategia combinada donde se aumentaran los ingresos y se racionalizara el gasto en excesos y privilegios: actualmente el país recibe ingresos fiscales por el orden de 11 por ciento equivalente al PIB, cuando en otros países de América Latina es del triple. Así que no es descabellado apostar a una reforma fiscal verdadera y cobrar impuestos al gran capital, que ahora mismo está eludiendo su responsabilidad a partir de estrategias tramposas como la llamada Consolidación Fiscal (que la reforma del 2014 sólo maquilló). Sin embargo, Gobierno Federal no toma esta ruta, que es más justa, segura y de sanidad financiera a largo plazo. Sino que va por el torpe dogma de disminuir el gasto público con ajustes sucesivos. Y al hacerlo, pueden hacer cíclica la recesión: eliminan recursos a la inversión que activa la economía y despiden personal que mantiene la demanda agregada (compradores). Es decir, nos meten en una espiral hacia abajo. En la crisis de 1929 en Estados Unidos, salieron de dicha crisis porque desde el Estado se activó el gasto público en la creación de empleos y el aumento de la compra. Aquí hacen justo lo contrario, con la debacle de miles de familias mexicanas. Se requieren recursos por el equivalente a 6 por ciento del PIB, ¿todo lo van a ajustar con recorte? ¡Será una carnicería económica!
En el caso del recorte al gasto de la administración federal, en una parte importante de las secretarías, se les ordenó cesar a 20 por ciento de la nómina. ¿No es más racional, si se quiere ahorrar, eliminar los privilegios primero? Los salarios estrambóticos de altos funcionarios deberían ser los primeros en ajustarse, además de los gastos no justificados como el recién aumento de las prerrogativas a los partidos políticos. A la nata privilegiada de la clase política no se le afecta, sino a las familias trabajadoras. Es completamente irracional esa medida de ahorro. Así las cosas, tenemos en esta receta de ajuste, no sólo torpeza macroeconómica (que en realidad es la conservación de los privilegios fiscales de grandes consorcios), y el recorte del gasto dirigido a la inversión (que hace crecer la economía) y a las familias trabajadoras de Gobierno Federal. En una palabra, el ajuste deja ver quiénes se protegen: los ricos y la clase política. La lucha de clases retoma realidad.
