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viernes, 3 mayo, 2024
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Varios funcionarios en Rectoría de la UAZ llevan 20 años en el cargo: profesor

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

■ Es una de las principales irregularidades en la administración de la institución: Álvarez

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■ La asignación de cargas de trabajo no se conduce de forma adecuada, otra anomalía, dice

 

Una de las principales irregularidades en la administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), es que varios de los funcionarios de la Rectoría llevan aproximadamente 20 años en los mismos cargos y la comunidad no se ha dado cuenta “que la forma como se ha conducido esta institución no ha sido la correcta”, afirmó José Antonio Álvarez Pérez, docente de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Si la reestructuración administrativa de la UAZ implica dejar de contratar a amigos, parientes o conocidos con quienes se tienen compromisos políticos, entonces los funcionarios no durarían 20 años en un cargo.

Por el contrario, dijo que si la situación continúa igual y nadie asume la responsabilidad de cambiar esos vicios, entonces “los problemas no son tan graves como para darle a alguien 20 años en un puesto administrativo”.

Aunado a esa situación, expuso que los profesores y trabajadores apenas comienzan a darse cuenta del significado que tiene el hecho de que la Universidad no pague la seguridad social, o que no depositan los montos correspondientes a las cuentas individuales para su futura pensión.

Álvarez Pérez indicó la necesidad de que las cuentas individuales sean abiertas, se les depositen los recursos y que una persona sea la responsable de calcular los intereses y los rendimientos para que ese tema esté al corriente.

Incluso aseguró que la deuda de la Universidad ya no es solamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sino que también es con los trabajadores universitarios, precisamente porque no se han abierto ni depositado los recursos a las cuentas individuales.

“Ya no solamente le adeudan al ISSSTE, que era el que se hacía cargo de las pensiones. Ahora le deben al trabajador, porque éste va a depender única y exclusivamente de su cuenta para su jubilación y pensión”, explicó el también ex coordinador de Finanzas de la UAZ.

Otro problema que no se conduce de forma adecuada, expuso Álvarez Pérez, es la asignación de las cargas de trabajo, pues ese proceso no se realiza con base en la aplicación de la normatividad, lo que significa que se deben generar las condiciones para respetar lo establecido en los Contratos Colectivos de Trabajo y la Ley Orgánica.

En ese aspecto, algo que no se respeta es que los únicos motivos que justifican grupos de menos de 35 alumnos, es que sea único en determinado programa, o que la capacidad física no lo permita.

Sin embargo, “lo que hacen los directores es partir los grupos para que haya la materia laboral suficiente para todos. Por ejemplo, si hay un grupo con 30 alumnos, entonces lo que hacen es abrir tres con 10 estudiantes. Si la situación permanece así, entonces los maestros generan derechos para que sea susceptible de basificación, aunque no haya con qué”, expuso.

Puntualizó que esos aspectos que están regulados en el Contrato Colectivo de Trabajo, como el número de horas frente a grupo para todos los universitarios independientemente de grados académicos, así como el número de alumnos  por grupo, “daría un ajuste natural a la plantilla de docentes”.

Álvarez Pérez señaló que esos son ejemplos de aplicación de la normatividad y cuyo resultado daría condiciones para concretar un reajuste natural de la plantilla de docentes en los diversos niveles.

“Pero si no se hace y no se tiene voluntad por dejar de ser populares de manera positiva, entonces la Universidad está condenada a que en un momento determinado venga un ajuste de fuera, porque no tiene salida económica y no es un problema meramente monetario, sino es un asunto político”, indicó el ex funcionario.

De implementarse esas medidas, advirtió que los trabajadores de la UAZ tendrán qué justificar su estancia en la institución y su desempeño en las funciones para las cuales fueron contratados.

Es decir, si hay alguien que realiza funciones que no corresponden a lo que establece la norma, “tendrá que darse un ajuste natural en todos los aspectos. Si las condiciones tienen que ser modificadas, sería para desempeñar otras funciones y adecuarlo a la realidad, pero por lo pronto tenemos normas y están en papel, además de que al aplicarlas dan salida y solución en parte importante”, concluyó Álvarez Pérez.

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