En las últimas semanas se han condensado una serie de acciones, que en su conjunto, han logrado posicionar la agenda de los derechos humanos, en aquel primer plano exigido desde hace años por quienes pedían declarar la situación que atraviesa nuestro país como una “emergencia nacional”, (que incluía un “plan de choque”).
Reconocimiento todavía hoy restringido, por quienes han preferido privilegiar estrategias de guerra, y de simulación, mientras la “crisis de derechos humanos”, se convertía en ese Terror, horriblemente “real”, que los sucesos de Ayotzinapa, han terminado por exponer.
Finalmente, y, “es mérito de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional”, lograr (parcialmente aún) derrumbar “el muro”, formado por la representación -con anclajes profundos-, con que aceptábamos –o, seguimos aceptando- como inevitable esta “pesadilla”.
De la imposibilidad de ejercer esos derechos humanos, demostrado una y otra vez en los encuentros de los familiares de las víctimas, saltamos al grito de indignación en las calles y plazas, con todas sus reverberaciones, resonancias, impases. Hemos transitado por diversos momentos en que el conflicto ha sido abiertamente afirmado por las propias familias-víctimas, y por quienes -solidarizándose con ellos-, les acompañan, situando así (al conflicto) como el principal vector de una transformación profunda que comienza a puntear nuestro horizonte histórico. Construirlo como “ruptura democrática” es una tarea política inmensa, cuyo contenido habría que elucidar, cuantas veces sea necesario.
La captura y búsqueda incesante de formas de reconstruir performativamente las protestas, para reducirlas a imagen y semejanza del régimen actual, dividiendo, introduciendo jerarquías, canalizándolas hacia un marco jurídico que luego se volverá una ulterior maquinaria de exclusiones, y divisionismos, etc., debe ser evitada. Asumiendo como problema abierto, los modos de recombinar formas de horizontalidad, y verticalismo, en una nueva institucionalidad. Y experimentado con estrategias de comunicación política que nos permitan ganar la batalla por la construcción del sentido.
En positivo, constatamos resistencias, desbordes, que hacen pie -y lo crean- en el imaginario político propio de una verdadera democracia, donde, por ejemplo una exigencia central del concepto democrático de los derechos humanos, la de que cada hombre tiene derecho a la participación democrática, implica aceptar el consecuente cambio definitivo de este orden –irracional- realmente existente, junto con la responsabilidad para actuar en consecuencia.
Desembocamos en una situación inédita: la descomposición del imaginario social dominante, modelado por los grandes medios de comunicación masivos, y, por ello, refractario a la verdadera democracia, mientras irrumpen nuevas significaciones sociales, ligadas al reconocimiento de la “crisis de los derechos humanos”, diagnosticada como tal dentro de una constelación compleja de actores -y circunstancias-, ( sin perder de vista, que, por ello mismo, habría que volver a pensar la articulación de la norma jurídico penal, los derechos humanos, y la hegemonía sistémica del poder económico, desde la perspectiva de la razón neoliberal).
Pero, sin duda, lo fundamental, es que entre las bifurcaciones que se abren frente a nosotros: vemos -ya- trazado, un escenario que solo puede ser producido por una democratización radical. Subrayemos que ésta puede cristalizar, sí y solo si, logramos articular un verdadero movimiento democrático, capaz de reforzar un conjunto de disposiciones constitucionales y de ejercer efectivamente nuestras libertades individuales -lo que hoy llamamos derechos- (Castoriadis).
El tercer momento, dicho, con el título del documento entregado al Congreso, “Lo que debe contener la ley general de desapariciones…” se ha superpuesto rápidamente a lo que puede ser un “tour de force”, donde el sujeto político central más importante, es, a mi juicio, una ciudadanía que tiende a identificarse con estas exigencias por la justicia y por la verdad, (por el “derecho a tener derechos”), mediante procesos de subjetivación más o menos abiertos a una posible ruptura democrática, capaz de desbordar la geometría política habitual, y de instituir –una vez más- las pasiones democráticas por los asuntos comunes.
Es evidente, que son actores especialmente relevantes, los organismos internacionales vinculados al derecho internacional de los derechos humanos: la ONU, la CIDH, la CoIDH, a las que algunas ONGs, junto a todo el tejido asociativo vinculado a los derechos humanos que existe en México, especialmente a las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, y de otras familias-víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Pero, nada se logrará, si no profundizamos en los “efectos de despolitización” de los DH, clarificando algunas de las propuestas arriba exploradas
¿Cómo podemos aprovechar el kairos, que se abre en la actual coyuntura? Como escriben Sergio Aguayo… es fundamental “mantener la presión sobre el Estado. No podemos no debemos claudicar […] En la medida en que lo logremos estaremos golpeando de frente a la impunidad…”, y Denise Dresser debemos…“echar a andar esa maquinaria moral colectiva oxidada y en desuso”. ■
Necesitamos ser mayoría.
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