El año pasado surgieron importantes iniciativas para lograr propuestas al problema que empantana todos los aspectos del desarrollo del país: la corrupción. Según nos dicen las mediciones más pesimistas, esta lacra cuesta a la nación el equivalente a 10 por ciento del PIB; es decir, una cifra monumental. Y no sólo el costo económico, sino su constitución en obstáculo u omisión en la realización de acciones determinantes para el desarrollo humano del pueblo mexicano. En suma, remediar el mal que impide la realización de esta nación es vital. En ese sentido se logró avanzar en la generación de una Ley General para crear el sistema nacional anticorrupción, y ahora la sociedad civil desde muchos frentes, apoyada de diversos centros académicos impulsan una Ley General de Responsabilidades Administrativas para obligar a todos los servidores públicos a transparentar su situación patrimonial antes y después de ejercer su puesto, a garantizar que no tiene conflicto de intereses, y a mostrar su situación ante el fisco. Y no solamente, la realización de las tres declaraciones en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado, sino la implementación de un sistema de sanciones que castigue a los servidores públicos que incurran en mentiras u ocultamientos en dichas declaraciones y en irregularidades en sus funciones.
Es común que se diga a la prensa que hay leyes para combatir la corrupción, pero sólo falta que éstas se cumplan. Pero eso no es cierto: hay vacíos legales enormes para construir los mecanismos que impidan la ocurrencia de la corrupción. Si hay corrupción es porque es posible que haya. Y si la posibilidad de que ocurra es grande, significa que los cuerpos normativos están incompletos y son imperfectos. Por ello, la Ley General de Responsabilidades, o conocida como la Ley 3 de 3, viene a cubrir una parte importante de esos faltantes. Y será respaldada por 120 mil firmas de ciudadanos, para que se ingrese al congreso de la unión como iniciativa popular. Es muy importante que se garantice el apoyo ciudadano a la iniciativa para que la clase política, representada en las cámaras legislativas, tenga la presión suficiente para su aprobación. Es notoria la oposición de ciertos grupos y fracciones partidarias a dicha iniciativa porque saben que detendrá el motor de su acumulación de poder político abusando indebidamente del poder público.
Invitamos a todos nuestros lectores que busquen en Internet la forma de emitir su firma a la iniciativa 3 de 3, y refuercen la lucha contra el mal del siglo: la corrupción. Después de concluida la Revolución Mexicana, se acuñó un verbo para hacer referencia a actos de abuso y de corrupción: Carrancear. Por tanto, la iniciativa popular 3 de 3, es para evitar que en este país sigamos carranceando. Porque es posible disminuir al mínimo esta nefasta práctica, que nos negamos a calificar de cultural. Recordemos: 3 de 3 para dejar de carrancear.
