El gobierno de Peña Nieto y el PRI están movilizando sus piezas para levantar una muralla que los proteja de las medidas que puedan amenazar la maraña de la corrupción actual. ¿Proteger la corrupción? ¡Ni más ni menos! Resguardando los intereses que se ven beneficiados en la múltiples prácticas ilegítimas que se operan desde el Estado. Evitar que se instale con efectividad un Sistema Nacional Anticorrupción: levantar murallas para que sea imposible que pase la iniciativa de transformar los dispositivos que evitan la proliferación de las prácticas de corrupción, que se ha trabajado durante meses por parte de organismos civiles, académicos y algunos actores políticos en el Senado.
La punta de la estrategia es eliminar la efectividad de la Ley General de Transparencia, que se viene trabajando en los últimos cinco meses, y que logró congregar a la inteligencia nacional y a un colectivo de ONG’s que han trabajado durante años el tema y sin duda tienen muy calibradas sus propuestas para cambiar la arquitectura de las instituciones de control interno y externo del gasto y las acciones de gobierno. Es preocupante que en la propuesta de esa Ley, los duendes del PRI cuelan tres propuestas que la hacen naufragar: eliminan el propio principio de máxima publicidad, que equivale a aprobar una Ley sin alma, ya que aniquila la obligación de las diversas dependencias de documentar todos sus actos, y lo más grave: posibilita que con la mayor facilidad los funcionarios declaren ‘como reservada’ su información. También un agregado de la máxima trascendencia: eximir de la Ley de Transparencia los temas relativos a la explotación del petróleo; como remate al plande saqueo de los recursos nacionales. Con estos agregados enviados por Los Pinos, destruyen las buenas expectativas que había en un tema que es esencial o angular en la estrategia general para combatir la corrupción: la transparencia.
Pero las cosas no quedan ahí: al eliminar esa pieza clave, derrumban la posibilidad de éxito del llamado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Pera decapitar al SNA, aparte de quitar del camino la transparencia, reviven a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que realice, en los próximos cuatro meses, la labor de legitimar a los gobernantes cuestionados. Seguramente serán apoyados por una maniobra mediática montada en la sincronía de las dos grandes televisoras. Peña se cuida de no tocar la Ley de Responsabilidades que actualmente le garantiza impunidad. La cosa ahora será desactivar los nudos neurálgicos de la propuesta muy avanzada del SNA. ¿En qué consiste esta propuesta? Pues lo más importante son tres rasgos esenciales: (1) se proyecta una estructura que posibilita la vinculación de una sociedad civil empoderada con acceso a información pública, y así, logre vigilancia social a las acciones gubernamentales. Para realizar esta meta se establece el llamado “comité ciudadano para la ética pública” que tiene la misión de promover la instalación de observatorios ciudadanos que formulen denuncias y propongan políticas públicas. (2) Se cambia la normativa de la SFP en materia de auditoría e investigación (control interno), y a sus titulares se les nombra por 2/3 de la Cámara de Diputados. En cuanto a los órganos externos, se proponen dos organismos que operen con absoluta independencia del Ejecutivo: la Auditoria Superior de la Federación (con otras facultades), y la fiscalía especializada contra la corrupción, que se nombra por 2/3 del senado. (3) El tercer eje es la creación del Tribunal Federal de Cuentas, con amplias facultades de sanción, de tal manera que aspire a disminuir la impunidad absoluta en la que vivimos. Al final, se pretende reproducir esta estructura en los otros dos niveles de gobierno.
De llevarse a cabo esta propuesta sería un avance importante en la lucha contra la corrupción, pero justamente el PRI y Peña están actuando para descarrilar dicho avance en estas semanas. Con la Secretaría de la Función Pública rehabilitada, podrán dar largas o meter en la congeladora la iniciativa de reforma aquí presentada. En vísperas de jornada electoral será difícil que Peña logre mayorías en las cámaras, pero ya se preparó para pasar de largo este periodo. Y por ello, la pregunta es, ¿cuál será la correlación de fuerzas después de julio? En este trance, el posicionamiento de Morena puede ser el elemento desequilibrante respecto a los escenarios tipo Pacto que tuvimos con las llamadas reformas estructurales pasadas. Si el PAN sostiene su propuesta del SNA, y se logra posicionar Morena, es muy probable (en este punto específico) que se generen las condiciones para saltar la muralla del PRI-Peña en torno a la protección de la corrupción. Pero como en toda vida política, nos movemos entre posibilidades. Y la mejor de las posibilidades la dará la presión que salga de la sociedad civil organizada, y que hoy mismo está cada vez más inconforme e indignada por los brutales atropellos de esta clase política que se ha olvidado de la nación. ■
