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viernes, 20 mayo, 2022
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En el nombre del progreso

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Por: LUCÍA MEDINA SUÁREZ DEL REAL •

La administración que apenas comienza tiene como principal empeño parecer diferente. Busca a toda costa distinguirse de su antecesor, desmarcarse de la mayoría de los principales alfiles del mismo, y hacer notorio que todo ha cambiado (aunque sea para no cambiar).

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A casi dos meses de iniciado el quinquenio, poco apunta para ser diferente en el fondo de los asuntos.

Una de las cosas que distinguió al gobierno pasado –además del desmesurado gusto por coronar reinas- fue la política de buscar apalancarse en la minería y en las grandes empresas para impulsar la creación de empleo y el desarrollo económico de la entidad.

Los resultados están a la vista; la creación de empleos resultó inferior a la meta trazada por ellos mismos en el Plan Estatal de Desarrollo, y los pocos que se hicieron se caracterizaron por condiciones tan precarias, que durante el sexenio se llevaron a cabo varias huelgas y conflictos laborales en las que resultaron perdedores casi siempre los trabajadores.

En Triumph, en Grupo Modelo, y en las propias mineras se denunció que se les obligaba a realizar una sobrecarga de trabajo debido al recorte de personal, y porque los empresarios encontraron que con un empleado podían hacer lo que anteriormente hacían dos; también supimos de acosos y hostigamientos, e incluso de violaciones a las derechos humanos de los trabajadores pues no se les daba atención médica cuando se lastimaban en el trabajo (como denunciaron los de Triumph).

Ante todo esto, el gobierno de Miguel Alonso Reyes siempre privilegió a las empresas, y con eufemismos de sobra, encontró una y otra vez la manera de justificar su orden de prioridades, en nombre del “desarrollo” la “estabilidad económica”, la “productividad” y la “competitividad, y jerga por el estilo.

Con el gobierno que recién inicia las cosas no se ven muy diferentes, y si acaso lo son, se ven peor.

En apenas dos meses de haber tomado posesión ya queda de manifiesto que seguirá priorizándose a los señores del dinero por encima de lo que se les atraviese.

En el conflicto entre transportistas y ejidatarios con la minera Peñasquito en Mazapil, quedó en evidencia que había más preocupación por tener contentos a los empresarios, que por proteger a los manifestantes o cuando menos por permanecer neutrales en la disputa. Apenas salió el gerente general de la empresa a dar una rueda de prensa con el chantaje de que cerraría, y en menos de 24 horas ya estaba personal de Gobierno del Estado encabezando un operativo de desalojo con tan funestos resultados, que el asunto tuvo que ser resuelto con intervención del gobierno federal.

Ahora, en un conflicto que se arrastra desde el sexenio pasado, han quedado también claras las preferencias del gobernador.

La iniciativa del delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Julio César Nava de la Riva por reservar dos millones 577 mil hectáreas como zona protegida, no cayó simpática entre los empresarios mineros que vieron la posibilidad de perder proyectos de exploración, 66% de los cuales se encuentran en el semidesierto zacatecano que se buscaba conservar, de acuerdo a las cifras de Federico Guzmán, doctor en Estudios del Desarrollo que participó en el programa Synergia de La Jornada Zacatecas.

El temor por ver frustradas sus intenciones de obtener ganancias de ese territorio zacatecano tan rico, hizo que los mineros  buscaran a toda costa detener el decreto de protección haciéndose valer de su poderío mediático y financiero a nivel nacional (y más allá) con desplegados, declaraciones, llamadas e incluso reuniones en distintos niveles.

En ese contexto, y en nombre del desarrollo y del empleo, el Gobierno del Estado no tuvo el menor pudor en apoyar a las mineras y consentir en todas sus exigencias, a cambio de permitirse sugerir un tímido y paupérrimo impuesto ecológico estatal que les permita recaudar recursos y dar consuelo a quienes reprochen el trato privilegiado para ese sector empresarial.

El asunto está por definirse, no obstante, ya quedó confirmado que por muy diferentes que se hagan llamar, se mantendrá la actitud dócil que ya hemos visto antes frente a los grandes capitales que amenazan con que sin ellos no hay empleos ni desarrollo económico posibles.

En ese tenor, que se cuiden las universidades, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores y la ciudadanía en general, porque la idea de que en aras del “progreso” todo –incluido el planeta mismo- debe de adaptarse a lo que los empresarios requieran pinta para ser la tesis del sexenio.■

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