México: más allá de la captura del estado y la polarización social” es el título de un libro que contiene un informe del Banco Mundial 2006 (BM), que intenta explicar las causas de que la transición de nuestro país a la democracia en ese momento ya se había estancado. Hace una década, siendo diputado federal, recibí una invitación de la representación del BM en México a participar en la presentación del libro en la capital de nuestro país. De entrada, el título del trabajo me llamó la atención porque no era cualquier cosa que esa institución planteara la tesis de que uno de los factores causales era que partes significativas del Estado mexicano habían sido capturadas por intereses particulares, los cuales se habían constituido en el principal obstáculo al desarrollo del proceso transicional.
El fin de la existencia del sistema unipartidista y la llegada del PAN a la Presidencia de la República en el año 2000 inspiraron expectativas del inicio de una nueva etapa en la que los beneficios de las políticas gubernamentales y el desarrollo económico se compartieran más ampliamente. El estudio del BM argumenta que, en ese momento, México tenía las condiciones para comenzar su segunda transición hacia una gobernabilidad democrática efectiva que la gente percibiera en sus bolsillos, y que para lograrlo requería superar ciertos obstáculos sociopolíticos, como la influencia excesiva de grupos de interés, como los sindicatos de trabajadores del sector educativo y energético, así como algunas élites económicas que obstaculizaban el impacto pleno de la rendición de cuentas consustancial a la democrática. Sin embargo, no obstante que el gobierno metió a la cárcel a Elba Esther Gordillo, reprimió a la CNTE y mutiló gravemente los derechos laborales de los maestros, el hecho es que la transición no solamente no superó su estancamiento, sino que ha sufrido retrocesos graves aún en los ámbitos donde creíamos haber consolidado avances importantes, como en la equidad de los procesos electorales, para no hablar de la aceleración de la descomposición que se expresa en los crecientes índices de inseguridad y violencia, corrupción e impunidad, desigualdad y pobreza generados por el modelo económico neoliberal.
Lo cierto es que el diagnóstico del BM solo era parcialmente acertado, pues lo que ahora está claro es que casi toda la administración pública está colonizada por equipos organizados para transferir recursos públicos a patrimonios privados, enlazados entre si mediante redes gigantescas, cuyos nodos principales están ocupados por casi todos los titulares de los distintos poderes del Estado y sus principales colaboradores. Se puede afirmar sin temor a equivocarnos que casi no existen programas públicos donde no encontremos el mecanismo tradicional de las comisiones por el otorgamiento de contratos o concesiones, o el que se generalizó durante las administraciones panistas y ha sido llevado a su máxima expresión en la actual: se encarga la elaboración de estudios y proyectos a distintas universidades, quienes a su vez los subcontratan con empresas fantasmas que emiten las respectivas facturas, amparando jugosas comisiones para cada eslabón participante en la cadena de corrupción. La corrupción se generalizó tanto que personajes como el diputado federal del PRD (2012-2015) Luis Cházaro, presumía que era recibido en Zacatecas con bombo y platillo por un amplio grupo de presidentes municipales de los tres partidos principales, interesados en participar en la red de corrupción encabezada por los dirigentes de la tribu de los Chuchos, para que les “hiciera el favor de bajar recursos extraordinarios” para su municipio, a cambio de que ellos consiguieran facturas que amparaban cantidades muy por encima de las que realmente beneficiaron a la población. En los hechos, la red de corrupción también incluía a mandos superiores de la Secretaría de Hacienda, del Congreso de la Unión y a un amplio grupo de empresarios dispuestos a vender, literalmente, facturas falsas.
La descomposición generalizada se expresa en una realidad que nos debería avergonzar: las operaciones conocidas del gobierno federal con las empresas OHL, Odebrecht y Aldesa, ahora famosa por haber construido el tramo del paso exprés donde apareció el socavón en Cuernavaca, sólo son la punta del iceberg de la asociación criminal de prominentes empresarios con la clase política que tiene en sus manos las riendas del poder público, en los tres poderes del estado y en los distintos niveles de gobierno. Donde quiera que se investiga, emerge la corrupción a borbotones.
El problema es mayor si entendemos que la corrupción potencia la concentración de la riqueza consustancial al modelo económico y, lo que es más grave, que ello provoca que el terreno de juego en la política mexicana esté muy lejos de ser nivelado. El poder económico se traduce en influencia política por la acción de las grandes redes de telecomunicaciones, debilitando el peso relativo de la preferencia del elector promedio en el proceso político. Por todo ello debemos estar conscientes de que la condición indispensable para lograr el cambio que requerimos, es una intensa y organizada participación de los mexicanos que ya desde ahora entienden la complejidad de la tarea de elegir gobernantes comprometidos con el bienestar de las mayorías.
