Una consecuencia poco conocida de la pandemia de COVID 19 en México, fue el retraso de casi dos años en la presentación de varias iniciativas de reforma legislativa en varias materias, entre ellas la política electoral, que sigue teniendo un conjunto de normas que hace tiempo estaban maduras, como la simplificación del voto de los mexicanos en el exterior y la actualización del número de legisladores que deberían representarlos asumiendo la reciente reforma constitucional que otorgó la ciudadanía mexicana a millones de ellos, la reducción del financiamiento legal a los partidos políticos, el perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización de los gastos de partidos y candidatos durante las campañas con el propósito de impedir la participación del crimen organizado, la modificación de las formulas de asignación de los legisladores a los partidos para evitar la sobre y la subrepresentación de estos de acuerdo al número de votos que obtuvo cada uno de ellos, así como la actualización de los métodos utilizados para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y las formulas para las acciones afirmativas en la representación de minorías. La legislación está plagada de contradicciones y lagunas de manera que el INE y TEPJF con frecuencia entran en contradicción y no son pocas las ocasiones en que han violentado la libertad de expresión del propio presidente de la república.
Para ejemplificar el tipo de problemas en que estamos metidos, veamos el daño que se está haciendo al proceso electoral con la aplicación de la instrucción del INE a los partidos y coaliciones contendientes, de que en la elección de las nueve gubernaturas que corresponde elegir en 2024 las candidaturas deben ser desempeñadas por 5 mujeres y 4 hombres, independientemente del respaldo popular de las y los aspirantes, de manera que las dirigencias partidistas deberán inventar argumentos para dejar de lado el respaldo real medido por las casas encuestadoras o, si fuera el caso, el cómputo de los votos obtenidos en alguna elección primaria, para solicitar el registro de sus candidaturas. No hay duda, rechinarán todas las estructuras. Otro caso similar es el que se refiere al caso de las candidaturas a diputados y senadores, pues los aspirantes que hayan realizado el mejor de sus esfuerzos, podrán ser afectados por factores ajenos, como la definición del género, las reglas establecidas en los convenios de coalición que pueden asignar la candidatura a un partido sin especificar el nombre ni garantizar idoneidad ni competitividad.
En la iniciativa de reforma electoral de AMLO de mediados del año pasado, se proponía un sistema electoral más moderno que resuelve problemas como los mencionados, garantizando la efectividad del voto y, sobre todo, el principio de la igualdad de su valor. Se proponía sustituir el actual modelo mixto en la composición de la cámara de diputados, que define 300 de ellos por el sistema de mayoría relativa y otros 200 por el de representación proporcional, por otro en el que los 500 serían definidos mediante un sistema de 32 listas estatales integradas por un número de aspirantes directamente proporcional a su población. Cada lista contendrá hombres y mujeres alternadamente, de manera que cada partido o coalición obtendría tantas curules como se lo permita su porcentaje de votos obtenidos en la entidad, y la paridad es automática. El rechazo de los opositores a la reforma electoral propuesta por AMLO con el pretexto de EL INE NO SE TOCA, evitó también los cambios al sistema comunicacional utilizado en las campañas, así que una vez más sufriremos la tortura de estar expuestos a la tormenta de mensajes de radio y televisión en tiempos cuya brevedad impide cualquier mensaje discutible, lo que siempre conduce al hartazgo social y a la propaganda negra.
En el caso de Morena, hoy no existe claridad sobre lo que pueden o no decir los aspirantes a senadores y diputados que ya se han registrado, el plazo ya terminó, y no existe información pública sobre los distritos reservados para los partidos aliados o su distribución por género, todo lo cual abona a la especulación o, lo que es peor, a que se fortalezca la consigna repetida miles de veces en Zacatecas, de que las candidaturas ya están pactadas y pronto se conocerán. A eso hay que agregar el hecho de que la historia de imposiciones vivída en Zacatecas en los procesos recientes, debilita la confianza en la afirmación de Claudia Sheimbaum de que las candidaturas surgirán de encuestas profesionales. Por lo pronto, la única competencia abierta es la que ocurre entre José Luis Medina, José Narro, Saul Monreal y Ulises Mejía, aspirantes al senado y, en menor medida, entre las señoras Geovana Bañuelos, Soledad Luévano y Verónica Díaz. La naturaleza de la competencia entre los mencionados ha propiciado la publicación de reportes de casas encuestadoras de prestigio, y de algunas sin él, que ya han empezado a llamar la atención y a generar opiniones sobre las y los más competitivos. Hay que estar al pendiente de esta competencia cuyo escenario es la entidad completa, por lo cual se puede convertir en un plebiscito sobre la fortaleza de la familia gobernante.
