■ No toma con seriedad diagnóstico administrativo, académico y financiero que realizaron, dicen
■ En año y medio la Rectoría no ha emprendido la reingeniería administrativa que anunció, señalan
Integrantes de la Comisión Especial de Información, organismo creado por el Consejo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), denunciaron que las autoridades universitarias incurren en indolencia al no tomar con seriedad el diagnóstico administrativo, académico y financiero que realizaron, por lo que emplazaron a que se convoque a una sesión del máximo órgano de gobierno de la institución, a fin de determinar las medidas que permitan una salida a la crisis estructural, ello a partir de los resultados obtenidos.
Alberto Vélez Rodríguez, responsable de la subcomisión administrativa, recordó que en año y medio la Rectoría no ha emprendido las acciones que anunció respecto a una reingeniería administrativa.
Muestra de ello, expuso, es que las unidades académicas generan cada año 200 millones de pesos por concepto de cobros que no son fiscalizados y que sería el monto suficiente para pagar la Seguridad Social.
Desde su punto de vista, la Rectoría apuesta a que Gobierno Federal otorgue el recurso que se adeuda, pero el problema es que si la administración sigue igual, tarde o temprano se recaerá en la misma situación.
Recordó que en el documento de diagnóstico, la comisión demuestra que las decisiones administrativas han llevado a la Universidad a la crisis institucional en que se encuentra. Por ejemplo, una de las irregularidades se refiere a que, de acuerdo con la Ley Orgánica, los recursos propios de las unidades académicas deben incorporarse al presupuesto de la Universidad y después ejercido, previa aprobación del Consejo Universitario.
Por su parte, Marco Torres Inguanzo comentó que hay varias hipótesis que explican el desinterés de las autoridades para definir una propuesta institucional, mediante la cual se solucione la problemática institucional, entre ellas que “están tratando de encubrir algo; ya tienen acordada con Gobierno Federal la imposición de algún modelo de solución; quieren llevar a la Universidad a una declaratoria de quiebra para disolver los Contratos Colectivos; o quieren imponer una Junta de Gobierno”.
Sin embargo, afirmó que cualquiera de esas hipótesis va en contra de la autonomía de la UAZ, pero demuestra también que la administración juega y maniobra en contra de la propia Universidad. Es decir, “hay una intención deliberada de detener a la propuesta del Consejo Universitario, pero falta conocer a razón de qué. Ése es el problema”.
Benjamín Romo Moreno, coordinador de la comisión, afirmó que no hay una preocupación genuina de la administración central de la Universidad por resolver la problemática institucional, ya que han hecho caso omiso al documento que contiene el diagnóstico y propuestas de solución.
“El Consejo se comprometió a estudiar las propuestas y a emitir una opinión sobre las mismas, pero pasan los días y no hemos conocido una preocupación expresa del Consejo Universitario respecto a ello”, indicó.
Ante esa situación, anunció que si la Presidencia Colegiada no convoca a una sesión del Consejo para definir las medidas de reestructuración institucional, acudirán a los consejeros universitarios para que estos hagan el llamado a realizar esa sesión, aunque para ello se requiere de la participación de 20 por ciento de ellos.
Antonio Guzmán Fernández, secretario de la comisión, coincidió en que el Consejo Universitario no le ha dado el cauce institucional al documento de diagnóstico y propuestas, por lo cual exhortan a una sesión de ese organismo o de lo contrario acudirán a los consejeros, para que ellos sean los convocantes.
Por su parte, Mariana Terán Fuentes, de la subcomisión académica, informó que la deuda de la Universidad al ISSSTE está cerca de ser el monto equivalente al subsidio anual de la UAZ y mientras tanto la comunidad universitaria ha esperado una propuesta de la Rectoría y el Consejo Universitario para atender esa problemática.
“El gerundio favorito del Rector es la palabra gestionando, pero no hay una respuesta cierta ni resultados concretos y seguimos en una crisis que sigue aumentando sus niveles de deterioro. Vemos entonces una posición del Consejo de indolencia, tal vez porque el día que presentamos el documento, dijimos cosas que a lo mejor no convenían que se dijeran”, señaló la investigadora de la Unidad Académica de Historia.
Por último, expuso que una de las propuestas de la Comisión es que se realice una auditoría de recursos humanos, mediante la cual se revise el caso de profesores que tienen tiempo completo en la Universidad y en otras instituciones, además del ajuste de aquellos docentes cuya carga laboral es por investigación y que sin embargo no la han reportado durante mucho tiempo.
