“La educación es un asunto político”, nos recuerda Manuel Pérez Rocha el pasado sábado 2 de julio en La Jornada, para a continuación proponer: “un sistema educativo nacional autónomo, conducido por quienes tienen intereses legítimos en la enseñanza, en primerísimo lugar educadores y educandos.” Y sostiene la viabilidad de su propuesta diciendo que “Es un estatuto probado como eficaz, por ejemplo, en las universidades públicas”. Según parece, uno de los móviles para la protesta del CNTE reside en la ligazón que establece la ley general del servicio profesional docente en sus artículos 21 y 22 del capítulo III y artículo 53 del capítulo VII, título II, entre la permanencia en el empleo y la aprobación de evaluaciones periódicas para los nuevos docentes. Como ya explicó Guevara Niebla en El País en su artículo del 30 de junio, y como se establece en el transitorio VIII de la ley, no habrá remoción del empleo para los docentes que ingresaron al servicio antes de la reforma. En pocas palabras los actuales docentes no tienen en riesgo su empleo, eso queda para las generaciones futuras. Guevara Niebla, en el artículo ya citado, hace un comentario fundamental, sobre el que abundaremos a continuación. Dice: “Un acuerdo de 2008 determinó que el gobierno de la educación en sus niveles obligatorios…se depositara en “comisiones mixtas” conformadas por 50% de líderes sindicales y 50% de funcionarios públicos. Ese acuerdo fue desastroso para el país.” Entonces en efecto, la educación es un asunto político en el que tienen ingerencia particulares agrupados en un sindicato, por lo que las determinaciones en ese ámbito son siempre negociaciones entre líderes interesados, supuestamente, en sus agremiados, y funcionarios representantes del pueblo. En los hechos los líderes se representan a sí mismos y a sus “mafias”, y los funcionarios representan a su partido. ¿Dónde quedó la educación? Si existen personas interesadas en la educación no están aquí, y lo que Muñoz Rocha propone, si acaso tiene sentido, comienza por quitar tanto a funcionarios públicos como a sindicatos (¿la autogestión?). Por otro lado, si bien los actores interesados parecen claros, no está nada claro que la propuesta de “autonomía” sea viable. La UAZ es un ejemplo que nos gustaría exponer. Hasta el año 2001 en el contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ aparecía, en a cláusula 24, la necesidad de que los aspirantes a ingresar presentasen un examen de evaluación. El resultado del examen funcionaba como medio de ponderación, dándole al que obtuviese la mejor calificación la oportunidad de elegir de entre las plazas disponibles, y así sucesivamente hasta que se agotasen. Aún un reprobado podía ingresar a la UAZ siempre y cuando hubiese plazas disponibles. Eso se modificó, apareciendo a partir de 2002 el requisito de aprobar el examen para ingresar a dar clases. ¿Fue eso un avance o un retroceso? De acuerdo a los parámetros de los que apoyan a la CNTE fue un terrible retroceso, una derrota histórica. ¿Fue esa derrota el origen de la doctrina de “no abrir el contrato” que prevaleció en las sucesivas administraciones sindicales? No, porque fue la dirigencia del SPAUAZ la que propuso a la rectoría esa reforma al contrato como barrera de contención a la construcción del “corporativo clientelar” denominado “Grupo Universidad”. Debido a la no retroactividad de la ley pensaron –quizá- los opositores a ese grupo que, si bien ya tenían un núcleo inicial no podrían acrecentarlo tan fácilmente. Se equivocaron, porque el Grupo Universidad ganó el SPAUAZ y a partir de ahí utilizó la ley para acrecentar sus filas y el control sobre ellas. ¿Cómo? Muy simple, los aspirantes presentaban el examen y aún reprobándolo ingresaban. Otros simplemente no lo presentaban y también ingresaban. A partir de eso se comenzaron a diferir en el tiempo las evaluaciones, que el contrato prevé por única ocasión para ingresar, y se volvieron periódicas, hasta que el docente apruebe o pierda la fidelidad al grupo Universidad. Para implementar todo esto se contó con la complicidad de los líderes sindicales, adictos al grupo, y de las autoridades de rectoría en esos tiempos en manos, también, del mismo grupo. De tal manera que en la UAZ existe un sistema informal de evaluaciones periódicas mediante el que se controla la permanencia de los docentes en su trabajo mientras sean tiempos determinados. Con este ejemplo podemos apreciar que la implementación de la autonomía no es condición suficiente para mejorar la educación, como cree Pérez Rocha. De hecho la autonomía ha permitido que ciertos grupos generen, con la venia del gobierno federal, un desastre educativo y financiero para construir corporativos clientelares que les garanticen la continuidad en sus labores de exacción. Si proyectamos el ejemplo previo a la lucha que está desarrollando el CNTE podemos imaginar que lo que está en juego no es la educación, sino el control sobre el ingreso y permanencia de los docentes y, aún más, los dineros que la CNTE pudiera estar recibiendo del gobierno federal (véase “Legaliza “moches” la CNTE” en Página 24 del lunes 4 de julio). La ley del servicio profesional no es “punitiva”, o no lo es más que muchas reformas que se han llevado a cabo en la UAZ. ■
¿Autonomía? Bloque de corrientes (pseudo) democráticas
