La Ley de Desamortización de Instituciones Corporativas expedida en la segunda mitad del siglo 19 y que afectaba no únicamente a las grandes extensiones que poseía la iglesia, sino también a las que pertenecían a las comunidades indígenas, dio motivo al latifundismo rural que tuvo su mayor expresión en la primera década del siglo 20. “Yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío”, alardeaba el latifundista Terrazas.
El veto de Amalia García en contra del decreto que expidió la 58 Legislatura que reformaba de fondo la Ley de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, aunado al desinterés del gobierno de Miguel Alonso y su necedad de invertir en obras de relumbrón y no en las que las circunstancias requieren, están ocasionando, por un lado, la desaparición de fincas dañadas por el tiempo y por otro, una especie de latifundismo urbano, con el acaparamiento en pocos propietarios pudientes, de buena parte de las fincas antiguas del Centro Histórico de la capital, conduciendo al destino inevitable: “los antros” y a la expulsión de los descendientes directos de los habitantes originales.
“Alrededor de 150 fincas del Centro Histórico están abandonadas. Alrededor de 30 a 40 tienen riesgo de colapso”, dice Rafael Sánchez Preza, presidente de la Junta de Monumentos y Zonas Típicas, quien agrega: “El patrimonio de estas fincas lo estamos perdiendo, por la falta de mantenimiento de las azoteas y humedades del subsuelo”. Es cierto lo que afirma el funcionario y lo podemos constatar si damos un vistazo por los viejos barrios que circundan a espaldas de Catedral, en otro tiempo viviendas de viejos mineros muchas de ellas.
La universitaria Guadalupe Margarita González Hernández, refiere en un amplio estudio sobre el Centro Histórico, que el número de fincas deterioradas y en abandono supera las 18,000, lo que resulta preocupante y motivo de atención inmediata (si hubiera gobierno interesado desde luego).
El 6 de junio de 2005, diputados de la 58 Legislatura y el ingeniero Alejandro Muñoz Suárez, presentaron una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Monumentos y Zonas Típicas del Estado y otros ordenamientos legales. Iniciativa que se convirtió en Decreto de Ley por unanimidad.
En la exposición de motivos se expresaba: “En esta iniciativa se generan amplias facultades a la Junta de Protección de Monumentos y Zonas Típicas, más inclusive, que las atribuciones de las instituciones de obras públicas del Estado”. Se hacía referencia a la implementación de “políticas públicas que hagan de nuestro Centro Histórico y los de las ciudades protegidas, un sitio de encuentro de sus habitantes para que ya no sean desplazados a las colonias de la periferia, por ello se propone la creación de un fondo de restauración en apoyo a la gente que carece de recursos…”
Para este efecto, en el artículo 23 se establecía: “La junta contará con un fondo suficiente, pro-restauración o conservación de los inmuebles protegidos por esta Ley. Fondo que se aplicará, tanto para edificios públicos como para inmuebles propiedad de particulares, pudiendo ser aplicado en este último caso en calidad de préstamos sin intereses o inclusive con cargo total a este fondo tratándose de personas que por su condición económica no puedan sufragar sus gastos de restauración y conservación…”
El objetivo era expreso: “Sólo así conjugaremos dos elementos que parecen antagónicos: la preservación de la belleza de nuestras ciudades y que éstas conserven su esencia de focos de cotidianidad de sus habitantes originales y sus familias”.
La incongruencia de Amalia García, sedicente socialista, la hizo vetar una reforma que hubiera evitado las frivolidades y la agresión que hoy, el gobierno de Miguel Alonso pretende perpetrar en contra del Centro Histórico de la capital, ya que en aquel decreto, por sobre obras públicas hoy Sinfra, se imponía como única instancia facultada para autorizar o negar la realización de obras en las zonas protegidas a la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y se daba amplia participación a los ciudadanos.
Se concedía a los ciudadanos la facultad de denuncia pública en casos de daño o afectación al patrimonio cultural de los zacatecanos, con posibilidad de suspensión provisional o definitiva de la obra. De ese tamaño era el decreto.
Mañana 7 de junio, es día de elecciones. Los mexicanos con su voto decidirán el tipo de diputados federales que quieren.
Hablando de congruencia, en “Mi voto por Morena”, Arturo Alcalde Justiniani escribe en La Jornada: “No sólo honestidad y proyecto necesitamos, hay un tercer motivo para decidir la votación que es fundamental: la congruencia. Es importante que resulten electos hombres y mujeres que acrediten en su vida diaria congruencia con principios fundamentales en materia de ética y racionalidad.”
Por eso, yo como Alcalde Justiniani: ¡Mi voto por Morena! ■
