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Indudablemente, la crisis que desataron las agresiones en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, marcan un punto de inflexión en la vida nacional. El conjunto de irregularidades que brotaron desde el día cero (cuando desaparecieron 43 estudiantes), hasta las investigaciones inconclusas al día de hoy, han permeado el marcado descontento en distintos estratos sociales, ideológicos, culturales, religiosos y políticos, en México y el extranjero.
Es un momento de fragilidad, donde las acciones dejarán huella en el futuro inmediato, y de largo plazo, dentro de la configuración nacional. Sin embargo, Gobierno Federal, aún con el dique de contención mediático desplegado durante la semana pasada, no se ve totalmente decidido a entrar de lleno al pestilente rezago institucional que se vive en distintas ciudades de la República.
El hecho de nombrar a Rosario Robles, por segunda ocasión en el año pero en distinta sede, encargada de “reconstruir” el tejido social de Guerrero, deja muy en claro las limitaciones del aparato del estado. Ese lugar común que propusieron las izquierdas para el debate en procesos electorales anteriores, y ahora muy en boga, no tiene estructura, operatividad y objetivos claros.
En lo que va de este sexenio, y casi la última mitad del de Felipe Calderón, las autoridades se han dedicado a la tarea de destinar recursos para infraestructura social, con la terca idea de que para “reconstruir el tejido social” era imperativo levantar más espacios deportivos, ofrecer buena iluminación en lugares públicos y vialidades, y mantener el dispendio asistencialista del programa Oportunidades, ahora Progresa.
No sólo ello. La estrategia mediática incluso vincula, sin mediar criterio, los programas sociales a la lucha en contra de la inseguridad. El movimiento, que carece de toda pertinencia, intenta convencer a la opinión pública de que se pone en práctica los recursos públicos, con la finalidad de hacer frente a la pobreza las zonas marginadas, cuando en realidad, los menudos resultados de las políticas gubernamentales terminan confirmando que son esos estratos los que necesitan de menos inversión (con dineros de procedencia irregular) para que el mercado negro pueda extender sus axiomas.
Es imponderable una salida de la crisis en donde estamos, sin replantear el concepto de pobreza, su medición, y su erosión a través de políticas públicas (no políticas de gobierno). Es necesario tomar en cuenta que la pobreza ha sido, por años, subvencionada también con distintos recursos de procedencia ilícita, que han mutado con el tiempo. Dinero que sí tiene efectividad, pues permite establecer estados paralelos: narcotraficantes, paramilitares, guerrillas, y todos aquellos grupos que inciden en el conjunto de actividades delincuenciales que ese “Estado de Derecho” del que hablamos, debería de prevenir y castigar.
Los gobiernos no alcanzan, no quieren, no saben o simplemente no les interesa distinguir que la descomposición social es transversal, ya que la variable que define el alcance de dicha diagonal obedece directamente a las condiciones de desarrollo económico de cada región del país.
En población pobre, la justicia no penetra ni en cantidad ni en calidad. Y conforme esa justicia se va relajando por no poder tocar al conjunto de la población, se favorece el contexto natural para que distintas amenazas al estado de derecho se implanten, desarrollen, fortalezcan y mantengan su hegemonía. Hay años de estudios sobre ese fenómeno. Hay considerable cantidad de recursos públicos ya devengados al mejor diagnóstico de dicha problemática social.
Pero no hay consonancia con los representantes populares. Peña Nieto tuvo como mayor ambición en sus dos primeros años el paquete de reformas consensuado. Situación que lo puso en el centro de la toma de decisiones de la clase política. Ganó su acatamiento al favorecer un híbrido entre presidencialismo y parlamentarismo. Aquella ambición parece hoy algo lúdica, comparada con la caja de pandora que se abrió en Guerrero.
Por fortuna, y meramente eso, la partidización de Ayotzinapa disminuyó cuando los padres de los normalistas revirtieron el debate pervertido y la ampulosidad de la clase política. Apostaron por mantener el tema en la agenda con la marcha que realizarán en todo el país para agradecer el apoyo y aceitar los vasos comunicantes con la sociedad, quitando el privilegio de mensajeros a los medios. Dependerá de ellos mantener en el centro de la discusión la reivindicación de impartición de justicia, antes que los partidos vuelvan sedientos al negocio de señalar algunos culpables.
Sin embargo, estamos aún lejos de un estado que garantice las condiciones de gobierno, pues no ha podido reformular la tarea más elemental para la que fue creado: mantener el estado de derecho en todo momento. Uno de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa lo resumiría de manera sucinta al exigir a las autoridades que garanticen un proceso justo a cada uno de los cuerpos encontrados en todas las fosas hasta ahora abiertas. ■
