■ En especial, se prevé el tema de las féminas embarazadas
Ayer en sesión de Congreso se leyeron dos iniciativas del gobernador, Miguel Alonso Reyes para fortalecer la regulación del principio de igualdad en Zacatecas, al plasmarse específicamente en la Constitución que la discriminación por ser mujer o estar embarazada está prohibida.
De modo que se plantearon reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas, a fin de incorporar el principio de no discriminación, en especial la que se suscita en las en las féminas embarazadas. Ya si bien es cierto que el artículo 10 de la Ley define la discriminación por embarazo o maternidad, no está explícitamente establecida su prohibición en la Constitución del Estado.
Se propuso también establezca de manera explícita la reglamentación de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas.
Respecto de la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el gobernador propuso que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuente con una estructura técnica adecuada.
Además que se incorpore la perspectiva de género en toda la administración pública estatal, se capacite al personal de las instancias policiales para atender casos de violencia contra las mujeres, se integre el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, se diseñen políticas de prevención de delitos violentos en contra de las mujeres y se establezcan programas para la reeducación y reinserción social del agresor; entre otros.
Sanciones a corruptos; irregularidades en SSZ, arroja ASF
Por otro lado, durante la misma sesión, se leyó por parte de Soledad Luévano un exhorto para que el titular del Poder Ejecutivo, inicie a la brevedad los procedimientos administrativos y penales para sancionar actos de corrupción cometidos en la administración pública estatal, derivados de las observaciones de las auditorías realizadas y concluidas.
Detalló que en casi cuatro años de la presente administración, han quedado al descubierto múltiples actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de alto nivel, sin que hasta el momento se haya sancionado a ninguno. Dijo, se han encontrado casos emblemáticos, como es el del director de Transporte, Tránsito y Vialidad, Agustín Arellano y el ex director de los Colegios de Bachilleres, Mario Caballero donde ha quedado “plenamente demostrados los actos de corrupción”.
Derivado de la constante impunidad, agregó, otros funcionarios públicos han sido descubiertos en actos de corrupción, es así, que recientemente se han encontrado irregularidades en la Secretaria de Educación de Zacatecas y los Servicios de Salud.
Justo en ese tema, en asuntos generales, la legisladora, María Guadalupe Medina aseguró que en el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los SSZ mostraron mal manejo de recursos y se dejó entrever corrupción.
Puesto que hubo un subejercicio de 24.05 por ciento en 2012, porcentaje con el cual se pudo obtener el doble de medicamentos usados en el año, sin embargo el desabasto y las quejas por la mala atención son recurrentes.
No obstante, de los 492 millones 892 mil pesos que se etiquetaron para ese año, sólo se ejercieron 374 millones de pesos.
Dijo que a los SSZ se le hicieron 23 observaciones y sólo dos fueron solventadas. Justo en ese tema el legislador perredista aseguró que varias clínicas comunitarias están cerradas, a lo cual se sumaron el petista, José Guadalupe Hernández.
Medina comentó que también derivado de la ASF, las quejas más recurrentes fueron 31.8 por ciento por la falta de atención médica insuficiente o deficiente; 23 por ciento por falta de medicamento; 11 por ciento debido a la atención deficiente de personal administrativo; 9.3 por ciento por tiempo de espera excesivo; 6.5 por ciento por maltrato médico y 17 por ciento por no entregar medicamentos.
Motivos por los cuales hizo un llamado al gobernador a que tome cartas en el asunto, puesto que la misma auditoría detalló que 12 millones de pesos que eran para la compra de uniformes no se comprobaron y se sancionó a la dependencia con 23 acciones que no se resarcieron.
