En los últimos años ha pasado al primer lugar de la preocupación ciudadana y de los propios medios de comunicación el tema de la seguridad; eso pareció desplazar a la cuestión de la pobreza y desigualdad de la agenda pública. Sin embargo, ahí sigue el problema: con persistencia de hierro. No sólo el fracaso en la seguridad, sino en la política social es una evidencia que grita.
La sobre-concentración de la riqueza es protegida por el Estado, por sus élites que hacen posible que el gran Capital despoje de la riqueza común a los mexicanos, por ejemplo, el costo que el Estado tendrá que asumir del daño ambiental que las mineras y otras industrias depredadoras generan, equivale a 6.3 por ciento del PIB (casi la mitad del presupuesto de todo un año), y no hay política seria que haga pagar al capital los daños que ocasiona.
En el caso de la desigualdad el Coneval presenta un índice sintético que sigue siendo muy alto (alrededor de .5), pero no lo desglosa en sus componentes, para ver dónde se está provocando la persistencia de la desigualdad. Lo que está claro es que los factores que permiten la disminución de la pobreza y desigualdad están todos noqueados: si (como dijo Schumpeter) el tipo de estructura fiscal determina el tipo de Estado que se tiene, entonces tenemos un Estado altamente regresivo (productor de desigualdad) porque los ricos están porcentualmente muy por debajo de los gravámenes que soportan las capas medias y bajas; la productividad de la pequeña y mediana empresa está estancada ante la ausencia de estrategia seria en innovación; el mercado laboral es heterogéneo, con 58 por ciento de informalidad, y el poder adquisitivo de los salarios sigue cayendo; y si tomamos en cuenta la anunciada caída del gasto público, el derrumbe continuará.
Por ello los resultados: el 23 por ciento de la población en carencia alimentaria, y las capacidades de la población desmoronándose, por ejemplo, la calidad educativa sigue a la saga de la cobertura, la obesidad aumentó 15 por ciento en 10 años, y el rezago educativo es una mancha negra que ahora cubre a 22 millones de mexicanos. Mientras eso ocurre en el territorio nacional, las burocracias políticas reciben salarios de realeza, los gobernadores son duques sexenales, y los alcaldes, condes por tres años; y se les suman cientos de salarios cortesanos alejados de la realidad concreta de los mexicanos que sudan, trabajan y se angustian en las calles de este país.
En el caso de Zacatecas, es muy claro que no hay políticas serias de combate a la pobreza: el gobierno ha impulsado programas sin los diseños debidos (verbigracia el Sumar, que ni siquiera distingue entre causas e indicadores) pero con altos efectos electorales. Y el escenario para los próximos dos años está ya anunciado: menor gasto público que se traducirá en menor demanda agregada y, consecuentemente, menor crecimiento y generación de empleos; es decir: incubación de más pobreza.
