La violencia entre adolescentes está adquiriendo expresiones que hace algunos años resultaban difíciles de imaginar. No se trata únicamente de riñas escolares o conductas consideradas propias de la edad. Hoy enfrentamos agresiones de extrema gravedad, violencia sexual, acoso digital, amenazas y hechos que pueden terminar con la vida de una niña, un niño o un adolescente.
Los datos confirman la necesidad de revisar el problema. De acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley, publicadas por el INEGI, durante 2023 fueron registradas 32 mil 852 personas adolescentes como imputadas por la presunta comisión de algún delito; 77.5 por ciento eran hombres. Entre 2021 y 2023, esa cifra aumentó 45 por ciento. Sin embargo, los mismos datos muestran que detrás de muchas conductas violentas existen contextos de abandono, maltrato, consumo de sustancias y problemas de salud mental: en 2022, 79 por ciento de las personas adolescentes sujetas al sistema de justicia reportó alguna forma de castigo o sanción en su entorno familiar, y 16.9 por ciento manifestó haber pensado alguna vez en quitarse la vida.
Estas cifras no justifican ningún acto de violencia ni disminuyen el derecho de las víctimas a la justicia. La legislación mexicana distingue tres grupos de edad dentro del sistema de justicia para adolescentes. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que, para quienes tienen entre 12 años cumplidos y menos de 14, no pueden imponerse medidas privativas de la libertad; únicamente procede una medida no privativa, con duración máxima de un año. El internamiento solo puede aplicarse, de manera excepcional, a partir de los 14 años.
El problema jurídico no consiste solamente en endurecer sanciones. También exige preguntarnos si las medidas vigentes permiten responder adecuadamente ante conductas de extrema gravedad, cómo garantizar los derechos de las víctimas y, al mismo tiempo, cómo preservar el interés superior de la niñez, el debido proceso y la finalidad educativa y de reinserción del sistema especializado.
De ahí la importancia de que cualquier reforma surja de la investigación, los datos, el derecho comparado, la experiencia institucional y el conocimiento producido por investigadores. La academia cobra pertinencia social cuando pone sus conocimientos al servicio de problemas concretos, dialoga con las víctimas y ayuda a transformar el dolor en prevención, protección y políticas públicas.
En este esfuerzo debe reconocerse el impulso de la colectiva Alas de Justicia Tabasco; la participación de Julieta Garza Camacho, de Irma Rosa Hernández Ríos, de RETSZAC, y de Martha Beatriz Llamas. También resulta valiosa la colaboración de las investigadoras e investigadores Dr. Miguel Moctezuma Longoria, Dra. Nancy Evelyn Rodríguez Ornelas, Dra. Claudia Lizbet Soto Casillas, Dra. Brenda Paloma Orozco Arrieta y Dr. Alfredo Jiménez Hernández, científicos sociales pertenecientes a la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Bicentenaria y Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”.
A esta construcción se han sumado las y los Diputados de la LXIV y esta convergencia entre sociedad civil, familias, academia y Poder Legislativo representa una oportunidad para construir respuestas con mayor legitimidad y sustento.
La perspectiva de género es indispensable para comprender la violencia feminicida y las agresiones que afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes. Pero la protección no debe ser excluyente, los niños y adolescentes varones también pueden ser víctimas de violencia extrema, abuso sexual, tortura, homicidio y otras formas de agresión. Una reforma integral debe proteger a todas las infancias, sin invisibilizar las desigualdades específicas que enfrentan las mujeres.
Este viernes 4 de septiembre, a las 10:00 horas, se realizará el Foro Académico y Legislativo “Ley Arely” en el Auditorio de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La invitación está abierta a la ciudadanía, especialistas, docentes, investigadores, estudiantes, organizaciones e instituciones relacionadas con la educación, la salud, la justicia y la protección de las infancias.
Cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida. Escuchar, debatir y construir con evidencia también es una forma de hacer justicia y prevenir que no existan más niños y niños o adolescentes que puedan ser víctimas de sus iguales.
El problema jurídico no consiste
solamente en endurecer sanciones.
También exige preguntarnos
si las medidas vigentes permiten
responder adecuadamente ante
conductas de extrema gravedad,
cómo garantizar los derechos
de las víctimas y, al mismo tiempo,
cómo preservar el interés superior
de la niñez, el debido proceso y la
finalidad educativa y de reinserción
del sistema especializado.
