Steven Pinker define la racionalidad como: “la capacidad de usar el conocimiento para alcanzar objetivos” (véase el libro “Racionalidad” (Paidós, 2021, México, p. 62). Las preguntas que aparecen de inmediato son ¿qué conocimiento?, ¿qué objetivos? Pues el conocimiento proporcionado por las ciencias para alcanzar “verdades” relevantes o diseñar medios de actuar sobre el mundo. De estas respuestas resulta que, como no hay una ciencia que lo abarque todo, el uso de la razón se sujetará a las diferentes maneras en las que las ciencias han determinado el conocimiento de su área particular. Más aún: se puede razonar de manera abstracta sobre la naturaleza y fundamentos del conocimiento, es decir: se pueden indagar y cuestionar los propios medios de razonar y de los de cada una de las diferentes ciencias. A esta manera de utilizar la razón, para moderarla, se le denomina “crítica”. También se puede decir, a manera de apotegma, que la razón consiste en el uso de reglas. ¿Qué tipo de reglas? Las establecidas en cada ciencia particular y las muy generales de la lógica y la heurística. Pinker no lo menciona explícitamente, pero la razón se puede utilizar incluso contra la propia razón cuando se elimina la capacidad crítica. En tal caso se tiene una “ideología”. Cualquiera de estas es muy racional y crítica de todo lo que no sea ella misma, pero están imposibilitadas para ejercer la autocrítica. Es decir, no utilizan la razón para moderar el uso que hacen de esta. Tal característica las distingue de la ciencia, que siempre es crítica. Durante su gestión al frente del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), el Dr. Arturo Burnes Ortíz, autor del excelente, y muy crítico, libro “El drama de la minería mexicana” (MA Porrúa, México, 2018), forjó una “ideología” particular que, hasta la fecha, sigue causando estragos en la conducción del sindicato. Tal doctrina se resume en una frase “cuidar y salvaguardar la fuente de empleo”. Esto significa que el sindicato no debe exigir mucho de la universidad, y debe estar dispuesto a ceder sus prestaciones si estas resultan muy onerosas para el presupuesto universitario. Surge esta postura ante la propuesta de la rectoría de cambiar el número de años de actividad de los universitarios a los que la UAZ sí jubila, de 25 a 30 años, para apoyar las finanzas universitarias. Esto quedó estipulado en la cláusula vigésimo segunda transitoria del contrato colectivo, que entró en vigor a partir de febrero de 2005. Los inconformes con tal decisión de la Coordinadora de Delegados trataron de ampararse y fracasaron. Esa coyuntura fue en la que se formuló la “doctrina Burnes” para intentar convencer a los escépticos de aquellos años (2004) de la necesidad de los cambios en el CCT. De hecho, y si se establece que el criterio de racionalidad atinente a esa situación es la de contribuir a la estabilidad financiera, se descubre, en un análisis crítico, que sí se cumple el requisito: la extensión del periodo de actividad de los docentes universitarios de 25 a 30 años permite un ahorro. Pero eso no era todo, ni resultaba suficiente. Debido a los malos manejos financieros se requirió no sólo la medida ya descrita, sino desaparecer las plazas de los jubilados y mantener el impago de las cuotas de seguridad social. ¿Qué tipo de racionalidad operó en esos años de irracionalidad administrativa y financiera? Una muy simple: la política, cuyo medio es contratar docentes para agrandar los números de algún grupo para alcanzar el objetivo último de ocupar la rectoría. Uno se debe preguntar ¿para qué quieren la rectoría? Una respuesta paradójica es: para resolver los problemas que ellos mismos crearon. ¿Cómo los solucionaran? Con cargo a los docentes universitarios. ¿De qué manera se hace ese cargo? No reconociendo plazas de carrera (medio tiempo y tiempo completo) de los jubilados, fallecidos, rescindidos o que abandonaron la universidad y manteniendo el impago de la seguridad social. Aquí aparece la doctrina Burnes de nuevo. Durante las gestiones de Crescenciano Sánchez Pérez y del Dr. Antonio Guzmán Fernández hubo dos huelgas para vindicar, al parecer, objetivos sindicales. El objetivo era derruir la administración del rector Armando Silva Chairez para llevarlo a la renuncia. Pero no se pudo, Silva resistió y, azuzado por el SPAUAZ, firmó un convenio de pagos con el ISSSTE para saldar los adeudos con los sindicalizados por concepto de cuotas de seguridad social. Quedó fuera de ese convenio lo relativo a cesantía por edad avanzada y vejez. La utilidad de la doctrina Burnes se ratificó cuando los nuevos administradores de la universidad, una vez desalojado Silva, descubrieron que el convenio de pagos con el ISSSTE no era conveniente para la administración: exigía pagar mucho cada mes. Y si ese convenio no era ventajoso, mucho menos lo sería firmar uno para pagar lo que falta: la cesantía en edad avanzada y vejez. Así, pues, no deja de haber voces en el SPAUAZ que sostienen que la universidad está en riesgo, y se le debe cuidar. ¿Quién debe cuidarla? El administrador, no el SPAUAZ. Este debe cuidar los intereses de los docentes. Nunca como hoy queda clara la naturaleza antagónica de la relación bilateral.
