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Caso de El Coronel evidencia la impunidad con que opera la industria minera: académico

Caso de El Coronel evidencia la impunidad con que opera la industria minera: académico
La Unidad Minera El Coronel, ubicada en Ojocaliente FOTO: FACEBOOK

“Para Zacatecas ha sido una maldición contar con recursos minerales”: García Zamora

Hay un desfase en el último pago de la minera por concepto de predial, porque ha seguido comprando terrenos y los desembolsos eran por debajo de la superficie real que explota

Opina que Godezac y la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo

 

El caso de la mina El Coronel, propiedad de Carlos Slim, que no ha pagado el predial desde el año 2007 y, contrario a resarcir el adeudo, ha denunciado abuso de autoridad de parte del alcalde de Ojocaliente por realizarle el cobro, evidencia la impunidad con que opera la industria minera en el estado y el país, opinó Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

“Esto nos demuestra el enorme poder económico y político que rebasa fácilmente a cualquier ayuntamiento y la manera en que subordina a los gobiernos estatales, como Zacatecas”, expresó.

Según expuso, la modificación constitucional que promovió Carlos Salinas de Gortari en 1992 generó que la minería fuera declarada a nivel constitucional como una actividad prioritaria, por encima de cualquier otro interés, además que ha servido como un respaldo legal para el modelo extractivista.

Luego de esa modificación constitucional y con la implementación de una nueva ley minera, se expresaron legal y formalmente los intereses de las empresas mineras incluso por encima de cualquier otro interés.

El caso de la mina El Coronel muestra también una asimetría en el sentido de que el contribuyente más modesto de Ojocaliente debe pagar el predial año con año o de lo contrario puede ser objeto de alguna sanción, mientras que la minera de Carlos Slim actúa con total impunidad.

García Zamora refirió que hay un desfase en el último pago que hizo la minera por concepto de predial, pues la empresa ha seguido comprando terrenos y los pagos eran por debajo de la superficie real que explota.

Consideró que es una situación surrealista porque en lugar de cumplir con las obligaciones fiscales, que además son pocas, ha denunciado al alcalde por el hecho de cumplir con su función de hacer el cobro.

“Como sucede en Mazapil y Chalchihuites se ve la enorme contradicción del beneficio de miles de millones de dólares que se llevan las empresas canadienses y mexicanas, el daño ambiental que generan y la impunidad con la que funcionan”, puntualizó.

En Zacatecas, refirió que la minería ha contaminado el agua y el medio ambiente sin que haya alguna retribución para resarcir los pasivos, además que permanentemente evaden sus obligaciones fiscales con los ayuntamientos.

Indicó entonces que el problema que se ha presentado en Ojocaliente es también un problema del estado, porque demuestra la impunidad con que actúan las grandes corporaciones mexicanas y extranjeras en Zacatecas.

García Zamora manifestó que tanto el Gobierno del Estado como la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo.

“Esto es un cuestionamiento al Congreso del estado, al Poder Judicial del estado, porque hay esa impunidad y no han hecho nada. El gobierno de Miguel Alonso estaba totalmente subordinado a estas corporaciones y él se autoengañaba diciendo que esta era la alternativa para el desarrollo de Zacatecas, lo que durante 470 años se ha demostrado que es una falacia”, agregó.

Señaló entonces que para Zacatecas ha sido una maldición contar con recursos minerales, porque durante siglos solamente ha significado extracción de los minerales, destrucción de los territorios, expulsión de la población, violación de la cohesión social y la subordinación de las instituciones.

El académico concluyó que la minería es un terreno desértico donde no hay institucionalidad ni leyes y solamente prevalece la impunidad del saqueo, hay en el caso de Ojocaliente, demuestra la impunidad y la soberbia del gran capital. En consecuencia, “va a ser muy difícil que se avance en la Cuarta Transformación de la que habla López Obrador si no hay un verdadero cambio en el Estado mexicano”.

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