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Solicitan que se retire el fuero al presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador

Solicitan que se retire el fuero al presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador
Aspecto de la sesión en la Legislatura local foto: andrés sánchez

Por su posible participación en varios delitos que están siendo investigados, la Fiscalía General de Justicia del Estado solicitó al congreso local que retire el fuero al presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador.

En la sesión que este martes tuvo la comisión permanente de la 62 legislatura del estado se leyó un oficio enviado por el fiscal de justicia, Francisco Murillo Ruiseco, en el que se hacía esta petición debido a que se le considera coautor de tres posibles delitos: el de desobediencia y resistencia de particulares, el de abuso de autoridad y el de falsificación de documentos en general.

Estas conductas delictivas, refiere el fiscal, se cometieron en perjuicio de la síndica del municipio, Juanita Ramírez González y el regidor Gerardo Carrillo Nava.

Murillo Ruiseco, mediante este documento, solicita que “se inicie el Procedimiento para la Declaratoria de Procedencia con Remoción del Fuero Constitucional y separación del cargo en contra de Oswaldo Sabag Hamadani, presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, a fin de que pueda continuar el procedimiento penal, por considerar que ha participado en calidad de coautor en los hechos que la ley señala como los delitos” antes mencionados.

El oficio fue turnado a la Comisión Jurisdiccional la cual, presidida por Guadalupe Flores Escobedo, deberá dictaminar la solicitud a favor o en contra del desafuero para que, posteriormente, regrese al pleno de la legislatura para ser votado.

Alarmante, aumento
en feminicidios
En la sesión, llevada a cabo poco después de que se diera a conocer la identidad del cuerpo hallado en Genaro Codina y se determinara que se trataba de la joven Litzi Sarahí, de 16 años y desaparecida desde el sábado pasado, tuvo presente el tema de feminicidios.

Primero con una iniciativa de punto de acuerpo presentada por la diputada María Elena Ortega Cortés, quien señaló que “la prevalencia del feminicidio es la más clara evidencia de que la violencia y la misoginia en contra las mujeres es uno de los problemas más actuales y preocupantes y en Zacatecas más vigentes que nunca”.

Calificó el marco jurídico del estado en materia de violencia en contra de las mujeres como “inacabado” y, aunque dijo que ha servido para “señalar las conductas negativas de la sociedad que debemos inhibir, porque laceran la dignidad, la integridad”, debe seguirse trabajando desde el Poder Legislativo para atender esta “creciente problemática”.

El objetivo de la iniciativa presentada por Ortega Cortés es que la legislatura del estado llame a comparecer al fiscal general de justicia “para que informe a este poder legislativo el estado que guarda la prevención, atención y combate al creciente problema de feminicidios en la entidad, acciones a implementar para sancionar y erradicar el mismo y para que dé cuenta de los avances en los casos de feminicidios de Cinthya, San Juana y los demás sin resolver”.

En segundo lugar, en la parte de asuntos generales, también la diputada Ortega Cortés abordó el tema de los feminicidios y reconoció el trabajo del Poder Ejecutivo. No obstante, precisó que son insuficientes y no se están dando resultados.

Por ello, propuso que entre todos los grupos parlamentarios se elabore un documento que sea aprobado de urgente y obvia resolución para presentarlo a la Secretaría de Gobernación, a fin de solicitar que se declare la “alerta de género por violencia feminicida en el estado”.

Por su parte, la diputada Guadalupe Flores Escobedo dijo que los feminicidios y los homicidios en general han llegado a niveles alarmantes y, aunque sostuvo que la captura del presunto responsable del asesinato de la pequeña San Juana “manifiesta que hay capacidad de respuesta”, ésta no debe aplicarse únicamente en los casos de alta exigencia social, sino en todos los que se presenten.

Insistió en que no es una persona o el gobierno el que debe asumir toda la responsabilidad pues consideró que “la sociedad, los diputados y todas las instituciones debemos aportar para su contención porque es inviable normalizar la violencia”.

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