En la página 12 del diario “La Jornada” del día 21 de marzo de 2018 se pueden leer varias afirmaciones del secretario general del SPAUAZ, Dr. Pedro Martínez Arteaga, como posicionamiento personal ante la toma de las instalaciones del SPAUAZ por parte de la delegación de la Unidad de Ciencias de la Tierra. Asegura que ese acto tiene por fondo una revancha contra su persona por parte del ex director Rubén del Pozo debido a que, cuando fungió de director, fue sancionado por el entonces secretario general, Crescenciano Sánchez, porque se le encontraron 27 actas apócrifas. Sostiene, además, que debido a la “transversalidad” que posee con respecto a las carteras sindicales él puede mediar en la situación porque el titular de la cartera de Admisión, Adscripción y Promoción del SPAUAZ no puede operar debido a que antagoniza con la directora de la unidad. Resultará de interés para los sindicalizados que se haga un desmontaje del discurso emitido por el representante del sindicato ante un acto que, en efecto, es político. Como primer principio metodológico reconozcamos que el discurso del líder sindical y sus antagonistas en las delegaciones se ubica en un “campo inestable” de ejercicio del poder, por lo que cualquier caracterización del asunto responde a intereses políticos opuestos en lucha. Por momentos esos intereses se estabilizan en un acuerdo, que puede conducir a un proyecto político común, pero que también reproduce relaciones de poder y desigualdad que ocluyen esa posibilidad. Si el secretario general aduce una revancha política, los representantes de la delegación indican, en los carteles que colgaron en las puertas del SPAUAZ, que es el secretario general el que no respeta el contrato colectivo porque está en contubernio con la directora de la Unidad de Ciencias de la Tierra. Se tiene un relato más detallado en el documento que se entregó el día de la toma del SPAUAZ. Ahí se acusa al secretario general de haber usurpado las funciones de la cartera de Admisión para violar la cláusula 24c del Contrato Colectivo UAZ-SPAUAZ, por lo que, bien visto, se le levanta el cargo de fraude porque no tenía las facultades para validar los documentos que emitió. Resulta claro entonces porque el Dr. Martínez invoca el concepto de “transversalidad”: tiene conflictos con el titular de la cartera, que no le permite moverse como él quisiera, así que para mejor actuar inventa facultades que no tiene y falsifica documentos. La reposición del proceso de asignación de la carga laboral es la mejor demostración de la aviesa actuación del líder sindical. Al consultar los Estatutos del SPAUAZ se puede constatar que el secretario general no tiene facultades para suplir a los titulares de las carteras porque estas son independientes, de hecho el Dr. Martínez cae en el supuesto establecido en el artículo 31 del Estatuto, que a la letra dice: “Los secretarios y coordinadores del Comité Ejecutivo durarán en su cargo tres años, y podrán ser renovados por persistente incumplimiento en sus responsabilidades, por tomarse atribuciones que correspondan a otra instancia y que afecten gravemente la vida sindical”, sin embargo la fragmentariedad de la oposición no permite su inmediata remoción. De hecho esa división de la oposición es la que allanó el camino para que un candidato que no cumplía los requisitos para ser electo como secretario general, porque “vendió” sus prestaciones, lograra registrarse y ganar como parte del proyecto político de la alianza de grupos universitarios que detentan la rectoría. Nuestro segundo principio metodológico es la identificación que sentimos con los que tomaron el sindicato debido a que, ante unas elecciones sindicales fraudulentas, los que esto escriben, como actores del proceso de renovación de la dirigencia sindical, tomaron el SPAUAZ para protestar ante las arbitrariedades e ilegalidades de Crescenciano Sánchez. La toma tenía una fuerza simbólica porque era la manera de decir, al poder universitario, que ese sindicato urdido desde los cuarteles de la rectoría jamás nos representaría. No lo hace y no lo hará porque, como queda demostrado en los videos que ha grabado con los fondos de los sindicalizados, el Dr. Martínez cultiva el hábito de descalificar a cualquiera que proteste contra la rectoría, que exija sus derechos y que se rebele contra las representaciones calumniosas de los universitarios que escampan en sus discursos. Dicho lo anterior es claro que el secretario general acierta cuando caracteriza la reciente toma del SPAUAZ como “política”: es política no en el sentido de descalificación que él utiliza, no es una revancha, sino parte de un proceso de deconstrucción del poder ilegítimo que ejerce desde su cargo al margen de las instancias estatutarias de decisión. Su ilegitimidad se manifiesta en la reticencia que tiene a convocar los órganos de discusión colectiva, en su incapacidad para reunir la Asamblea General, que es donde las decisiones del sindicato adquieren fuerza de ley y en la costumbre de tomar por sí mismo las decisiones y “asumir la responsabilidad”. Es necesario que los sindicalizados nos habituemos a narrar nuestra historia desde la perspectiva que adquirimos en la lucha contra los esbirros de la rectoría, que sienten la debilidad por la descalificación y la calumnia, que son otras tantas formas de hacer la política por otros medios.
La toma del Spauaz, otra vez
