El lunes pasado, Stephen Paddock decidió abrir fuego contra los asistentes a un concierto llevado a cabo en Las Vegas, asesinó a 59 personas. El año pasado, Omar Matteen disparó contra quienes se encontraban en un club nocturno ubicado en Orlando, mató a 49 personas.
En 2007, el estudiante de Virginia Tech, Seung-Hui Cho, asesinó a 32 de sus compañeros utilizando un arma de fuego. En 1991, George Hennard mató a disparos a 24 personas en Texas. Estos son los tiroteos que han cobrado más víctimas en los Estados Unidos y todos tienen algo en común; fueron llevados a cabo con armas obtenidas legalmente.
Inmediatamente después del tiroteo de Las Vegas vinieron las posibles explicaciones. Para algunos, la masacre sucedió debido a las fallas de seguridad del hotel donde tuvo lugar la masacre. Otra explicación es que se trata de personas con problemas mentales que de alguna u otra manera hubieran cometido el crimen.
Otro argumento es que se necesita un mejor control de armas de fuego en Estados Unidos ya que resulta extremadamente fácil adquirir una. La pregunta es entonces, por qué no se tienen leyes más estrictas que restrinjan la adquisición de un arma de fuego. Una posible respuesta es que se trata de un muy buen negocio.
En 2014, los países que más exportaron armas de fuego fueron los Estados Unidos, Italia y Brasil (Small Arms Survey, 2017). En ese mismo año, esos mismos países fueron los mayores importadores. Las ganancias de esta industria en 2014, equivalieron a 6 billones de dólares.
Lo más sorprendente y preocupante es que de 2013 a 2014, el valor de los cargamentos de armas para uso militar se incrementó en 300 millones de dólares. Es decir, no solamente el comercio de armas está creciendo, sino que cada vez se comercializan armas más letales y especializadas.
Mientras tanto, y a pesar de la clara evidencia del efecto de regulaciones tan blandas, las instituciones estadounidenses como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), se dedican a defender el derecho de los americanos a portar armas y de paso a cuidar intereses empresariales.
Argumentos como los sostenidos por la NRA se respaldan en la segunda enmienda de la Carta de Derechos de los Estado Unidos. La enmienda protege el derecho de las personas a poseer y portar armas de fuego. Sin duda, este derecho pudo haber sido necesario en 1791 cuando fue proclamada.
En ese entonces, existía una pugna entre aquellos que querían mayores concesiones para los estados y aquellos que preferían un federalismo más fuerte. En ese tiempo, tampoco estaba claro quien velaría por la seguridad de las personas. Es bajo este tenor que la segunda enmienda podía parecer razonable.
Han pasado más de doscientos años desde que este artículo fue aprobado. En este tiempo, las instituciones de Estados Unidos han madurado. En ellas se ha concentrado claramente el monopolio de la fuerza y también la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Incidentes como el de Las Vegas nos muestran por qué este tipo de concesiones a ciudadanos resultan deficientes.
Al mismo tiempo, esta libertad facilita la existencia de grandes productores de armas de fuego. Este punto es especialmente importante y preocupante para México. De acuerdo con David Pérez Esparza, estudiante de doctorado en la Universidad del Colegio de Londres (UCL), debido a las regulaciones que el gobierno estadounidense implementó entre 2004 y 2005, una parte importante de los productores de armas de fuego se desplazaron del norte de Estados Unidos a la frontera con México.
La alta producción de armas, la facilidad con la que ciudadanos americanos pueden obtener una y la cercanía de las fábricas con nuestra frontera puede facilitar el crecimiento del mercado ilícito de armas de fuego en nuestro país. En México, las regulaciones para obtener un arma son muy estrictas, esto ha hecho que tanto criminales como ciudadanos adquieran armas de fuego a través del mercado negro.
Ante esta situación, políticos mexicanos como Jorge Luis Preciado han redactado iniciativas para reformar el 10 constitucional y permitir la posesión de armas de fuego con la intención (dicen) de permitir que los mexicanos se defiendan por ellos mismos. Legislaciones como estas podrían reducir el mercado ilegal de armas en México, pero también podrían tener consecuencias devastadoras.
En 2016, de acuerdo al INEGI, 65% de los homicidios en México fueron cometidos con un arma de fuego. Bajo este clima de violencia, el tener una legislación más laxa que permita adquirir armas de fuego podría ser contraproducente.
Al mismo tiempo, tenemos que considerar lo ocurrido en Monterrey en enero de este año cuando un niño decidió disparar contra sus compañeros. Para muchos se trató de un incidente aislado, pero si el flujo de armas legales en México empieza a incrementar, entonces más hogares tendrían acceso a un arma y esto podría representar el inicio de una epidemia. ■
