Miscelánea
Hemos hecho de la corrupción un estilo de vida”. Frase que se reproduce en redes sociales en la voz de un niño indígena de la comunidad de Escamil, del municipio José María Morelos del estado de Quintana Roo.
Y, es cierto lo afirmado por el niño, orador en el Congreso Federal. A diario se elevan iniciativas y discursos para castigar a los corruptos, a los políticos saqueadores del erario, cuando en realidad se están creando estructuras que, cada vez, harán más complicado el mecanismo de castigo y recuperación de lo saqueado.
Hace días escuchábamos al Procurador de Justicia del estado hacer un llamado a los diputados locales para la elaboración de un nuevo Código Penal que, actualizando nuevas figuras típicas en relación con el tema de la corrupción, permitiera a los órganos de procuración de justicia investigar, detener, procesar y castigar a los corruptos (y a los corruptores- le faltó decir).
Coincido con el Procurador en la necesidad de crear un nuevo Código Penal para el estado, aunque no en la imposibilidad legal para investigar los actos de corrupción y ejercer acción penal. Nuestro código, aunque añejo, contiene disposiciones que bien podrían aplicarse en diversos casos detectados ya denunciados.
En realidad, el problema central para la inactividad de la procuraduría, no es el código penal añejo, sino la dependencia jerárquica del procurador respecto del gobernador. La falta de autonomía orgánica, técnica y financiera.
Otro problema es la telaraña estructural de obstrucción a la procuración de justicia, creada precisamente para que, quienes a través de algún cargo en la administración pública, se apoderen del dinero puesto a su cuidado para la inversión social, tengan que pasar por una serie de filtros: La contraloría (bajo el control del gobernador) o la Auditoría Superior (bajo el control de los diputados y del gobernador en turno, donde todo es negociable).
O la creación de “fiscalías especiales” que convierten en “justicia selectiva” los asuntos a su cargo. Es el caso de la Fiscalía especial para asuntos de Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República. De entrada, pone distancia al asunto respecto de quienes son afectados, vulnerando el principio de territorialidad en la competencia (el lugar rige el acto, por el que es competente la autoridad del lugar donde se comete el delito).
Al alejar el asunto del lugar donde habitan los afectados, deja en manos del presidente de la República la determinación selectiva, atendiendo a consideraciones de afecto personal, políticas o económicas. La distancia obstaculiza la protesta social y pone límites a la presión política.
Es el caso precisamente de las denuncias interpuestas en contra de Miguel Alonso Reyes, que refieren un desfalco al erario de más de cuatro mil millones de pesos. El asunto en total impunidad, escondido entre miles de expedientes en las oficinas de la PGR en la Ciudad de México. y por la distancia, libre de presión social y sin fuerza que obligue a la autoridad a dar información.
Protegido además Miguel Alonso con un cargo público otorgado desde la presidencia y con un gobernador zacatecano honesto e informado del alcance del desfalco, pero atrapado entre las redes de una gratitud mal entendida que cada día le genera problemas del reclamo justo de los ciudadanos.
La gratitud es personal, pero el compromiso con el pueblo que lo eligió es de carácter social. Lázaro Cárdenas no fue repudiado al expulsar del país a Elías Calles, que fue su promotor, pero cuya presencia implicaba un daño a la República. Juan Carlos, Rey de España designado por Franco, fue el forjador incuestionado de la democracia. “Juan Carlos y Felipe González son dos traidores al servicio de la misma causa: la España democrática”, dicen Denis Jeambar y Ives Roucaute en “Elogio de la Traición”. “En verdad, en política, innovar es siempre traicionar”, siguen diciendo los autores.
Si Alejandro Tello no procede en términos de su obligación constitucional, social y ética, su período de gobierno será cada vez más cuestionado. Si recupera para los Zacatecanos los recursos sustraídos por el ex gobernador, la justicia y el combate a la impunidad serán su mejor reconocimiento.
Igual sucede con la alcaldesa del municipio de la capital. Judit Guerrero ha sido considerada por los universitarios como una mujer de izquierda, combativa y frenada en sus aspiraciones políticas por el ala derecha del PRI. Necesita decidirse. Es público el problema de corrupción en la administración que le antecedió y, al parecer, existen suficientes elementos de prueba. Sin embargo en entrevista reciente manifestó no ser de su competencia el asunto.
Y, sí lo es: Baste leer el párrafo segundo del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice:” Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público…”. n
