■ Confirma secretaria general de Gobierno presencia de Policía Ministerial en complejo minero
■ Se trata de un acuerdo comercial entre particulares; sí existe diálogo entre las partes, aseveró
Fabiola Gilda Torres Rodríguez antepuso a la intervención de Gobierno del Estado en el conflicto entre ejidatarios-transportistas y minera Peñasquito Goldcorp que inició el pasado lunes, la condición de que se interpusiera una demanda. “Es que nosotros no podemos actuar como gobierno si no hay una demanda”. Misma que la empresa extractiva ya habría iniciado pues también precisó que la presencia de la Policía Ministerial ayer en el lugar tuvo como objetivo “verificar si efectivamente están y también presentarse y decir: somos la Ministerial, hay una denuncia en su contra”.
Contrario a lo expuesto por los ejidatarios-transportistas de Mazapil quienes aseveraron que hasta el momento no ha habido una negociación con la empresa extractiva respecto del tema de los contratos para el traslado de materiales, la secretaria general de Gobierno afirmó que ya mantenían diálogo, y que Gobierno del Estado esperaría por los resultados del mismo para intervenir este 28 de septiembre, “pero primero es que ellos traten de llegar a una negociación, es un acuerdo comercial entre particulares”.
En este contexto Torres Rodríguez dijo haber hablado ya con el gerente de Peñasquito Goldcorp y que esperaba la llamada de Doris Vega, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de la empresa, quien le informaría si por la tarde de ayer se llegó a tal acuerdo con los ejidatarios-transportistas.
Respecto de quién encabezaría la mesa de negociación en la que intervendrá Gobierno del Estado, por parte de la empresa canadiense y en respuesta al reclamo de la gente de las comunidades que señalan no les atienden personas con capacidad de toma de decisiones a efecto de no solucionar los conflictos, la funcionaria precisó que habría llegado ayer alrededor de las 18 horas a la entidad, al que refirió como “apoderado legal” de la Peñasquito Goldcorp, Michael Harvey, a quien se señala en diversos medios periodísticos como director de Asuntos Corporativos para Latinoamérica de la empresa canadiense.
Fabiola Gilda Torres negó en un principio que el conflicto involucrara a los ejidatarios con los que la trasnacional ha establecido convenios desde 2009, sino que se refería a un asunto entre concesionarios de transporte de materiales y la corporación, luego señaló que “lo que pasa es que los ejidatarios que son transportistas del ejido, ellos quieren que se les pague más, entonces la empresa está en condiciones de pagarles el flete a tal cantidad y los ejidatarios quieren ser únicamente ellos y que se les pague más”.
“Entonces la empresa dice correcto: yo te doy trabajo pero te lo doy en esta cantidad. Ese es el problema porque dicen, te doy igualdad de circunstancias, si tú no me aceptas el servicio a este precio, pues voy a buscar a otros transportistas”.
Cabe mencionar que los convenios celebrados entre las comunidades y la Peñasquito Goldcorp en 2009, implican que ésta se constituiría en una fuente de empleo para sus pobladores. El argumento es uno de que se utilizan reiteradamente para convencer de la conveniencia de establecer acuerdos por las tierras para la extracción de minerales.
Respecto de las acciones emprendidas por los comuneros para exigir el cumplimiento a este acuerdo, manifiestas en la “toma” de instalaciones de la empresa, la secretaria General de Gobierno afirmó, “sí es una toma ilegal, sí es una toma ilegal porque están invadiendo la mina y están impidiendo el acceso y salida a la mina”.
En respuesta a que la denuncia interpuesta contra los ejidatarios era muestra de que no se había establecido el diálogo entre los ejidatarios-transportistas y la Peñasquito Goldcorp, la funcionaria precisó, “es que nosotros no podemos actuar como gobierno si no hay una demanda, va a haber una negociación pero primero es que ellos traten de llegar a una negociación, es un acuerdo comercial entre particulares”.
Agregó que Gobierno del Estado está pendiente del asunto, “por supuesto que está atendiendo, pero nosotros no podemos actuar de manera inmediata hasta que ellos traten de solucionar el conflicto, porque es un acuerdo entre particulares. Y posteriormente, una vez que se entabló la denuncia nosotros ya podemos proceder también con interés, en tanto para los ejidatarios o para los concesionarios o para la minera, que esto se resuelva”.
