■ Perspectiva crítica
Durante los pasados días se confirmó de manera oficial lo que ya era del conocimiento público, que Estados Unidos torturó a los sospechosos de terrorismo detenidos luego de los ataques del 11-S. El escándalo tiene como epicentro la acusación del Comité de inteligencia del Senado estadounidense en contra de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), por haber realizado torturas masivas en lo que ha definido como un “programa de violación de derechos humanos brutal y erróneo”.
Tres aspectos destacan sobre estos hechos. El primero es que todo apunta a que habrá una muy baja rendición de cuentas sobre dichos abusos, en tanto no se abrirán expedientes para valorar la responsabilidad de la Agencia, ni siquiera para analizar las acciones de quienes realizaron las detenciones y los interrogatorios. Esta tentativa de soslayar responsabilidades es promovida por el mismo Barack Obama, quien ha maniobrado durante las últimas horas para limitar los efectos al plano moral, y no dar cabida al legal.
El segundo aspecto es que si bien el informe del Senado pone énfasis en lo grave de las violaciones a los derechos humanos, es necesario no perder de vista que a partir de las torturas no se obtuvieron elementos para argumentar que los detenidos representan una amenaza para Estados Unidos, lo que demuestra que esos hechos son una falacia más en su política de “prevención”, pues justamente fue bajo el argumento de la prevención que dicho país incurrió en la invasión, saqueo y posterior reparto de la riqueza de Irak.
El tercer aspecto es en el que se concentra este texto, y parte del supuesto de que los organismos no gubernamentales defensores de las garantías individuales, y los integrantes del Senado estadounidense (en especial la demócrata Diane Feinstein) han abierto una brecha legítima al cuestionar las violaciones de derechos humanos por parte de la CIA, sin embargo esta tentativa es limitada en tanto la tortura representa sólo la faceta descarnada de un fenómeno más complejo, y el cual es necesario contextualizar en el expansionismo geopolítico estadounidense. Lo primero que hay que señalar en este sentido es que la tortura física que dicha nación ha ejercido es muy sistemática y tiene referentes tan oscuros como el Manual de la Gestapo, implementado en su momento por la Alemania nazi, pero también se ha basado en investigaciones siquiátricas apoyadas y financiadas por el propio gobierno estadounidense, tales como la tortura que induce la regresión de la personalidad, el aislamiento y el uso de electroshocks.
Como ha advertido la periodista Naomi Klein, en un nivel mayor el gobierno estadounidense ha adaptado esta tortura al plano social, en tanto la “terapia de shock” aprovecha las conmociones que pueden derivarse de desastres naturales o inducidos, entre ellos la militarización, las desapariciones forzadas y la violencia que desde el Estado se ejerce contra la población, y ha conjugado dichos elementos con medidas económicas y políticas orientadas a favorecer el interés privado sobre el colectivo. Los golpes de Estado que el hegemón estadounidense ha incitado y tutelado en diversos países de América Latina corresponden a lo más agresivo de una dinámica que lo mismo permite doblegar a individuos que a naciones, y dichos golpes han tenido como objetivo (en especial en el marco del ascenso del capitalismo neoliberal) acotar a los Estados benefactores y la industrialización endógena, para promover en cambio las políticas de libre mercado, la relocalización de excedentes a su favor y la expoliación de recursos naturales y fuerza de trabajo.
En este escenario miles de individuos quedan expuestos a ser utilizados como “chivos expiatorios” por parte de Estados Unidos, el cual mantiene el arbitrio de señalar a quien le convenga como “terrorista”, y en una escala mayor varias naciones padecen el control e intervencionismo estadounidense. El común denominador entre los supuestos “terroristas” y los habitantes de dichas naciones es la devaluación de la vida, sólo que mientras los primeros son confinados a espacios como Guantánamo y despojados de sus garantías individuales, los segundos padecen la degradación de sus condiciones de vida en razón de que sus países quedan relegados a una posición de reserva de mano de obra barata y riqueza natural para Estados Unidos.
Como antes se mencionó, la tentativa por dimensionar la responsabilidad de la CIA en la tortura que se perpetró contra los detenidos por el 11-S representa un paso en la dirección correcta para deslindar responsabilidades en las violaciones masivas de derechos humanos, pero mientras no se comprenda dicha situación como parte de un esquema mayor y no como un hecho aislado, no sólo no se podrá acceder a una justicia plena, sino que la puerta se dejará entreabierta para que Estados Unidos continúe con su corrosiva política expansionista. ■
