Las historias de los estragos del neoliberalismo siguen a la orden del día de modo indolente e intransigente. En Chile, los tres principales factores que profundizaron la desigualdad económica y social son los mismos que se han presentado como recetas infalibles de acceso al “primer mundo” impuestas por los Organismos Económicos Internacionales: el sistema de Pensiones privado, el costo y la calidad de vida y el acceso a los servicios. Así, Latinoamérica ha servido desde los años 80 como una especie de laboratorio generador de desigualdades en todas las circunstancias de la vida de los habitantes de los países del continente, exceptuando a los Estados Unidos y Canadá, y el enriquecimiento exacerbado de la Empresa funge como el factor común a todos ellos, desde México, al norte, hasta Chile y Argentina, en el sur. Una vez más se demuestra que la ganancia económica causa desajustes sociales severos, atentando contra la calidad de vida, mientras los gobiernos proneoliberales garantizan su propio bienestar a costa de las carencias y las necesidades de su propio pueblo.
Imposiciones estructurales, principalmente, han generado los disturbios mediáticamente señalados en el país andino; la coyuntura permite que sean los estudiantes, nuevamente, los más afectados por el incremento al costo de traslados hacia sus centros educativos, específicamente el alza al boleto del metro y el retiro de subsidios al mismo, considerando aparte las condiciones irregulares del servicio. Las manifestaciones no se hicieron esperar, y la respuesta del gobierno encabezado por Sebastián Piñera fue la represión, como medida irracional de control masivo, en espera de la comprensión de los “olvidados”. Ante un estado de emergencia, el ejército ha salido a las calles, incurriendo en abuso de autoridad, muertes y desapariciones, que no han logrado parar las manifestaciones, aunque al parecer, el presidente ha hecho intentos de negociación para extinguir la protesta.
Desde 1982 el sistema de pensiones en Chile es privado; 80% de los pensionados perciben igual o por debajo del salario mínimo. En 2018 Sebastián Piñera envió un proyecto de ley a la legislatura para modificar el sistema empresarial para intentar incrementar las aportaciones que la iniciativa privada ofrece a los jubilados, pero no hay una solución satisfactoria hasta este momento. En cuanto al estipendio laboral y la calidad de vida, 50% de la población cobra un salario mínimo, mientras el acceso a un buen nivel de vida tiene un precio muy elevado. Las protestas de los chilenos piden mayor regulación del Estado a las empresas de transporte y servicios.
En cuanto al servicio de salud, 80% de las personas acceden al servicio público, con múltiples deficiencias; solo el 20% de la población puede pagar un servicio privado. En el servicio educativo, acorde a los recursos invertidos solo el 11% de los estudiantes de bajos recursos logra graduarse en una universidad; el 84% de la clase alta sí puede obtener un título universitario. El agua y la electricidad son consideradas como bienes privados y constantemente padecen del aumento a las tarifas. Todos estos factores son el producto de la implementación de políticas económicas voraces, y cualquier semejanza con otro país de la región resulta ser la muestra que el neoimperialismo ha impuesto a las naciones indefensas, ya que el modelo económico se ha llevado a la práctica en todos los países tributarios al Fondo Monetario Internacional y otros organismos representativos.
La extrema desigualdad, aunque el país chileno ha crecido económicamente, deja en claro la urgencia de aplicar políticas económicas que realmente beneficien al entramado social. Un modelo rapaz impuesto y adoptado sin cuestionamientos por los líderes políticos de una nación, generalmente conlleva la corrupción de los actores productivos, que en otras circunstancias podrían generar mejores alternativas de desarrollo en todos los ámbitos de la colectividad. La creciente desconfianza hacia el gobierno y las instituciones es una consecuencia lógica que produce los estados de manifestación de las masas no consideradas como prioridad en los designios gubernamentales. Mientras las instituciones sirven como un paliativo coyuntural en contra de las necesidades de un pueblo, la protesta por mejorar las oportunidades, ya no de sobrevivencia, sino de un desarrollo social armónico, es la única herramienta válida, mientras las leyes no digan lo contrario, de los desprotegidos; más aún, si esa manifestación globaliza sus ideales de acceso a mejores situaciones de vida, para alcanzar mejores resultados en su rendimiento productivo, la protesta funge como el mejor método de exhibir a los gobiernos e instituciones ineficaces para satisfacer las necesidades de sus gobernados.
Para recuperar la credibilidad en un gobierno, es necesario que se consideren una serie de programas económicos que beneficien al grueso de la población y que se garantice el uso adecuado de las riquezas naturales que la misma productividad de un Estado requiere. Aparte de la posición geopolítica que Chile representa, la riqueza de la nación debe de ser considerada como un factor de desarrollo social, no empresarial. El modelo neoliberal impuesto a las naciones latinoamericanas ha caído en crisis, resultando el humanismo, el desarrollo social que pueda generar mejores condiciones de convivencia, un simple concepto al que se le ha antepuesto el de mano de obra barata. A corto plazo parece imposible una reconciliación de los andinos con sus gobiernos, como en casi todos los ejemplos que se pueden manejar en el resto de América Latina. Sumarse a la conciencia y solidaridad hacia un país oprimido parece ser el compromiso de los habitantes de otra nación que haya sido denigrada por los intereses monetarios. ■
