En el decreto administrativo que cumple de muy mala manera con la formalidad jurídica para liquidar a los funcionarios de primer nivel con mucha razón levantó polémica al señalar que por ‘sus altos resultados’ se les otorgará un bono especial de fin de quinquenio. Algunos, ante la infame Redacción, especularon al señalar que un secretario se podría llevar un monto equivalente a 5 meses de trabajo. Este decreto, que seguramente será muy polémico, tiene dos esquinas para analizarlo.
Primera. La justificación en ‘los logros obtenidos’, que se publican en la página índyce. Hace año y medio habían publicado un documento de la propia Coepla (que duró un día en la plataforma) donde ponían de manifiesto que había un 80 por ciento de las metas no-cumplidas del plan de desarrollo estatal. Y si se ponderaban las metas por orden de importancia respecto a los problemas más graves de la entidad, la evaluación era más preocupante. Ahora, hace unos días, publican en esa misma plataforma que han cumplido el 83 por ciento de las metas: ¡Magia! ¿lograron cumplir toda esa brecha de metas en 16 meses? ¡Obvio no! Es la simulación en máxima expresión. Con ese truco, han puesto en la basura la buena práctica que venían haciendo en materia de evaluación de desempeño en los primeros años de gobierno. Supongamos que hubieran cumplido efectivamente ese 83 por ciento de las metas de gobierno, entonces, la realidad del estado se hubiera modificado de manera notable. Esto es, el 83 de metas cumplidas se reflejaría necesariamente en mejores indicadores de impacto: seguridad, empleo, producción de alimentos, educación, salud, etc. ¡Pero no! ¿Cómo pudieron cumplir el 83 de metas y no mover los indicadores de impacto? No es posible. Por eso, es risible la manera tramposa de presentar su auto-evaluación. Porque cosa curiosa, para muchas de las evaluaciones contratan evaluadores externos, pero para el de metas, se autoevaluaron. Nos toman el pelo a los ciudadanos.
Segunda. La confusión de qué cubre el bono: ¿es liquidación o sólo bono a la productividad? Los secretarios es claro que no serán liquidados por el próximo gobierno porque existe claridad del día que termina su función, pero de los otros puestos de confianza pueden obtener el bono como ‘modo de liquidación’ ya que no tienen derecho a la misma porque tienen un nombramiento con fecha de término precisa. ¿Y los contratos de confianza que tienen fecha de inicio y no de término? Ahí la cosa cambia, porque tienen derechos por la antigüedad y el trabajo de duración indeterminada. El documento publicado desde el 26 de junio no aclara mayor cosa. Es tan vago que se prestará a movimientos arbitrarios en montos y en los sujetos del derecho. Y basan el decreto en el principio de austeridad, lo cual tiene un nombre: cinismo. En nombre de la disciplina financiera y la racionalidad, se llevarán 50 millones de pesos. Esperemos que esta administración que concluye no sea de esas que no los focos en las oficinas dejan.
