Hay semanas que no se miden por los días, sino por las detonaciones. La última de agosto dejó de ser una sucesión de hechos policiacos para convertirse en el retrato más nítido de una pregunta que duele: ¿quién gobierna realmente el territorio cuando los explosivos comienzan a marcar la agenda pública?
La noche del pasado domingo, mientras Ojocaliente vivía el ambiente previo a sus fiestas patronales, un vehículo cargado con explosivos estalló frente a la comandancia de la Policía Municipal. La onda expansiva no distinguió uniformes ni inocentes: alcanzó viviendas, vehículos y a ciudadanos que simplemente pasaban por el lugar. Entre los heridos estaba un bebé.
Hay imágenes que ninguna rueda de prensa puede suavizar. Una comandancia atacada en pleno centro de un municipio representa mucho más que una agresión contra una corporación; es un mensaje dirigido a toda la sociedad. El objetivo ya no es únicamente herir policías, sino demostrar que el miedo puede instalarse en la vida cotidiana.
Lo verdaderamente inquietante es que Ojocaliente no fue un episodio aislado. Apenas unos días antes, en Tabasco y después en Villa García, los artefactos explosivos habían vuelto a aparecer contra elementos de la Policía Estatal. La geografía comenzaba a dibujar un mismo patrón.
Pero el problema ya no es solamente lo ocurrido, sino lo que empieza a significar. Una sociedad deja de preguntarse únicamente qué ocurrió y comienza a cuestionar algo mucho más profundo: si todavía puede creer en la versión de quienes la gobiernan.
Ojocaliente fue el episodio más visible de una semana en la que los explosivos aparecieron una y otra vez en distintos puntos del estado. En Tabasco, dos elementos de la Policía Estatal resultaron heridos luego de que la unidad en la que viajaban fuera atacada con artefactos explosivos sobre la carretera que conduce a Jalpa. La vía tuvo que ser cerrada. Dos días después, en Villa García, otro ataque con explosivos dejó heridos a un policía y a una mujer.
Entonces surge una pregunta que ya no puede despacharse como una coincidencia: ¿estamos ante hechos aislados o frente a una estrategia para poner a prueba la capacidad del Estado?
No corresponde a una columna sustituir a las investigaciones ni adelantar conclusiones que corresponden a las autoridades. Pero sí corresponde mirar el conjunto. Cuando los mismos instrumentos aparecen contra policías, comandancias, carreteras y espacios públicos, la violencia adquiere otra dimensión. Ya no se trata solamente de causar daño; también puede tratarse de intimidar, exhibir capacidad, provocar miedo y mostrar que existen lugares y momentos en los que la autoridad puede ser vulnerada.
Hay algo todavía más preocupante: la violencia comienza a disputar el espacio simbólico del gobierno. Una comandancia representa al Estado. Una patrulla representa al Estado. Una carretera vigilada representa su capacidad para garantizar el tránsito. Cuando esos símbolos son atacados, el mensaje no termina en los heridos o en los daños materiales. La pregunta que queda flotando entre los ciudadanos es mucho más incómoda: ¿quién tiene el control?
Y aquí aparece un dato que merece atención. Una lámina difundida por la propia Secretaría de Seguridad Pública registra 17 eventos relacionados con artefactos explosivos entre 2024 y agosto de 2026. No son 17 explosiones —el registro incluye ataques, aseguramientos, hallazgos, minas y artefactos que no detonaron—, pero precisamente por eso el dato resulta relevante. La frecuencia y diversidad de estos episodios muestran que los explosivos dejaron de ser una anomalía para convertirse en una herramienta recurrente dentro de la violencia que enfrenta el estado.
El problema, entonces, ya no puede medirse únicamente por el número de homicidios o por una gráfica que muestre una tendencia favorable. La seguridad también se mide por la capacidad de las instituciones para impedir que una comandancia sea atacada, que una patrulla sea emboscada o que una familia termine herida simplemente por encontrarse en el lugar equivocado.
Porque cuando la violencia consigue imponer sus propias imágenes, también comienza a disputar la narrativa. Y ahí es donde la comunicación política deja de ser un asunto de discursos y se convierte en un asunto de autoridad.
El problema comienza cuando la realidad obliga al gobierno a corregir su propia versión. No hay nada cuestionable en que una investigación avance y una autoridad aclare información conforme aparecen nuevos elementos. Lo que erosiona la confianza es presentar una explicación como verdad y tener que modificarla cuando los hechos, las imágenes o las investigaciones terminan desmintiéndola.
Zacatecas ya conoce ese terreno. En la explosión registrada durante la Feria Nacional de Zacatecas, la primera explicación oficial apuntó a una acumulación de gas. Después se reconoció que había sido un artefacto explosivo colocado en el lugar. El problema no fue sólo la explosión; fue el vacío entre la primera versión y la realidad.
Y cuando ese vacío se repite, la sociedad aprende a desconfiar incluso antes de conocer los hechos. Cada declaración comienza a leerse con sospecha. Cada explicación genera una pregunta adicional. Cada silencio alimenta versiones que, ante la ausencia de información clara, ocupan el espacio que las instituciones dejan vacío. Porque la mentira de un funcionario no sólo puede corregirse en la siguiente declaración: destruye su imagen y erosiona la relación de confianza con la sociedad.
México ya conoce el costo de convertir una versión oficial en una verdad incuestionable. Ayotzinapa y aquella llamada “verdad histórica” dejaron una lección que no pertenece solamente a un régimen o a una época: pertenece a cualquier gobierno que pretenda administrar la realidad desde el discurso. La verdad no se decreta. No se sostiene con una rueda de prensa ni sobrevive cuando los hechos comienzan a contradecirla.
El poder también puede cambiar de nombre, de partido y de discurso, pero cuando recurre a las mismas prácticas para explicar aquello que no puede explicar, termina produciendo el mismo resultado: una sociedad que deja de creerle. Quienes durante años cuestionaron las mentiras del viejo régimen no pueden permitirse repetir sus mismas formas de comunicación cuando la realidad resulta incómoda. Cambiar de gobierno no debería significar cambiar al narrador para contar la misma historia.
El contraste se volvió todavía más fuerte cuando, desde el C5i, el gobernador David Monreal habló de pacificación. El mensaje fue contundente: Zacatecas, dijo, se ha convertido en motor de la pacificación del país y registra una disminución de 96 por ciento en los homicidios dolosos respecto de 2021. No se trata aquí de discutir una cifra, sino de mirar lo que ocurre cuando un discurso de seguridad se encuentra con imágenes que cuentan otra historia.
Mientras desde el centro de inteligencia y coordinación del estado se hablaba de una entidad que avanza hacia la paz, en Villa García un ataque con explosivos contra policías dejaba a un agente y a una mujer heridos. Al día siguiente, en Ojocaliente, un vehículo cargado con explosivos era utilizado para atacar una comandancia y la onda expansiva alcanzaba a civiles. La coincidencia temporal no prueba una relación entre los hechos, pero hace imposible ignorar el contraste.
Hay otra imagen que también debería mirarse con atención. Durante la toma de posesión del nuevo jefe de Estado Mayor de la Décima Primera Zona Militar, el gobernador habló con los medios dentro de una instalación castrense, rodeado por un visible dispositivo de seguridad. Nadie cuestiona la necesidad de proteger a un gobernador. Pero las imágenes también comunican. Y esa imagen —el jefe del Ejecutivo hablando de seguridad dentro de una zona militar y rodeado de elementos encargados de protegerlo— contrasta inevitablemente con un territorio donde policías y comandancias están siendo atacados con explosivos.
El problema no es que el gobernador tenga seguridad. El problema es lo que la imagen revela sin necesidad de palabras: incluso quienes hablan de paz necesitan estar protegidos. Y cuando esa imagen aparece junto a los ataques recientes, la narrativa oficial enfrenta una prueba que ningún discurso puede resolver por sí solo.
Porque cuando la sociedad deja de creer en la palabra de sus autoridades, cada nueva declaración llega con una deuda de credibilidad. Y esa deuda, con el tiempo, también se convierte en una deuda de autoridad. Hoy, la credibilidad del gobierno está erosionada y la relación con una sociedad cada vez más fracturada también lo está. El problema es que un gobierno puede sobrevivir a una crisis de comunicación; lo que difícilmente puede sostener durante mucho tiempo es una crisis de confianza.
