Uno debe saberse atravesado por experiencias, a veces propias y otras ajenas, para entender la importancia de la defensa de los derechos humanos. ¿Quiénes están al frente de esa defensa han pasado también por algo que les permita comprenderla más allá del expediente? ¿O basta un currículum bien armado y una entrevista para acreditar, ante quienes deciden, que una persona es idónea para encabezar una institución encargada de atender violaciones a derechos humanos? Nadie tendría por qué acreditar una desgracia como requisito curricular. Aun así, hay trabajos públicos cuya materia son precisamente las experiencias que otras personas quisieran no haber vivido, y administrarlas exige bastante más que conocer leyes, protocolos y organigramas.
Es importante preguntarlo porque el nombramiento tampoco es la cúspide de una institución. Detrás existe presupuesto, salarios, personal, oficinas y decisiones, todo sostenido con recursos públicos. A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se le aprobaron para 2026 40 millones 365 mil 930 de pesos y, según el informe financiero del primer trimestre, esa cantidad recibió posteriormente ampliaciones que llevaron su presupuesto modificado a poco más de 46 millones. La presidencia, por cierto, no es honoraria. En la Plataforma Nacional de Transparencia aparece una percepción bruta mensual de 126 mil 381 pesos. El salario aislado dice poco sobre el desempeño, aunque colocado junto al tamaño de la estructura recuerda algo que la rutina burocrática vuelve fácil de olvidar. Quienes trabajamos, pagamos impuestos y habitamos Zacatecas sostenemos esa estructura y podemos preguntar qué produce en la vida de quienes acuden a ella.
La imagen que devuelve la actividad institucional es peculiar. Basta revisar la comunicación pública de la CDHEZ para encontrar convenios, capacitaciones, ferias, premios, distintivos, reuniones de mecanismos ciudadanos y actividades de acompañamiento. Durante este mismo año ha participado en marchas, promovido estrategias para personas con discapacidad, desarrollado acciones relacionadas con infancias y juventudes y firmado acuerdos de colaboración con otras instituciones. Casi siempre hay fotografía. La propia Comisión informó, al presentar sus resultados de 2025, que Zacatecas se encontraba entre las diez entidades con mayor volumen de servicios de atención según el censo nacional correspondiente. Sería mezquino borrar ese trabajo para acomodar una crítica. Resulta bastante más difícil seguir la otra parte de la historia y conocer qué ocurrió con las personas después de llegar a la Comisión porque algo ya les había sucedido. La fachada de las instituciones parece tan pulcra porque el basurero suele quedarse en la puerta trasera.
La confianza importa especialmente en un organismo de esta naturaleza. Roberto Carlos Fonseca Luján explica que las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos carecen de la fuerza coercitiva de las resoluciones judiciales y descansan, en buena medida, en la credibilidad, el prestigio y la autoridad moral que esos organismos consiguen frente a la sociedad. Esa legitimidad tampoco se conserva automáticamente con el nombramiento; necesita revalidarse mediante el ejercicio cotidiano de las funciones para las que fue creada la institución. La página oficial de la CDHEZ registra hasta ahora cuatro recomendaciones correspondientes a 2026. Conviene aclarar que cuatro recomendaciones no significan cuatro asuntos atendidos antes de que la aritmética se convierta en argumento. Las quejas pueden concluir mediante conciliaciones y otras vías, aunque la propia Comisión reconoce a la recomendación como una resolución que surge cuando se acreditan violaciones y donde se establecen medidas para restituir derechos y, cuando corresponde, reparar el daño.
Esta semana una joven zacatecana obligó a mirar ese aparato institucional desde un lugar mucho menos cómodo. Madison cuestionó que la CDHEZ entregara a la Preparatoria II de la Universidad Autónoma de Zacatecas el Distintivo de Derechos Humanos y Educación para la Paz 2026. Meses antes había presentado una queja por presuntas vulneraciones relacionadas con su identidad como joven trans y el procedimiento derivó en un convenio de conciliación. Cuando surgió la inconformidad pública por el reconocimiento, la presidenta de la Comisión informó que aquel convenio continuaba en etapa de cumplimiento, que la escuela había presentado documentos para acreditar los acuerdos y que todavía correspondía ponerlos a consideración de Madison antes de determinar si efectivamente se habían cumplido.
Prepa II recibió el distintivo porque cumplió con los requisitos. La convocatoria exigía que al menos 80 por ciento de la comunidad escolar hubiera sido capacitada, que existieran políticas permanentes de respeto a los derechos humanos, materiales y métodos relacionados con la materia, un ambiente respetuoso y libre de acoso y que la institución no tuviera recomendaciones vigentes de la CDHEZ. La Comisión afirma que 29 instituciones educativas reunieron los lineamientos establecidos para la edición de este año. Prepa II podía encontrarse dentro de esos parámetros mientras seguía pendiente la determinación sobre el cumplimiento del convenio surgido de la queja de una estudiante trans. Administrativamente, al parecer, ambas cosas no se estorban.
Hace casi cincuenta años, John W. Meyer y Brian Rowan estudiaron desde la sociología de las organizaciones la manera en que ciertas instituciones incorporan reglas, procedimientos y estructuras reconocidas socialmente que terminan por darles legitimidad. En ocasiones, explicaban, las estructuras formales adquieren una vida bastante independiente de lo que sucede en las prácticas cotidianas. La literatura organizacional llamó desacoplamiento a esa distancia. En Prepa II se verificaron determinados requisitos y se entregó un distintivo; al mismo tiempo, la propia Comisión seguía revisando el cumplimiento del convenio derivado de la queja de Madison.
En el ámbito de la diversidad sexual esa distancia resulta especialmente conocida. Las instituciones han aprendido el lenguaje de la inclusión con una velocidad sorprendente. Hay mecanismos, capacitaciones, pronunciamientos, banderas durante junio y hasta las siglas LGBTTTIQ+ caben ya completas y correctamente en los comunicados, que también es progreso. Yo mismo formo parte del mecanismo de monitoreo que la CDHEZ mantiene para esta población y conozco la utilidad que pueden tener esos espacios, si se acompañan de evaluación. También he conocido de cerca experiencias de personas homosexuales y trans que acudieron a instituciones esperando protección y salieron con una impresión bastante menos celebratoria. En lo público las agendas encuentran acomodo en programas, fotografías y discursos; cuando una persona les pone nombre, expediente, contradicciones y exigencias, la relación con la institución adquiere otros matices.
Meyer y Rowan encontraron esa distancia en organizaciones de muy distinta naturaleza y, en una comisión de derechos humanos, adquiere un peso particular porque buena parte de su patrimonio está hecho de confianza. Fonseca Luján recuerda que las recomendaciones sirven también para fijar públicamente la posición de estos organismos frente a las violaciones y que su calidad incide directamente en la credibilidad institucional.
La CDHEZ cuenta con recursos públicos, personal especializado, autonomía, mecanismos ciudadanos, espacios de capacitación y una presidencia profesionalmente remunerada. Todo eso hace posible su funcionamiento y vuelve razonable exigir algo más que un calendario lleno de actividades. Quien llega a sus oficinas después de una discriminación, un abuso de autoridad o cualquier otra vulneración debería poder reconocer qué hizo la institución con su caso. Evaluar a la Comisión implica revisar cuánto atiende, cómo investiga, qué concilia, qué recomienda, cuánto consigue reparar y qué ocurre después con las autoridades señaladas. Las personas que salieron inconformes también forman parte de esa evaluación, aunque sus testimonios sean bastante menos cómodos de acomodar en un informe anual.
El caso de Madison resulta incómodo por su sencillez burocrática. La escuela cumplió con los requisitos y recibió el distintivo mientras la Comisión mantenía un convenio en proceso de cumplimiento derivado de la queja de una estudiante de ese mismo plantel. La convocatoria vigente permite que ambas circunstancias convivan y ahí hay, por lo menos, una buena razón para revisar qué se reconoce en la entrega de un distintivo de derechos humanos. De esta situación importa saber qué recibe la sociedad que sostiene la institución y qué encuentra la persona que toca su puerta cuando los derechos humanos dejan el calendario de conmemoraciones para volverse una experiencia propia. Las firmas, los distintivos y las fotografías, por fortuna, son bastante más sencillos de contabilizar.
