Imagínenlo así: un grupo de policías observa a un sujeto que desenfunda un arma en una concentración, dispara contra la multitud y sus primeras víctimas caen al suelo, muertas o heridas. Los agentes pueden detenerlo de diversas maneras, pero deciden esperar un rato a que el individuo mate y lesione a más personas para tener una causa penal más sólida y contundente en su contra.
Los actuales gobernantes de Estados Unidos han dicho en múltiples ocasiones que los narcotraficantes son responsables directos –y únicos, según su lógica– de los fallecimientos por sobredosis de fentanilo e incluso han incurrido en el exceso de calificar esa sustancia de “arma de destrucción masiva”.
Con semejantes argumentos, las fuerzas militares de Washington han asesinado en alta mar a más de 200 personas que les resultaron sospechosas de traficar drogas y secuestraron a un presidente en funciones y a su esposa. En tanto, el trumpismo ha lanzado una campaña de acusaciones sin pruebas en contra de políticos y funcionarios de diversos países, especialmente de México, y todos los días amenazan con emprender agresiones militares en cualquier parte del mundo, supuestamente orientadas a golpear a los cárteles.
En el territorio estadunidense, las cosas son muy diferentes. Allí, la institución gubernamental supuestamente encargada de combatir el narcotráfico, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), no acribilla a nadie desde helicópteros artillados; sus agentes más bien observan discretamente y en silencio cómo se distribuyen cientos de miles de dosis de esa “arma de destrucción masiva” para esperar, en la lógica de Washington, que más gente muera por sobredosis a fin de perfeccionar las acusaciones penales que algún día presentarán en contra de los distribuidores de fentanilo, o sea, los “asesinos”. Es decir, actúan exactamente igual que los afortunadamente imaginarios policías del primer párrafo de este texto.
La visión de los estupefacientes que se expresa en el discurso oficial de Estados Unidos es tremendamente simplista y maniquea: coloca la responsabilidad de las muertes por sobredosis únicamente en quienes los hacen llegar a los consumidores en forma ilegal, pero calla sobre la culpa de laboratorios médicos que los fabrican legalmente y que son los vectores iniciales de las adicciones, junto con los médicos e instituciones que prescriben a discreción toda suerte de analgésicos, somníferos, ansiolíticos y demás compuestos industriales, a sabiendas de que están generando farmacodependencias; omite también la responsabilidad –y la monumental corrupción– de un servicio nacional de aduanas que, con todo y sus instrumentos tecnológicos de punta, cada año permite el ingreso de miles de toneladas de toda clase de drogas; calla sobre el hecho inocultable de que el segundo paraíso fiscal del mundo –y por lo tanto, la segunda lavandería planetaria después de Suiza– se llama Estados Unidos (https://tinyurl.com/mwk6aus6), y no dice una palabra sobre las condiciones sociofamiliares que alientan a millones de personas a rellenar sus carencias emocionales y afectivas con moléculas de alta peligrosidad, un asunto con el que ni México ni Colombia ni Venezuela ni China tienen responsabilidad alguna.
En esa lógica, pues, los únicos culpables de la epidemia de adicciones que azota a la superpotencia son los narcos, y de preferencia, los narcos extranjeros. Pero incluso si los círculos oficiales de Washington tuvieran una percepción más amplia e integral del problema, lo que hicieron los agentes de la DEA en Albuquerque –o más bien, lo que no hicieron– es una demostración palmaria de la hipocresía y la doble moral con la que operan las dependencias oficiales en el país vecino en materia de la cacareada “guerra contra las drogas” y, a últimas fechas, de “narcoterrorismo”, como le llaman. Y no es sólo la DEA, por cierto; el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) han participado en escandalosos contubernios con los grupos delictivos que trafican sustancias ilícitas hacia Estados Unidos (https://tinyurl.com/37xfbhdz).
Por supuesto, ningún alto funcionario de la DEA o de esas otras instituciones será recluido en una celda contigua a las de El Chapo y El Mayo; el Departamento de Justicia no les fincará responsabilidades penales y la Casa Blanca no va a imputarse a sí misma por encubrir a un probado y sentenciado capo del narco como Juan Orlando Hernández, instrumento de Trump para el control colonial de Honduras. Más aún: nadie, ni los medios propagadores de calumnias, va a lanzar insidias no fundamentadas contra grandes figuras del poder político y económico del narcoestado que es Estados Unidos, ni siquiera para disimular. A fin de cuentas, el rey que va desnudo no intenta disimular nada porque no es consciente de su desnudez.
