Este jueves en sesión de la 65 Legislatura, la diputada emecista Ana María Romo Fonseca señaló la presunta actividad proselitista de un grupo de jóvenes en favor de la senadora Verónica Díaz. La legisladora expuso que el pasado 15 de septiembre, desde un perfil de redes sociales identificado como “Vero Díaz con los jóvenes”, se difundieron dos videos en los que un grupo de jóvenes (presuntamente militantes de Morena) aparece dentro del Campo Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) repartiendo y colocando propaganda política, con la que se promueve tanto a un partido como a una figura de la vida pública local.
Ante ello, la diputada presentó un punto de acuerdo para exhortar a la UAZ a restringir y sancionar actos político-proselitistas en sus instalaciones; a los partidos políticos, a abstenerse de realizar este tipo de actividades en centros educativos; y al IEEZ a investigar los hechos y deslindar responsabilidades.
La diputada aclaró que no busca abrir la discusión sobre si se trata de actos anticipados de campaña, sino exigir respeto a la vida académica de la máxima casa de estudios del estado. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana.
Por su parte, el diputado Martín Álvarez Casio (Morena) presentó un punto de acuerdo para que la Mesa Estatal de Construcción de Paz investigue las irregularidades denunciadas en un punto de revisión ubicado en las inmediaciones de Rancho Grande, municipio de Fresnillo.
Álvarez Casio relató haber recibido decenas, “si no es que cientos”, de testimonios ciudadanos que señalan falta de certeza sobre qué institución opera el retén, personal con el rostro cubierto y trato diferenciado a vehículos con placas foráneas o extranjeras. Algunos testimonios, dijo, acusan que se ha exigido o forzado a ciudadanos a entregar dinero durante las revisiones. Álvarez Casio citó criterios de la Suprema Corte que exigen que los controles preventivos se sustenten en elementos objetivos y no en apreciaciones subjetivas de la autoridad. Con 23 votos a favor, el asunto fue aprobado como de urgente y obvia resolución.
El pleno también ratificó al diputado Jesús Padilla Estrada, coordinador de la bancada de Morena, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), e hizo oficial la presidencia de Lyndiana Bugarín al frente del grupo parlamentario independiente, integrado por los diputados expulsados del Partido Verde (PVEM).
La diputada María Dolores Trejo (Morena) presentó una iniciativa en torno al desarrollo rural con enfoque de género, mientras que José David González (PRI) propuso que los municipios elaboren inventarios de patrimonio cultural.
Carlos Peña Badillo (PRI) propuso obligar a las universidades a entregar títulos profesionales en un plazo máximo de 180 días. Jesús Padilla presentó una iniciativa para tipificar el fraude digital en el Código Penal estatal.
El Congreso aprobó en segunda lectura y sin discusión, los dictámenes de las cuentas públicas municipales y de sistemas de agua potable del ejercicio fiscal 2024 correspondientes a Atolinga, Calera, Chalchihuites, El Salvador, Jalpa, Nochistlán de Mejía, Noria de Ángeles, Susticacán, Tabasco y Valparaíso.
